En Sonora hay 202 concesiones para extraer agua del subsuelo en poder de empresas mineras, de las cuales 116 son explotadas por el Grupo México, que acapara el 80 por ciento del líquido vital en esa entidad y, en 2015, extrajo 107 millones de metros cúbicos (m³).

Estos datos, sin embargo, fueron emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero no los “reales” o verdaderos; éstos se desconocen porque las extracciones de las compañías mineras están protegidas por un velo de secrecía desde los gobiernos, afirman investigadores independientes, quienes también aseguran que, en los últimos cinco años, la cantidad de agua extraída ha aumentado considerablemente.

Los desechos mineros, arrojados principalmente al río Sonora –que alimenta a Hermosillo– han hecho el agua cada vez menos apta para consumo humano y la agricultura. A partir de 1990, la capital del estado dejó de depender casi por completo de la presa Abelardo L. Rodríguez, en la que vierte el río Sonora. Tuvo que sustituirla por la proveniente de pozos profundos.

Entre 2000 y 2005, mientras la minería alcanzaba el auge, cayó en 30 por ciento la capacidad en los pozos de agua de Hermosillo, y de allí en adelante ha disminuido. Hay una relación inversamente proporcional entre este descenso y el crecimiento brutal de la extracción minera de río arriba, porque las aguas subterráneas también fluyen por gravedad de acuerdo con la orografía.

Una historia similar sucede con el acuífero de la costa de Hermosillo, de intensa explotación agrícola que extrae 430 millones de litros anuales, de la que el doctor Garatuza Payán, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), califica como irracional desperdicio y sobreexplotación, porque solo se recarga anualmente con alrededor de 250 millones de m³, razón por la que cada vez hay que hacer más profundos los pozos.

La carencia de agua en Hermosillo será cada vez más severa en el futuro. Entre las causas de la crisis inminente, se hallan la sed infinita de ganancias del capital de todos los giros y el voraz desperdicio industrial, minero, agrícola y doméstico.

El acuerdo se hizo a la fuerza y violando la ley; todo mundo lo sabe; cada año, la prensa extrae nuevas pruebas de ese despojo. Pero en lo que menos pensó la clase gobernante, fue en buscar un sistema de agua para la capital, con la que usan las empresas mineras y las agrícolas de la Costa para no disminuirles su dotación.

Como a los dueños del Grupo México se les perdonó la contaminación que provocaron al río Sonora en 2014, donde vertieron 40 millones de litros de tóxicos, afectaron a la población de Hermosillo, a muchas comunidades y campos de sembradíos e, indirectamente, a los indígenas yaquis de Sonora, en cuyos afluentes, las autoridades buscaron resarcirse del agua que faltaba. 

Los yaquis ganaron en los tribunales, pero…

Grupos yaquis emprendieron una lucha desde 2010 contra la construcción del acueducto Independencia, que corre a partir de la presa El Novillo, construida sobre el cauce del río Yaqui. Ese acueducto fue diseñado fundamentalmente para abastecer y garantizar la producción de las empresas industriales y comerciales de Hermosillo, y no como se difundió en ese tiempo, para beneficiar a los habitantes de la capital sonorense.

Actualmente son miles las personas pobres de Hermosillo que durante décadas han carecido, inclusive carecen de agua, pues el líquido vital se les distribuye a cuentagotas solo para que siga viviendo y no caerse de sed. Por ello continúan las denuncias, porque el acueducto fue construido exclusivamente para los empresarios capitalistas.

Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 había en Hermosillo 24 mil personas sin acceso a agua potable y, en 2020, siguen sin ella 14 mil. Sin embargo, la realidad contradice los datos del Coneval, pues aceptar eso significa que un promedio de mil humildes sonorenses resolvieron su carencia de agua por año, lo cual no es cierto, porque hay 12 colonias que, desde hace ocho años, no cuentan con el vital líquido. 

