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El imperio no perdona. Su largo brazo ha alcanzado a Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks, quien reveló documentos y videos del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.); en ellos se exhiben las maniobras geopolíticas, genocidios, vigilancia ilegal e injerencia sobre Estados y organismos internacionales de la superpotencia y grupos de poder. Al apresar al informático y periodista australiano, el imperio niega el derecho a la información y consagra la persecución de la libertad de expresión. Sacrificar al mensajero para olvidar el mensaje solo confirma al mundo qué tan débil es la democracia estadounidense y el vasallaje a que ha sometido a sus aliados. Sin embargo, es irreversible la voluntad de hacer público lo privado.
¡Todos sabían!
Ruptly, conglomerado de Rossia Sevodnia y del canal Russia Today, fue el único medio que grabó el arresto del fundador de WikiLeaks. Su directora, Margarita Simonian, denunció: “Todos sabían: The Guardian, la CNN y otros medios que sería detenido, pero ninguno acudió a la embajada ecuatoriana. Y nos preguntan cómo fue que estuvimos en los hechos. Les respondo: porque son unos hipócritas desvergonzados al servicio del establishment y no precisamente periodistas. Por eso no estuvieron allí”.
Washington no ha respondido ante ningún tribunal por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en su guerra injerencista contra el terrorismo; tampoco ha rendido cuentas por el masivo espionaje contra connacionales y extranjeros. Para evitar esa impunidad, el portal WikiLeaks dio a conocer esos actos al mundo a través de videos y documentos. Hoy, el fundador de ese sitio ha sido detenido y su vida está en peligro por el cerco que le ha tendido la superpotencia.
Como millones de personas, hace más de 10 años que los mexicanos conocieron la existencia de WikiLeaks, una organización que se propuso difundir información gubernamental clasificada como “secreta” o “confidencial”. A finales de 2009, esa plataforma divulgó el estremecedor video titulado Daño colateral en Irak en que un dron estadounidense asesinó a civiles en Afganistán. Chelsea Manning proveyó ese material a WikiLeaks.
En 2010, el portal recurría a la ingeniosa estrategia de asociarse con los mayores medios del mundo para publicar miles de “cables diplomáticos” del Departamento de Estado de EE. UU. redactados desde 1966. Esos comunicados ilustraban la arrogancia y el desprecio de los diplomáticos estadounidenses acreditados en distintos Estados y exhibían el alcance de las conspiraciones imperiales tramadas contra los intereses de gobiernos “socios” de EE. UU.
Al saberse descubierta en sus maniobras político-bélicas más oscuras, la superpotencia rediseñó su estructura interna de control de información sensible. Creó el Comando Ciberespacial; promovió un ataque cibernético contra WikiLeaks tras negarle el servicio; clausuró sus cuentas bancarias y lo incluyó en la lista de organizaciones terroristas.
A la par, devaluó el trabajo periodístico de Assange. Calificó al experto informático de hacker y lo acusó de agresor sexual, para etiquetarlo como un sujeto inestable con intereses inconfesables y carente de toda ética profesional. La prensa corporativa reprodujo y alentó esa campaña de desprestigio. Un ataque multidimensional.
Antes de que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno lo entregara a Scotland Yard, Assange escribió en su red social: “Publicar pruebas de corrupción no es hackear, soy periodista y editor. Ni siquiera EE. UU. me tilda de hacker”. Al australiano de 47 años lo han reconocido medios como The Washington Post, The New York Times y The Economist, el Comité de Protección de Periodistas (CPJ) y Amnistía Internacional (AI) del Reino Unido.
Elegido Personaje del 2010 por los lectores de la revista Time, mereció la Medalla de Oro de la Fundación Sydney para la Paz por su valor excepcional e iniciativa en defensa de los derechos humanos y, entre otros, se le otorgaron los premios Sam Adams y Ars Electrónica.
Millones reconocen a Assange y al excontratista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del gobierno de EE. UU., Edward Snowden, por alertar a la sociedad del impacto que contra ella tienen las políticas y acciones encubiertas de los gobiernos imperialistas. Se les llama “alertadores” (whistleblowers) y la mayoría son empleados de firmas o agencias gubernamentales que divulgan información clasificada como negativa para los ciudadanos.
Revelaciones desde México
Enero de 2010:
Se divulgan dos mil 285 cables de la embajada de EE. UU. en México, redactados entre 1966 y 2010.
Mil 281 figuran como “no clasificados”.
660 con el rubro “solo para uso oficial”.
295 son “confidenciales”.
23 son “confidenciales y sin acceso a extranjeros”.
14 son “secretos” y 12 “secretos sin acceso a extranjeros”.
El escarmiento
El más oscuro deseo del imperio es, y ha sido, causar temor e incertidumbre entre quienes le exigen transparencia. Assange era uno de ellos, así que a las 9:14 horas del 11 de abril, el imperio sorprendió al mundo con el arresto de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres.
