Ésta era una victoria largamente esperada porque, en los pasados 12 años, los hondureños libraron tenaces batallas contra el imperialismo y la derecha, viciosa y depredadora, para tener un gobierno de izquierda. En ese lapso, las élites locales y sus cómplices extranjeros generaron el caos para perpetuarse. Evitar esta contrarrevolución es el reto de Xiomara Castro para conducir a Honduras hacia el desarrollo y su plena autodeterminación. Por décadas, ante el mundo, el país centroamericano significaba una nación sin ciudadanos, solo de víctimas; y hoy, el mundo y América Latina confían en el éxito de su gobierno. La cooperación de México, receptor de miles de migrantes hondureños, es necesaria en ese país hermano.

Hoy en Honduras hay buenas noticias. No solo porque Xiomara Castro es la primera mujer en presidir esa nación, sino porque sus ciudadanos protagonizaron lo inverosímil: optar por el primer gobierno de izquierda en 200 años de su historia. En tiempos de guerra híbrida, en una región dominada por el Comando Sur de Estados Unidos (EE. UU.), por la crisis entre Colombia y Venezuela y por el predominio de la delincuencia en el ámbito local, fenómenos que impactan a ese pequeño estado, esta proeza política representa un gran logro.

El triunfo de Xiomara Castro se materializó en un país deliberadamente desmantelado, hundido en la pobreza, la corrupción y la violencia por el imperialismo estadounidense que tras expoliarlo lo estigmatizó, aplicándole la figura de “Estado fallido”. Esta caracterización sirvió a las fuerzas de la reacción.

En 2007, el presidente Manuel Zelaya pidió a su homólogo, George Walker Bush, convertir la base aérea estadounidense de Soto Cano, ubicada en ese país, en terminal comercial. No se aceptó; y un año después, un golpe militar sacó del poder a Zelaya cuando propuso una urna adicional en el plebiscito para votar por una Asamblea Nacional Constituyente.

Así se cimentó la dictadura que por 12 años avaló Washington, y cuyo balance resultó funesto: una corrupción que permea en todos los ámbitos; el 70 por ciento de sus 10 millones de habitantes vive en pobreza; posee la mayor tasa de homicidios en Centroamérica; su deuda externa fue de 11 mil 15 millones de dólares (mdd) en 2021; el desempleo tiene una tasa de 11 por ciento y su territorio se halla bajo el dominio de la delincuencia trasnacional.

En Honduras, país rico, la pobreza se expresa en falta de vivienda, acceso a agua potable, médicos que atiendan la desnutrición; el azote de epidemias de Zika y dengue, además de la pandemia de Covid-19; un millón de niños no acude a la escuela y más de seis millones no cuentan con alimentación digna.

Miles de jóvenes, víctimas de las históricas arbitrariedades de los anteriores gobiernos, votaron contra esta situación el pasado 28 de noviembre. Ese respaldo masivo llevó a Xiomara Castro, el 27 de enero, al Palacio José Cecilio del Valle, la residencia presidencial.

Victoria y subversión

Este triunfo electoral honra a los “silenciados a la mala, a los lanzados al exilio y al olvido, a los que quedaron en la ruta migratoria, a quienes jamás volverán, a quienes sueñan con el retorno, a los que aman ese pedacito de tierra donde los espera una jícara con atol de pinol, un pedazo de mango tierno con limón y sal, el agua fresca de los ríos, los retumbos del mar abierto, la sombra de los tamarindos y la teja mojada al amanecer”, escribe Lika Oliva Colorado.

Esta izquierda en el gobierno revive también la lucha de Berta Cáceres contra los depredadores ambientales y su compromiso de cerrar el paso al tráfico sexual de mulatas y mestizas hondureñas que llenan las fosas clandestinas de México porque, “una vez inservibles, las desaparecen”, agrega la analista.

La hazaña consistió en celebrar la elección más pacífica en la historia del país, la de mayor participación del electorado (el 70 por ciento), en la que la triunfadora logró mayor diferencia sobre su adversario inmediato y sin que se impugnara el resultado. Este triunfo se logró en una campaña desigual, cuando la reacción cobró la vida de 28 candidatos.

Grandes desafíos pueden sabotear el programa del movimiento que reúne a los partidos Liberal y Refundación (LIBRE, de Xiomara), Salvador de Honduras (de Salvador Nasralla), Unido e Innovación Democrática y los sectores del Liberal del expresidente Luis Zelaya (esposo de Xiomara).