El gobierno de Sonora, encabezado por Guillermo Padrés Elías, licitó la construcción de la obra sin permisos y sin derechos sobre el agua de El Novillo; el seis de octubre de 2010 emitió el fallo sobre la empresa ganadora, Exploraciones Mineras del Desierto. El Gobierno Federal autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental, es decir, le dio el visto bueno al proyecto, a pesar de los amparos ganados por los yaquis y de no reunir los requisitos legales.

Los yaquis ganaron el juicio de amparo 461/2011 contra actos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el delegado en Sonora de la Procuraduría Federal para la Defensa del Patrimonio Ambiental (Profepa). Como en el caso anterior, el gobierno estatal ignoró la resolución. En 2012, ni la sentencia ni la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fueron atendidas por la Semarnat ni el gobierno estatal.

La construcción del Acueducto Independencia también estuvo manchada por la opacidad y la corrupción, que evidenciaron al gobierno del estado de Sonora, que actuó en complicidad con el Gobierno Federal. Incluso se llegó al extremo de que, en el marco del juicio agrario, un agente del Ministerio Público sugirió la inexistencia de los indígenas yaquis, con los argumentos de que no contaban con “el dictamen antropológico y etnográfico” para acreditar que eran integrantes de la comunidad, y que carecían de “legitimación procesal activa” para concurrir al juicio y acreditar “la propiedad territorial que afirman tener y de la cual derive el derecho a las aguas que fluyen del río en cuestión”.

Todo esto se difundió a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la razón a los reclamos yaquis. Y todo ello se ha sumado a una década de campañas de odio que han penetrado profundamente en amplios sectores de la población sonorense, que a su vez han convertido en amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, desalojos y detenciones de miembros del grupo yaqui, como ocurrió con la aprehensión de Mario Luna, secretario y vocero de la tribu, en septiembre de 2014.

Esta detención injusta y carente de pruebas fue denunciada como arbitraria por Amnistía Internacional (AI). La investigación bibliográfica realizada por este semanario permitió identificar inconsistencias en las resoluciones de la Corte y del Gobierno Federal en enero de 2015. El estudio La tribu yaqui y la defensa de sus derechos territoriales, publicado en junio de 2015 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ofrece una versión objetiva de esa agresión contra los yaquis.

El documento concluye que existe una violación sistemática de la ley por parte de los gobiernos estatal y Federal en este conflicto. Mientras esto ocurre, el elemento causante del conflicto, el Acueducto Independencia, opera sin ningún impedimento y en la actualidad lleva a Hermosillo 75 millones de m³ de agua provenientes del río Yaqui

El pasado seis de agosto, el Presidente visitó Vícam, uno de los pueblos yaquis, a cuyos dirigentes prometió una “revisión” del asunto del agua en el contexto de un “Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui” y la firma de un convenio para terminar el gasoducto de la empresa Ienova –aunque se tenga que desviar– así como “mejoramiento urbano y reconstrucción de viviendas”, programa que concluirá a mediados de junio de 2021, en pleno proceso electoral.

El Presidente de la República justificó la inoperatividad de su gobierno con el argumento de que le dejaron un “elefante reumático” y habló de “exigir la disculpa” a los países extranjeros que conquistaron México. Sin embargo, su “plan de ayuda” a los indígenas quedó evidenciado en los ofensivos recortes a todos los programas pro indígenas que existían en 2019, y que prácticamente desaparecieron en el Presupuesto de Egresos de 2020.

AMLO dejó intacta la agresión de 2010, así como el apoderamiento irracional del agua del subsuelo por las mineras y las empresas agrícolas. Es decir, no echará para atrás las violaciones al Estado de Derecho que se cometieron contra la población yaqui, porque su mismo gobierno está despedazando ese mismo Estado de Derecho. Los yaquis se han quedado con palabras, promesas y demagogia, nada más. AMLO solo vino a hacer campañas electorales, pues les propuso aceptar, a cambio de sus votos, creer en sus promesas de gobierno y la “Cuarta Transformación”.