La estrategia y rol de cada actor se definió desde noviembre. El gobierno de EE. UU. exigió a su homólogo del Reino Unido la extradición de Assange y reveló los cargos por los que lo acusa. Ecuador retiró el asilo que daba al australiano y su embajador en Londres, Jaime Marchán, abrió la puerta a la policía británica. Y aunque esa incursión violó las normas internacionales de protección diplomática, a nadie le importó.
Ese martes, millones de personas vieron al fundador de WikiLeaks maniatado con flejes color naranja y llevado en andas por agentes de Scotland Yard al vehículo que lo condujo a la Corte de la Corona de Southwark. Ahí, el juez Michael Snow lo acusó de no ofrecer en su momento una “excusa razonable” por su ausencia en una cita administrativa en 2007.
Con esta táctica judicial, Londres puede retener a Assange al menos doce meses. En mayo comparecerá desde prisión –por videoconferencia– ante la Corte de Magistrados de Westminster sobre su posible extradición a EE. UU. El gobierno de este país tiene hasta el 12 de junio para remitir a Londres documentos que sustenten su reclamo.
Por interés geopolítico, todos los involucrados cumplirán el vergonzoso rol que les asigna el imperio. Mientras la prensa preguntaba al presidente estadounidense su opinión sobre la detención de Assange, Donald Trump respondió: “No sé nada sobre WikiLeaks. No es asunto mío”. El magnate aparenta haber olvidado que en el pasado voceó muchas veces su “amor” por esa plataforma.
Los más felices son los militantes del Partido Demócrata de EE. UU., cuya división estructural evidenció WikiLeaks al revelar los correos de Hillary Clinton a Goldman Sachs y otros, donde criticaba a su correligionario Bernie Sanders en las elecciones primarias de 2016.
Theresa May, la primera ministra británica, también vivió un gran momento cuando anunció que “nadie está por encima de la ley” ante la Cámara de los Comunes, la misma que ha rechazado cada una de sus propuestas para separar al Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
Y mientras salía a la luz que la vigilancia a Assange habría costado 20 millones de dólares a los británicos, el ministro de relaciones exteriores británico, Jeremy Hunt, confesó que el arresto “es resultado de años de una cuidadosa diplomacia del Foreign Office”.
Fue la laborista Diane Abbot quien sostuvo en la Cámara Baja que se persigue a Assange por denunciar “los crímenes cometidos por el gobierno y los militares estadounidenses”. Abbot citó el video difundido por WikiLeaks en 2007, en el que se exhibe un ataque de EE. UU. con misiles sobre Irak en el que murieron 18 civiles y dos periodistas.
La fiscalía sueca es otro actor que revive. En mayo de 2017 cerró la investigación que abrió en 2010 contra Assange por presuntos delitos sexuales. Sin embargo, el día de la detención declaró que podría reabrir esa pesquisa; y aunque dos de los delitos sexuales que se le imputan han prescrito, persiste otro por una supuesta violación que prescribe hasta mediados de agosto de 2020.
Assange se ha declarado inocente y no ha sido formalmente acusado de nada. La polémica rodea ese proceso por la falta de solidez en las denuncias; por los motivos reales de las demandantes; por las múltiples filtraciones a los medios de información; por la sustitución indebida de fiscales y por la reapertura de un caso penal que inicialmente se calificó como delito menor.
Análisis geopolítico y ético aparte merece el rol del gobierno de Ecuador. Pese a los alegatos del presidente Lenín Moreno de la supuesta problemática que ocasionaba Assange, es obvia la presión del establishment estadounidense. Moreno sabe que al autorizar el ingreso de la policía británica a la embajada de Ecuador en Londres se violaron múltiples normas de protección diplomática.
Para él, sin embargo, tal suceso bien vale la vergüenza internacional a cambio de que el martes 16 de abril sea recibido por Donald Trump en Washington. Para merecer esa distinción, Moreno obsequió la cabeza del australiano al imperio. En el fondo, Moreno confía en que su nuevo amigo olvide la pesquisa que la justicia ecuatoriana le sigue por corrupción.
De ahí que, alegre, el presidente ecuatoriano manifestase: “Le hemos quitado el asilo a este malcriado y, ventajosamente, nos hemos librado de una piedra en el zapato. En adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”.
En 2018, el gobierno de Quito impuso a Assange un Protocolo Especial de Visitas, Comunicaciones y Atención Médica y una serie de restricciones a sus libertades y derechos a la comunicación, información y conectividad.
El canciller José Valencia reveló que entre junio de 2012 y septiembre de 2018 su país erogó más de 5.8 millones de dólares solo en la seguridad de la sede en Londres y otros 400 mil dólares en atención médica, alimentación, aseo de ropa y consultorías jurídicas de Assange.
El expresidente Rafael Correa reaccionó en Twitter: “Lenín Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará”. Esa acción es “uno de los actos más atroces, fruto del servilismo, la vileza y la venganza”. Un día después, Correa atribuyó su bloqueo en Facebook a una motivación política por citar los llamados INA Papers, la pesquisa de corrupción contra el presidente de Ecuador.
