De entrada debo aclarar que escribo este artículo como una obligada y necesaria prevención por lo que pudiera ocurrirles a los dirigentes y antorchistas veracruzanos, tanto desde la esfera oficial como desde una supuesta o real delincuencia organizada. Reitero una vez más que Antorcha no miente nunca, ni siquiera en defensa propia. Todo lo que aquí digo se apega estrictamente a los hechos que yo he podido conocer y comprobar. Eso es todo.

El jueves ocho de octubre fueron secuestrados cuatro jóvenes ligados al Movimiento Antorchista, aunque con diferente grado de compromiso político. Dos de ellos, el Ing. Juan Martínez Santos y el contador Lázaro Jiménez Reyes, son miembros del Comité Estatal de Veracruz, es decir, se hallan al nivel más alto dentro de la organización; el Ing. Leonel del Ángel de la Cruz es activista en el norte del estado, y José Antonio González Covarrubias es un simpatizante, es decir, no pertenece a ningún organismo antorchista. Es un trabajador encargado de surtir los abarrotes que el antorchismo opera en el Puerto de Veracruz para financiar su trabajo. El día mencionado se celebraba una reunión de trabajo en los altos del edificio que aloja la tienda SuperMass, propiedad de Antorcha, sito en avenida Prolongación Río Medio, manzana 101, en la colonia Unión Antorchista de la Reserva Vergara Tarimoya IV, en el puerto de Veracruz. Presidía la reunión el Ing. Juan Martínez Santos. Los hechos ocurrieron así:

1) 10 horas. Sale del SuperMass Antonio González Covarrubias a realizar algunas compras solicitadas por la responsable, Elizabeth Martínez. Va a bordo de una Chevrolet S10. 2) 12:52 horas. José Antonio se tarda ya más de lo acostumbrado y Elizabeth lo llama a su celular. José Antonio le informa que tuvo un “pequeño accidente” con una moto, pero que no tardará en llegar. 3) 13:38 horas. Elizabeth vuelve a llamar a José Antonio. Esta vez el teléfono suena, pero nadie contesta. Solo se escuchan ruidos confusos. 4) 14 horas. Leonel del Ángel, conductor del vehículo en que se mueve el financiero de Tantoyuca, Santos Florentino del Ángel, avisa a éste que saldrá al centro a lavar el vehículo y se marcha en seguida. 5) 14:20 horas. Elizabeth vuelve a llamar a José Antonio. Esta vez sí contesta y, “muy nervioso” según Elizabeth, le pide que informe al Ing. Juan Martínez que le ha enviado un mensaje a su teléfono. Martínez revisa sus mensajes y comprueba, en efecto, que José Antonio le pide que acuda en su ayuda, ya que la camioneta Chevrolet S10 está a su nombre y el dueño de la moto exige su presencia. El Ing. Martínez se sorprende: la camioneta no está a su nombre; de todos modos, decide acudir en auxilio de José Antonio y, antes de partir, pide dinero a Elizabeth pensando resolver así el problema. Lázaro Jiménez Reyes se ofrece a acompañarlo.

6) 14:50 horas. Salen ambos a bordo de una camioneta Hiace blanca de 15 pasajeros. 7) 16:55 horas. Juan Martínez, desde su celular, se comunica con Santos Florentino y le dice: “Mire Santitos, póngame mucha atención lo que le voy a decir; nos acaban de detener, estamos aquí con el güero Lázaro y tu chofer, Leonel; nos piden un millón de pesos. Santitos, tú eres de mi confianza y yo sé que puedes resolver, si no me van a matar; no hagas alboroto; no le digas a nadie”. En este momento toma el teléfono otra persona y le dice a Santos: “deben reunir un millón de pesos que estamos solicitando o de lo contrario sus compañeros se van a morir”. Agrega: “ya escuchaste; vente a entregar el dinero y los cigarros; me hablas cuando ya tengas el dinero”. Santos alcanza a preguntar: “¿Dónde o cómo?” Le contestan cortantes: “ya tienes una idea de dónde estamos”. A partir de este momento se corta la comunicación con los secuestradores.

