El cuatro de noviembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consiguió que los legisladores de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaran una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en la Cámara de Diputados que autoriza al gobierno a utilizar los “activos financieros” del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP).

Esta nueva disposición legal –cuyo planteamiento en la iniciativa presidencial resulta ambiguo y ahora se halla en revisión en el Senado de la República– permitiría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) efectuar depósitos en efectivo al FEIP e incluir aportaciones adicionales con recursos tomados de sus “activos financieros” y los que resulten de sus presuntos “ahorros” en la administración del presupuesto de gastos.

Analistas especializados, legisladores y dirigentes partidistas de la oposición han alertado que con la forma ambigua con que está redactada la iniciativa presidencial, el uso del concepto “activo financiero” es incierto, porque no especifica a qué fondo se refiere.

Esa ambigüedad permitiría aludir, por ejemplo, a los fondos de pensiones y de fomento a la vivienda, que se integran con aportaciones laborales, patronales y públicas, y que por tal motivo pueden ser asumidos como “activos financieros”.

Estas ambigüedades permitirían al gobierno morenista continuar financiando sus proyectos de obras públicas y asistencialistas-electoreras durante lo que resta del sexenio; y si Morena logra mantener la Presidencia de la República en 2024, perseveraría el proyecto autoritario del Presidente.

Por ello, además de seguir violentando a los organismos autónomos –como ocurre con el Instituto Nacional Electoral (INE)– procura “enturbiar el agua” en la superficie para ocultar su “pesca de fondo” ante la creciente oleada crítica contra su administración, frente a la que minimiza la escasez de dinero público, su irresponsabilidad en el gasto, el reducido crecimiento económico, la alta inflación y el aumento de las tasas de interés que encarecen las deudas.

Quiere un “cheque en blanco”

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió, el pasado nueve de noviembre, sobre la riesgosa ambigüedad en la reforma a la LFPRH aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados el cuatro de noviembre de 2022 porque busca:

“Obtener mayores recursos para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) a través de la aportación de activos financieros que no se detallan, abriría la puerta a la discrecionalidad en el uso de fondos constituidos con objetivos específicos, como son las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las Administradoras de Fondo para el retiro (Afores), que son parte fundamental de la seguridad social de los mexicanos”.

“La falta de precisión y claridad en las reformas a la mencionada Ley podría generar ambigüedad para la gestión futura de dichas reservas, o incluso permitir que se utilicen para fines distintos a los que les dieron origen”.

Los legisladores de oposición coincidieron, por su parte, en que la aprobación de la iniciativa es equivalente a la expedición de un “cheque en blanco” debido a que una de las modificaciones permitirá a la SCHP trasladar activos financieros del sector público al FEIP.

Héctor Saúl Téllez, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, reveló al diario El Financiero que “el problema es que lo aprobado no especifica qué tipo de activos se podrán pasar al FEIP y Hacienda estima que el gobierno tiene activos financieros por más de seis billones de pesos”.

Según el legislador, los activos financieros “son fondos de ahorro y de pensiones, bonos de pensiones del ISSSTE, los fondos de vivienda, las inversiones que hace el gobierno en alguna empresa, las acciones que pueda tener el Estado en empresas particulares, los rendimientos que puedan generar inversiones que hace el gobierno en alguna empresa, etcétera; todo ese dinero que podría superar los seis billones de pesos, podrían tomarse”.

Consultado por buzos, el doctor Gregorio Vidal Bonifaz, especialista en el estudio de política económica, advirtió: “El tema del uso del fondo de pensiones sería una violación de la ley… no me sorprendería que en este país se violara la ley, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, son dos cosas diferentes, pero por desgracia vivimos en un país en el que algunas veces se viola la ley”.

El académico de la Unidad de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa, explicó que un gobierno primero elabora un proyecto de gasto, luego obtiene ingresos con la recaudación de impuestos; y por ello puede reajustar para equilibrar en varias formas estos aspectos del presupuesto.

En este marco, abundó, la reforma sobre los “activos financieros” pretende nutrir con más recursos el fondo para eventualidades que afecten el presupuesto –el FEIP– y menciona los “ahorros” entre ellas; aunque no son ahorros, sino gastos presupuestados que no se ejecutan total o parcialmente (subejercicios del gasto público).

