Los países capitalistas comenzaron a implementar planes económicos a mediados del siglo pasado en respuesta al éxito alcanzado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)  que, con una economía planificada, obtuvo el segundo crecimiento económico más alto del mundo en el periodo que va de 1928 a 1970. A los líderes de las naciones capitalistas les quedó claro que había ciertos resultados que el libre mercado no podía alcanzar y, por lo tanto, optaron por implementar planes anuales y quinquenales en los que establecían metas de crecimiento para determinados sectores de la economía.

Los resultados parcialmente positivos de la combinación “plan-mercado” en varios países occidentales se debió, en gran medida, a que importantes sectores de la economía –como el de los energéticos, el de otras materias primas y enormes bancos de desarrollo– eran de propiedad estatal, lo que le permitía a los gobiernos trazar objetivos de inversión y producción que a su vez afectaban las decisiones de las empresas privadas.

Pero el neoliberalismo –que se implantó como respuesta a la crisis del modelo keynesiano y al debilitamiento del bloque socialista– no solo rechazó ideológicamente la intervención del Estado en la economía, sino que ha ido minando uno a uno los mecanismos que aquél tenía para hacerlo. ¿Cómo? Fundamentalmente a través de la privatización de las empresas estatales y de la integración comercial y financiera entre los países. De esta forma, todas las decisiones económicas van quedando en manos de la empresa privada que, además, se somete a las condiciones de la economía internacional.

Así debemos entender el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en lo que respecta al desarrollo económico y, en especial, a la meta que plantea para obtener un crecimiento económico del seis por ciento al final del sexenio y un promedio del cuatro por ciento. ¿Es posible? Lo fundamental es tener claro que, mientras se mantenga intacto el modelo económico que deja todo en manos de la empresa privada –como efectivamente será, a pesar de los alardes del Presidente–, el nivel de crecimiento económico es en gran medida independiente de las medidas del gobierno.

Solo para ejemplificar: entre 1985 y 2017, el crecimiento económico de México fue de más de dos puntos porcentuales superior al de Estados Unidos (EE. UU.) solo en cuatro años. Y en todos los casos, éstos fueron años de recuperación económica después de alguna crisis. En general, el crecimiento económico de ambos países muestra la misma tendencia, siendo el de EE. UU. el que ejerce un efecto causal sobre el de México. Si el país vecino sigue creciendo a menos del tres por ciento, como en los últimos años, ¿podríamos esperar un resultado significativamente mejor en México?, ¿qué va a pasar si la economía estadounidense entra en crisis?

A esto hay que agregar los siguientes elementos: 1. La ratificación del T-MEC aumentaría, en lugar de disminuir, la dependencia de México con respecto a EE. UU. 2. El gobierno no plantea ninguna reforma fiscal progresiva que le permita captar más recursos que puedan ser dedicados a la inversión pública. 3. La tendencia actual de la economía mexicana apunta hacia el estancamiento (recordemos que se contrajo un 0.2 por ciento en el primer trimestre del año), no al crecimiento.

En síntesis: no debería sorprendernos que las escasas 60 páginas dedicadas al desarrollo económico en el PND sean solo una enumeración panfletaria de intenciones, sin los medios específicos para lograr los objetivos programados. Mientras no se cambie de fondo el modelo económico que impera en México y se reduzca nuestra dependencia del imperialismo norteamericano, a cualquier gobierno le será imposible alcanzar metas verdaderamente relevantes para mejorar las condiciones de vida de la población. Las leyes implacables del modo de producción capitalista terminarán por imponerse, con o sin el beneplácito del gobernante en turno.