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El lunes 22 de abril, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió que en seis meses terminaría con la violencia y que para eso solo se requería una combinación de los programas sociales, la Guardia Nacional y la lucha contra la corrupción; para cualquier mexicano suena lógico este planteamiento; sin embargo, numerosos analistas sostienen que la violencia e inseguridad continuarán durante todo el sexenio.
Si, como algunos políticos señalan, la inseguridad se debe a que los gobiernos anteriores no han preparado con eficacia a las policías, debido a la corrupción en las corporaciones; la solución sería inmediata y el plazo der seis meses que AMLO propone sería suficiente para disponer de una mejor policía, entrenada y con armamento de punta.
A simple vista ésta sería la mejor opción pero, ¿qué pasa si la famosa Guardia Nacional está bien preparada y tiene todo a su alcance para combatir el hampa?, la respuesta es, el Estado mexicano se puede transformar un un Estado policiaco; es más, se antoja pensar que es la idea del Gobierno Federal: convertir a la Guardia Nacional en una policía totalmente armada que vigile la vida de todos los mexicanos y no solo la conducta de los delincuentes, coartando con ello la libertad del pueblo.
Cuando el 27 de junio de 2014, en silencio, marchó cerca de un millón de mexicanos, (“Marcha de blanco”) convocados por la organización México Unidos Contra la Delincuencia para protestar contra la inseguridad, violencia e impunidad, AMLO, entonces Jefe de gobierno de la CDMX, los llamó “pirrurris y acarreados”; poco antes él se había presentado como “El Mesías”, “El Salvador” de México, el que iba a terminar con la inseguridad en la Metrópoli. AMLO siempre dijo que la inseguridad era otra de las grandes calamidades del país; y vaya que lo era. Pero cuando él fue Jefe de Gobierno no pudo resolverla y la CDMX fue una de las más inseguras; simplemente no pudo terminar con la inseguridad capitalina.
Para resolver el problema de la violencia y la inseguridad es necesario que el gobierno no solo diga que está al servicio de los ciudadanos, sino que trabaje con ellos; es decir, que tome en cuenta a toda a sociedad; y tomarla en cuenta es estar del lado del pueblo y luchar con él por sus intereses inmediatos y de largo plazo; pero tanto las declaraciones de AMLO como las de otros gobernadores y políticos de su partido, todo lo que suene a sociedad o pueblo organizado les produce desconfianza; el ahora Presidente lo repite a cada paso, no lo puede ocultar, odia a las organizaciones sociales, por eso busca debilitarlas y si es posible desaparecerlas. Con algunas, como el Movimiento Antorchista, esto no será posible, debido a la penetración y verdadera representación que tienen.
AMLO no podrá terminar con la violencia en seis meses combinando los programas sociales, la Guardia Nacional y la lucha contra la corrupción; su diagnóstico está equivocado: la delincuencia tiene causas económicas y sociales y para acabar con ella son necesarios cambios radicales en la estructura de este sistema; cambios que afectarán los intereses de AMLO y de Morena.
Muchos de los que actúan fuera de la ley lo hacen obligados por la pobreza en que viven y la ausencia de oportunidades reales; la causa real, en la mayoría de los problemas de delincuencia es la inequitativa e injusta distribución de la riqueza nacional. Si esto se atacara de fondo, también el problema de la violencia e inseguridad disminuiría, al menos en un 50 o 60 por ciento, el resto podría combatirse con una buena policía, bien armada y entrenada.
Pero para lograr un mejor reparto de la riqueza no basta que la mayoría (que no son 30 millones) elija a sus gobernantes. Morena y AMLO son ejemplo ahora de esos políticos que al llegar al poder se olvidan de sus promesas y se dedican a complacer a los poderosos.
Ahora, como siempre, es indispensable defender el derecho de los mexicanos pobres a salir a la calle para protestar, en caso necesario, y reclamar atención a sus necesidades; porque un gobierno enarboló como bandera el lema “Primero los pobres” no solo está obligado a respetar los derechos mencionados, sino a alentarlos y responder a las demandas ciudadanas, sin pretextos, maniobras o amenazas. Así se estaría luchando, de fondo, contra la delincuencia. Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).