Tras el golpe contra éste, se precipitó la virtual dictadura del capital financiero en Honduras. El neoliberalismo agudizó el histórico autoritarismo, la desigualdad sistémica y la emigración. De ahí que para detener esta inercia, Xiomara y su movimiento formularon 30 promesas a cumplir en 100 días.

Sus prioridades son finalizar el régimen de oprobios y garantizar a los hondureños con una gestión de cero corrupción; emprender acciones efectivas de justicia social; derogar el empleo por horas, recuperar la empresa nacional de energía eléctrica; eliminar leyes contra los derechos sociales de los hondureños y reducir salarios de altos funcionarios.

Castro se propone ejercer relaciones internacionales “libres y sin presión”; suprimir las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y negociar cada una de sus iniciativas con las fuerzas en el Congreso. La crisis estalló en ese poder y si bien la presidenta mostró su capacidad de liderazgo, confirmó que las élites no están dispuestas a darle un minuto de descanso.

La estrategia de la oposición acentuó la percepción de caos en el Congreso, cuando estallaron golpes y gritos entre legisladores que incumplieron el acuerdo de nombrar presidente del Congreso (que tiene 128 diputados) a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras.

Con visión golpista, el opositor Partido Nacional, con 43 diputados, abultó los resultados y exigió liderar el legislativo. Xiomara convocó a los 50 diputados de su partido para respaldar el liderazgo del político anticorrupción, Luis Redondo, pero faltaron 20 diputados.

Estos legisladores se alinearon con el diputado de Partido Nacional, Jorge Cálix, que siempre ha votado por las iniciativas del régimen represor para designarlo como líder del Congreso. Esos 20 disidentes de LIBRE encabezaban la contrarrevolución y frenaban la transición hacia la democracia cuando integraban la mayoría que controlaría el Poder Legislativo.

El trasfondo político de este caos consiste en perpetuar el cargo de presidente del Congreso como un poder fáctico que pacta con las bancadas, alcanzar beneficios político-económicos y presentarse como futuro candidato presidencial.

Con Cálix al frente, su fracción y aliados desgastarán al gobierno; obstaculizarán su prioridad de desmontar la corrupta estructura de poder, al impedir la renovación de la Corte Suprema de Justicia y la derogación de concesiones territoriales a las ZEDE.

En un gesto concertador, la presidenta ofreció a Cálix ser Coordinador de Gabinete, pero él y su fracción lo desdeñaron. Los primeros beneficiarios de esa crisis son el expresidente Juan Orlando Hernández, que al unirse al Parlamento Centroamericano intenta librar la extradición a EE. UU., que lo acusa de narcotráfico, mientras su hermano está preso ahí por tráfico de cocaína, refiere el analista Javier San Vicente Meztu.

Expolio y violencia

Esta clase político-económica es la que por décadas ha detentado el poder en Honduras mediante el saqueo del enorme potencial agropecuario y minero del país. En los años 80 permitió que su territorio fuera utilizado como plataforma de la contrarrevolución en Nicaragua y lo convirtió en zona de tráfico de narcóticos, armas y personas con destino al mercado estadounidense.

Las corporaciones internacionales lucran con la mano de obra barata (en EE. UU. reside al menos un millón de hondureños) y controlan la producción y comercialización de productos y recursos de la tierra hondureña. A precios irrisorios, EE. UU., Reino Unido, Canadá, Alemania y otras potencias, adquieren azúcar, cacao, café, plátano, aceite de palma, melones, sandías, legumbres y otros frutos.

Durante varios años, estos centros del capitalismo internacional han recibido un flujo constante de oro, plata, hierro y acero de Honduras. La extracción, producción y comercialización de esta riqueza está en manos de empresas trasnacionales que dejan migajas a la oligarquía local. Ambos actores operan con el objetivo de ampliar su concentración de riquezas.

El resultado: Honduras es un país pobre y desigual donde campean la corrupción, la violencia desde el Estado y el descrédito del poder público. La pandemia terminó de desmantelar su economía; este año solo crecerá entre el 3.2 y 5.2 por ciento, según estima el Banco Central.

Aliado al acecho

La oligarquía hondureña ha sido la aliada histórica de su similar de EE. UU. En septiembre pasado, con el discurso de que favorece el esfuerzo del país para fortalecer la gobernabilidad democrática, las elecciones libres, y desalentar la inmigración irregular, el Departamento de Estado sostuvo que trabaja ahí para atender retos regionales como la lucha contra la corrupción, las redes criminales trasnacionales, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, el tráfico de personas y la protección ambiental.