 En Xalapa, los dirigentes estatales deciden, antes de emprender cualquier acción, buscar el apoyo y protección de las autoridades. Van en comisión al palacio de gobierno para entregar al gobernador, Cuitláhuac García, un escrito que ya llevan preparado en el que le informan del secuestro y le piden su pronta intervención. Para su sorpresa, nadie los atiende; los ayudantes se niegan, incluso, a recibir el documento. Ante esta grave indiferencia (o parcialidad) del gobierno, no ven otra salida que desatar la denuncia de los hechos en las redes sociales, denuncia que se difunde rápidamente a escala nacional. Al poco rato, la dirigencia estatal recibe una llamada del Palacio de Gobierno indicándoles que entreguen el documento en la Dirección de Política Regional de la Secretaria General de Gobierno. Les indican, además, que presenten la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), cosa que hacen de inmediato.

Y aquí un primer detalle importante. En la FGE, le colocan una aplicación al teléfono de Santos Florentino para grabar automáticamente todas las llamadas que entren a ese número. Por la mañana del día nueve, los secuestradores se vuelven a comunicar al teléfono “hackeado” con este recado: “A ver, Santos, no escuchaste lo que te dijimos ayer. ¡Muévete, muévete, muévete!”. Santos responde: “no soy la persona indicada; aquí estoy con la persona indicada que son sus familiares”, pero no hay respuesta; el mensaje se repite una y otra vez. Se trataba, evidentemente, de una grabación. ¿Sabían ya los secuestradores que el teléfono estaba “hackeado”? Para este momento, un grupo de antorchistas se encontraba ya protestando por el secuestro en la Plaza Lerdo, a un costado del Palacio de Gobierno. 20 minutos después de la grabación, vuelven a llamar a Santos y le exigen que retire de inmediato el plantón si quieren volver a ver con vida a sus compañeros. Curiosamente, el millón de pesos y “los cigarros” no se mencionan; lo que urge es parar la protesta de los antorchistas. La duda parece racional: ¿a quién le urgía esto?

El día 10 por la mañana, los secuestradores vuelven a comunicarse al teléfono de Santos. Les contesta un hermano de José Antonio González. La voz al otro lado de la línea trata ahora de “explicar” el secuestro y la exigencia del millón de pesos como una “multa” por violar las reglas en el comercio de “los” cigarros, tras de lo cual vuelve a la carga: “levanten el plantón y paren su escándalo, porque les aseguro que ellos (es decir, el gobierno) no les van a entregar a sus compañeros”. El hermano trata de convencerlo del carácter humilde de su familia y la carencia de recursos de José Antonio, pero el plagiario insiste: “ya te dije, levanten su pinche plantón y paren su escándalo, porque ellos no les van a entregar a sus compañeros. Eso sí te lo aseguro”. Y añade: “ya sé que me estás grabando; desde ayer me grabaste. Me vale madres. Paren su escándalo y paguen la multa”. ¿Cómo se enteraron de que los estaban grabando? No lo sé; no afirmo nada, pero el hecho puede probarse con ambas llamadas y es uno de los elementos que meten duda sobre el origen y la verdadera intención del secuestro. Pero hay más.