Lo que el gobierno está planteando –explicó Vidal Bonifaz– “es que puede hacer ahorros en muchas partes; esto que llaman ahorros, que en realidad son no-ejercicios del gasto, y ese no-ejercicio del gasto lo retira Hacienda y lo puede colocar en ese fondo; eso es lo que está en la modificación, y así nutrir ese fondo (FEIP). De hecho ha habido no-ejercicios del gasto en estos años, pero no se han podido vincular a ese fideicomiso”.

Vidal Bonifaz agregó, además, que este fondo para imprevistos presupuestarios, denominado FEIP, no tiene condiciones de uso específico: “ni siquiera está señalado de que cuando se presente de determinada manera es cuando se usa; es un criterio estrictamente discrecional de ejecución de gobierno (a criterio)”.

AMLO se “comió” el guardadito

Los recursos contenidos en la caja de ahorro para solventar caídas en los ingresos, llamado FEIP desde 2014, se redujeron 91.56 por ciento entre 2019 y 2022, según los Informes sobre las Finanzas Públicas y Deuda Pública de la SHCP en los periodos de enero a junio de los años 2019 y 2022.

Visto en cantidades de dinero, pasó de 296 mil millones 313 mil 700 pesos en junio 2019, el primer año del gobierno de AMLO, a 24 mil 986 millones de pesos (mdp) en junio de 2022, el cuarto año de la actual administración federal.

En el comunicado 011, del 30 de enero de 2020 y con el subtítulo Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al Cuarto Trimestre de 2019, se reporta que “al cierre de 2019 se registró un uso de recursos del FEIP por 125 mil millones de pesos”. Luego se indica que el FEIP tenía 279 mil mdp en diciembre de 2018 y que en diciembre de 2019 su saldo era de 158 mil 544 mdp.

Este fondo fue creado mediante una reforma a la ley de Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y una modificación al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (que tenía las mismas siglas, FEIP), las cuales fueron difundidas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014.

En el reporte Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 2019, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, fechado el 26 de febrero de 2020, se explica el origen del FEIP, e indica que se cambió la denominación “petrolero” por “presupuestal”.

Se efectuó el cambio para ampliar el uso de esa caja de ahorro y subsanar eventuales caídas en los ingresos federales del año correspondiente, y ya no solo de las bajas en los fondos petroleros.

Al cierre de esta edición estaba también en trámite, en el Senado, una reforma al Artículo 61° de la Ley de Instituciones de Crédito, aprobada por los diputados el 11 de octubre de 2022, que permitiría la disposición pública de dinero de particulares depositado en cuentas bancarias que se hallan sin movimientos para un lapso de seis años, periodo que además pretendía reducirse a tres años.

La modificación en el Palacio Legislativo de San Lázaro fue aprobada por los diputados de Morena y sus aliados del PT y el PVEM con el argumento de que el dinero se usaría para dotar de armamento a las policías locales.

Sin embargo, una vez enviada la minuta al Senado, el Presidente propuso que los senadores añadieran a la reforma que el dinero también sea usado para nutrir los programas sociales del actual gobierno, solicitud que los legisladores morenistas consideran que debe atenderse.

A principios de este año, la administración federal recibió 135 mil mdp extraídos de los fideicomisos que los legisladores de Morena desaparecieron por órdenes de AMLO con el argumento de que eran instrumentos de corrupción, entre los que estuvo el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

En un artículo titulado Gobierno de AMLO usa 135 mil mdp de los fideicomisos desaparecidos, la revista Forbes escribió, el 1° de marzo de 2022 que, de acuerdo con un análisis del CEFP, el Gobierno Federal había recibido más de 135 mil mdp provenientes de los fondos de Salud; Fonden y los fideicomisos desaparecidos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Mantener el poder a como dé lugar

Diputados federales de oposición denunciaron que la reforma sobre los “activos financieros” aprobada por Morena y sus aliados tiene el objetivo de conseguir más dinero como sea para continuar financiando los proyectos políticos del Presidente.

Lo requiere –aseguraron– para mantener los programas monetarios del gobierno morenista (las llamadas pensiones del “bienestar”) para financiar sus magnas obras sin rentabilidad, como la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Tren Maya, convertidas en barriles sin fondo, y para solventar las dos elecciones estatales de 2023 en los estados de México y Coahuila, y la presidencial de 2024.

Afirmaron que AMLO y su partido quieren disponer de los “activos financieros” para integrar una bolsa de al menos seis billones de pesos con la cual solventar gastos imprevistos; y que la ambigüedad en la redacción de la iniciativa presidencial aprobada podría verter en el uso de los fondos de pensiones laborales (cuyo monto asciende a cinco billones de pesos) y los de vivienda, en detrimento de millones de ciudadanos mexicanos.