Sin embargo, el análisis geoestratégico observa a Joseph Robinette Biden como un estratega del supuesto New Deal, que aparenta un cambio en la lógica política del mismo país que alentó el golpe de 2009. Mientras la oligarquía plantea acercarse a la sociedad civil, mantiene su cohesión con el empresariado, con la que sostuvo a tres gobiernos del Partido Nacional y la fraudulenta reelección de Orlando Hernández.

A Biden le importa mantener su presencia en Centroamérica en medio de la disputa que el capital corporativo trasnacional y su país libran con la República Popular de China. Ahora, más que nunca, Washington está apurado por mostrarse solidario, pues Xiomara ofreció mantener una relación enriquecedora con el coloso asiático, incluso a costa de –eventualmente– romper con Taiwán.

Por eso, Biden envió a la región a su vicepresidenta Kamala Harris, quien animó a las firmas estadounidenses y sus aliados a invertir no solo en Honduras, Guatemala y El Salvador, sino en toda la región. Sus objetivos radican en convencer a los potenciales migrantes de esos Estados de quedarse en casa, como declaró Nicole Narea y, a la vez, contrarrestar la presencia de China y Rusia.

Pese a esa intención, aumenta la emigración hondureña hacia EE. UU. El fenómeno es producto de una estrategia de violencia e inseguridad que perfiló contra los más pobres; y tras el golpe, escalaron la incertidumbre y el hartazgo por la emergencia sanitaria, cuyo proceso de vacunación ha sido tardío.

Al analizar el triunfo de Xiomara Castro, Jennifer Ávila de The Washington Post, admite que Juan Orlando Hernández “instauró una autocracia”. Y fue en este contexto en el que se impulsaron las caravanas migratorias que, para Biden, son una de sus cinco prioridades. Si no controla esta migración –que asocia a la inestabilidad en Centroamérica– el éxodo masivo escalará hacia su país.

Pruebas a superar

El gobierno entrante de Honduras enfrenta un escenario global adverso. El capitalismo está en una nueva fase de consolidación que impulsa la digitalización y financiación de la economía. Para esta nación, básicamente exportadora de minerales y productos agrícolas, la cuarta revolución industrial parece muy remota.

Alcanzarla significaría que la izquierda en el gobierno se fortalezca y dinamice la economía con base en sus proyectos. La prioridad consiste en desarrollar al país y, para lograrlo, necesita desmantelar cada ley retrógrada y reformar el anterior régimen, que se ampara en la corrupción, explica el director del Centro de Documentación de Honduras, Víctor Meza.

Además es imperativo que resuelva a su favor la crisis en el Congreso. Solo así prosperarán sus iniciativas. A la vez debe restituir la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH), que disolvió el gobierno anterior. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffi, aseguró: “No hay país en el mundo que salga de la pobreza con corrupción”.

El partido LIBRE identificó la falta de empleo como el factor más grave, pues incluso personas con educación superior no lo encuentran, revela el analista Raúl Pineda. Este problema influyó para que, solo en 2021, salieran de Honduras más de 12 caravanas, de las que EE. UU. ha expulsado a unos 50 mil migrantes sin visa, que hoy esperan en México retornar a la superpotencia. Esta presencia causa presión demográfica en las ciudades mexicanas.

El gobierno actual debe resolver la infiltración de la delincuencia trasnacional en muchas de sus dependencias para combatir al narcotráfico y la delincuencia de cuello blanco, como denuncia la directora del Observatorio de Violencia, Migdonia Ayestas. Igual, enfrentará la presión de la iniciativa privada respaldada por las ONG como Seattle International Foundation y el U.S. Institute for Peace.

En el contexto internacional, la relación con Taiwán puede terminar en favor de nuevos lazos con China; además, establecerá vínculos con Cuba, Venezuela y Bolivia. Washington no lleva buena relación con los gobiernos de Nicaragua y El Salvador y enfrió sus nexos con Guatemala; así que perder Honduras sería el colmo. Para evitar ese giro, Biden envió a su representante en la región, Brian Nichols.

Superar las desventajas objetivas ante la actual fase capitalista solo será posible si Honduras mantiene su agenda de izquierda. Solo así, el gobierno tiene posibilidades de avanzar y vencer la lógica subversiva de los obstáculos que el capitalismo genera, como es el caso del narcotráfico, la militarización de la seguridad pública y el clientelismo.