1) Desde meses atrás se venía desarrollando una campaña de intimidación y amenazas a los líderes y activistas de Antorcha a través de llamadas anónimas a sus celulares. Hay constancia escrita y grabada de que esta guerra sucia fue denunciada oportunamente por los dirigentes sin que las autoridades se dieran por enteradas. 2) Una semana antes del secuestro, el SuperMass fue sometido a una estrecha y continua vigilancia por taxis y motocicletas que se estacionaban, sin motivo aparente y por varias horas, en las calles aledañas. Las cámaras de vigilancia prueban que uno de esos taxis y una de las motos tuvieron participación directa en el secuestro. El problema es que tal exhibición intencional de los “espías”, que presupone una impunidad garantizada, es totalmente incompatible con el modus operandi del verdadero crimen organizado. 3) Viene ahora la aparente torpeza de los secuestradores. Para reunir a los cuatro secuestrados se llevaron poco más de seis horas, como lo demuestra la crónica antes relatada, tiempo suficiente para que hasta la policía mas inepta los cogiera con las manos en la masa, a lo que hay que sumar la supuesta equivocación al escoger la presa. José Antonio González Covarrubias, por su trabajo, pudo ser considerado como culpable de introducir “los” cigarros a las tiendas antorchistas; pero de ninguna manera este trabajador puede ser confundido con un peligroso competidor de la mafia del tabaco, y ni de lejos tiene el dinero suficiente para pagar la elevada “multa”. Si sus secuestradores no sabían esto de antemano, lo supieron con absoluta seguridad después de varias horas de secuestro e interrogatorio. ¿Por qué lo retuvieron entonces? Porque lo necesitaban como cebo para atraer y capturar al verdadero objetivo, el Ing. Juan Martínez que, al mismo tiempo que “podía” pagar, según ellos, era un cuadro valioso y representativo de nuestro movimiento. Aparece aquí de nuevo el componente político del operativo.

4) La rapidez con que olvidaron la demanda de la “multa” para centrarse en la exigencia de parar la denuncia de los antorchistas, no se prueba solo con las llamadas telefónicas. Lo mismo ocurrió con los propios secuestrados. Ellos informan que, de pronto y sin motivo aparente (para ellos), el rollo cambió: si los matamos, les decían, la culpa era de sus “revoltosos” compañeros; háblenles y convénzanlos de que paren su escándalo. Parece que esto no se llevó a término porque no tuvieron tiempo de hacerlo. 5) José Antonio González, por otra parte, les dio toda la información sobre la persona que le surtía los cigarrillos que el compraba de buena fe. Y los cuatro escucharon que, a pregunta del jefe, le informaron que esa persona ya estaba en su poder y que se disponía a pagar una “multa” de dos millones de pesos. Resultaba obvio que los antorchistas no tenían nada que ver con eso y los dejaron en paz por ese lado.

6) El día 12, el gobernador Cuitláhuac García, en compañía del Secretario de Gobierno y de la Fiscal General, declaró a los medios que el plagio de los antorchistas estaba relacionado con el contrabando de cigarrillos. No precisó cómo ni con qué grado de responsabilidad. Nunca antes, ni durante los tres días que duró el secuestro, dijo algo parecido. ¿Por qué? Se supone que eso solo lo sabían los secuestradores. ¿Se lo dijeron ellos? ¿Es que ya los tiene en su poder y no lo ha informado a la opinión pública? Los dirigentes de Veracruz están convencidos de que se trató de la típica “cura en salud”.

7) Entre el momento en que los secuestrados fueron abandonados en un camino vecinal de Cotaxtla, Veracruz, atados y vendados dentro de una de sus camionetas, y la llegada de la policía que los “rescató”, no pasaron ni cinco minutos. ¿Quién les avisó tan rápido? Llegaron disparando y fingiendo que iban tras un supuesto fugitivo, y que su encuentro con los secuestrados era pura casualidad. Los sacaron de la camioneta, los liberaron de sus ataduras y les indicaron que serían llevados a la FGE, pero al escuchar la voz de uno de ellos, se estremecieron de pies a cabeza: los cuatro están seguros de que era la misma voz de uno de sus secuestradores. Por un momento creyeron que los rematarían allí mismo. Esto también puede probarse rigurosamente, pero nosotros no haremos ni diremos nada más (salvo que se nos obligue con nuevos actos represivos) para no poner en riesgo inútil la vida de nuestros compañeros. Me limito, pues, a preguntar: ¿se justifica o no la sospecha del antorchismo veracruzano de que se trató de un secuestro político? ¿Se justifica o no el temor que me orilló a escribir el presente artículo? Usted, amigo lector, tiene la palabra.