Lo que divulgó WikiLeaks
Desde su fundación en 2006, WikiLeaks exhibió la depredación de firmas trasnacionales: el derrame tóxico de la energética Trafigura en Costa de Marfil; los negocios ilícitos del Banco suizo Julius Bär Group y el complejo industrial militar de la japonesa Sony, como refiere el portal Misión Verdad. Entre los más de 90 mil documentos relacionados con la guerra en Afganistán y casi 400 mil sobre la guerra en Irak, WikiLeaks reveló:
2007: El Manual de la Armada para Guantánamo que permite torturas y abusos.
2009: Video de un helicóptero Apache de EE. UU., que dispara a muerte contra civiles iraquíes y dos periodistas de Reuters.
Abusos contra detenidos en Guantánamo y Abu Ghraib.
570 mil mensajes de localizadores personales interceptados ilegalmente el 11-S de quienes desesperadamente buscaban a sus allegados tras los ataques.
2010: War Diaries publica 400 mil informes de abusos de EE. UU. en Afganistán.
El espionaje electrónico de la Agencia Nacional de Seguridad (ASN) a estadounidenses, “personas de interés” y a expresidentes de Francia 2012-2013: filtra más de cinco millones de correos electrónicos de la firma de inteligencia Stratfor. Esos Archivos de Inteligencia Global revelan el masivo espionaje interno en EE. UU. y operaciones secretas en Siria.
2006: Espionaje telefónico a ministros de la Unión Europea (UE), a Ángela Merkel y al secretario de la ONU, Ban Ki-Moon. El robo de la ASN de cables italianos para conocer el diálogo entre Silvio Berlusconi y el israelí Benjamín Netanyahu.
44 mil correos electrónicos y mensajes de voz que exhiben la manipulación en el Partido Demócrata a favor de Hillary Clinton, contra Bernie Sanders para ganar la candidatura presidencial. En vez de investigar esos abusos, los demócratas iniciaron una pesquisa para indagar quién dio información a WikiLeaks. De ahí surgió la supuesta complicidad de hackers rusos con la campaña de Donald Trump.
2017: Se difunde Bóveda 7, la mayor colección de expedientes de la CIA. Su arsenal de hackeo es similar al de la ANS y crea virus informáticos que afectan a terceros.
Solidaridad rusa
Rusia tomó partido en esta jugada cuando la vocera de la cancillería, María Zajarova, consideró el arresto de Julian Assange como una persecución. “Las calumnias y condiciones infrahumanas en que fue obligado a vivir siete años ensombrecen la libertad de expresión y los derechos para divulgar datos, además de golpear al periodismo”.
Zajarova advirtió que Rusia llevará ese asunto a las organizaciones internacionales. “Nos importa el pronunciamiento de las entidades especializadas en el tema, pues es una situación sin precedentes”, reportó la agencia Prensa Latina. De “acto de venganza” largamente esperado por aquellos que desenmascaró, calificó el presidente de la comisión senatorial de Relaciones Internacionales de Rusia, Konstantin Kosachov.
Para Kristinn Hrafnsson, director de WikiLeaks, “publicar documentos y videos que muestran el asesinato de civiles y exponen crímenes de guerra es periodismo”. Al CPJ le preocupa que el Departamento de Justicia de EE. UU. acuse a Assange de “conspiración para infiltrarse” en sistemas del gobierno.
Ese cargo sanciona la interacción de WikiLeaks con la exmilitar y analista de inteligencia del ejército de EE. UU., Chelsea Manning, quien se declaró culpable de espionaje por filtrar al portal información clasificada. En 2010, Assange ofreció ayuda a Manning para descifrar una contraseña y acceder a información clasificada.
La acusación contra Assange no lo culpa explícitamente de publicar esa información, pero interpreta su relación con Manning como una “conspiración criminal” al animarlo a proveerle documentos y expedientes de las agencias estadounidenses. La soldada volvió a prisión el ocho de marzo, tras negarse a testificar ante un jurado contra WikiLeaks.
Para el periodismo de investigación y la publicación de informes de interés público, es escalofriante el escenario que hoy se ofrece a la vista, advirtió el subdirector del CPJ, Robert Mahoney.Reporteros Sin Fronteras rechaza la extradición de Assange a EE. UU. y pide al gobierno del Reino Unido anteponer la libertad de prensa y protección de las fuentes, amparadas por la ley británica. Para el exjuez español y líder de la defensa de Assange, Baltasar Garzón, su defendido es víctima de una clara persecución política basada en falsedades.
La detención del periodista obstaculiza su encuentro con el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, previsto para el 25 de abril. Cannataci insiste en esa cita para evaluar los reclamos de Assange y abrir nuevas pesquisas. En 2015, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos abonaron a favor de la protección a Julian Assange.
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Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.