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, indicó, el pasado siete de noviembre, que la reforma sobre los “activos financieros” demuestra el absoluto fracaso administrativo del gobierno de AMLO y la desesperación política que siente porque no puede tapar los hoyos que su pésima administración ha abierto en la economía nacional.

Durante cuatro años –afirmó el dirigente panista– el Gobierno Federal ha despilfarrado los ahorros y fondos acumulados por las administraciones pasadas, y ha malgastado el dinero de los fideicomisos desaparecidos. “Pero ahora parece que quieren ir por más, buscando de manera perversa apoderarse de los activos financieros que superan los seis billones de pesos”.

En la reforma sobre los “activos financieros” se omite que son obligatoriamente reportados semanalmente por la SHCP al Banco de México (Banxico) como depósitos del Gobierno Federal y que, el 28 de octubre de 2022, sumaban 665.5 mil mdp, cuyo destino está preestablecido y la ley establece que no pueden usarse para ningún otro propósito.

AMLO había intentado cambiar esta disposición desde el 11 de agosto de 2021, cuando reconoció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) abrió a México una línea de crédito por 650 mil millones de dólares (mdd), equivalentes a 12.6 mil mdp, que serían usados para pagar deuda pública anticipadamente.

El subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel –nombrado por AMLO– explicó, ese mismo día, que tal monto no se podía usar para pagar deuda porque no es dinero, sino una asignación de “Derechos Especiales de Giro (DEG)”, que en realidad es un activo financiero conforme a un mecanismo creado en 1969 por el FMI para fortalecer las reservas internacionales de los países integrantes de esta institución.

Las reservas internacionales son un tipo de “activos financieros”, calculados especialmente en dólares, que quedan bajo control de los bancos centrales como Banxico, encargados de mantener en equilibrio el valor de la moneda de sus países.

“Los DEGs no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda”, escribió ese día Gerardo Esquivel en su cuenta de Twitter; es posible que este funcionario corra similar suerte que los cercanos a AMLO cuando contradicen sus planes. En breve Esquivel dejará el cargo en el Banxico y saldrá del país.

El 29 de septiembre pasado, AMLO propuso a la embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, como aspirante a encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Washington, pero la economista no aceptó la encomienda por “razones personales” el nueve de noviembre; y al día siguiente el mandatario propuso en su lugar a Gerardo Esquivel.

Preparando los “otros datos”

En el análisis Implicaciones del Paquete Económico 2023, publicado el 14 de septiembre de 2022, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) anticipó que, en la elaboración de los presupuestos de Ingresos y Egresos de la Federación de 2023, el gobierno de AMLO subestimaba los graves problemas que representan el bajo crecimiento económico del país, la inflación, las altas tasas de interés e incertidumbre económica en general.

En el paquete económico de 2023, el Gobierno Federal espera obtener un billón 300 mil mdp por la venta internacional de petróleo y 5.8 billones de pesos por ingresos no petroleros, es decir, mediante la recaudación de impuestos.

De manera inusual, el presupuesto de ingresos y gastos de 2023 pegó “un salto” de un millón 200 mil mdp, al pasar de siete billones 80 mil mdp en 2022, a 8.3 billones de pesos en 2023; en cantidades completas, el gasto gubernamental “saltó” de siete billones 88 mil mdp en 2022 a ocho billones 299 mil 647 mdp en 2023.

También aumentó la deuda pública; ya que de acuerdo con el paquete económico 2023, se solicitó al Congreso de la Unión autorización para contratar deuda interna hasta por un billón 170 mil mdp pesos, además de 5.5 mil mdd en deuda externa, equivalentes a unos 106 mil mdp.

El 12 de septiembre de 2022, el grupo financiero Citibanamex emitió un análisis en el que su director de estudios económicos, Adrián de la Garza, reveló que las estimaciones económicas gubernamentales eran “poco realistas”, ya que la SHCP prevé un crecimiento de la economía del tres por ciento en 2023, porcentaje que está muy por encima del 1.5 por ciento estimado por la mayoría de los especialistas.

De la Garza comentó también que en el presupuesto 2023 aumentó el dinero destinado a los programas sociales y a la construcción de las obras “emblemáticas” de AMLO; y que dicha alza se debe a que, el año que entra, será electoralmente relevante: “este presupuesto es lo que sea menos austero; austero no es, vemos aumentos ya no nada más en estos proyectos emblemáticos y en el tema de gasto social, sino también en muchos otros rubros”, afirmó.