Aunque algún día llegaran a preguntárselo, las autoridades encargadas de velar por la salud y el bienestar de todos los mexicanos nunca sabrán cuántas de las víctimas mortales de la pandemia se hubieran salvado de aplicar desde un principio todos los recursos a su alcance para enfrentar al enemigo que se aproximaba y que muy pronto arribó a un territorio indefenso, cuya población no contaba con un sistema de salud bien equipado mientras su gobierno se reía del peligro y confiaba en la protección de fuerzas sobrenaturales.

Si en estos días el Gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se planteara una interrogante como ésa, cuando se ha comprobado que la cifra de contagios ronda los dos millones y los decesos acumulados a causa del Covid-19 se aproximan a 300 mil, estaría obligado a reconocer que su política sanitaria, su lucha contra la pandemia ha sido errónea o muy deficiente; pero también representaría la posibilidad de enmendar errores, enderezar el rumbo o, dicho más suavemente, mejorar su política sanitaria en esta crucial etapa que se vive en todo el mundo.

Reconocer errores, aceptar las deficiencias en la política de salud y de lucha contra la pandemia significaría, por último, haber aprendido las lecciones que la realidad le ha ofrecido al Gobierno de la 4T. La prioridad del momento y de todo el periodo de pandemia era la protección de la sociedad mexicana, de la mayoría de la población, es decir, de los más vulnerables. Ningún proyecto, ni los de relumbrón, podía estar por encima de esta prioridad; en consecuencia, los recursos presupuestales deberían canalizarse a ella; comenzar a tomar las medidas que no fueron aplicadas con las primeras dos olas de la pandemia en lugar de ensalzar resultados que aún no se han obtenido. Éstas son las lecciones que había que aprender.

Sin embargo, ni las autoridades sanitarias ni el Estado en su conjunto muestran algún indicio de tal reconocimiento; continúan afirmando que sus medidas han sido acertadas, eficaces y que gracias a su estrategia contra la pandemia, los contagios disminuyen, al igual que el número de muertes; aseguran que la aplicación de vacunas ha puesto a salvo a los adultos mayores y que el Gobierno se prepara ya para la vacunación de niños y adolescentes. Pero la realidad es terca y no se deja ocultar con palabras ni deseos; las cifras de contagios y defunciones y los hospitales saturados constituyen una verdad con demasiados testigos para ser silenciada y evidencia que el Gobierno es incapaz de aprender la lección.