México ha destacado como uno de los países con más desigualdad, tanto en el grupo de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, como en los de América Latina. Cuando rindió su protesta, el actual Presidente declaró que durante su mandato el Estado se ocuparía de disminuir las desigualdades, a fin de garantizar al pueblo salud, educación y seguridad social. Sin embargo, las acciones que ha anunciado en sus primeros cuatro meses de gobierno evidencian que el objetivo real de su administración no es de ninguna manera reducir la brecha de la desigualdad entre los mexicanos.

A partir del 1º de enero de este año, el salario mínimo aumentó un 16 por ciento, con lo que alcanzó los 102 pesos. En primer lugar, este aumento es insuficiente para que los trabajadores puedan adquirir los bienes que necesitan para tener una vida digna. En segundo, la Comisión Nacional del Salario Mínimo decidió aplicarlo solo a las personas que perciben un salario mínimo; éstos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, son 8.7 millones de mexicanos, de los cuales 4.2 millones son trabajadores informales –que nada tienen que agradecerle al Presidente–, mientras que los otros 4.5 millones fueron los que recibieron el aumento. Tenemos, pues, que este incremento salarial, además de insuficiente, solo beneficia una mínima parte de los 53.4 millones de pobres que hay en el país.

Otra de las acciones anunciadas con bombo y platillo de parte del Gobierno Federal, es la puesta en marcha de los programas asistenciales, en los que este año se destinarán 317 mil millones de pesos del gasto del gobierno. Tres de estos programas consumen el 80 por ciento de este rubro: a) el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que consiste en un regalo de mano de obra del Estado a las empresas más grandes de México, sin que éstas se comprometan a contratar en el futuro a los jóvenes; b) la pensión para adultos mayores y c) las becas de educación media superior Benito Juárez. Los tres son de carácter universal, es decir, estos apoyos gubernamentales se entregan lo mismo a un adulto mayor que a un estudiante, independientemente de si pertenece al 10 por ciento más rico o al 10 por ciento más pobre. Esto significa que el dinero se otorga lo mismo a un estudiante que tiene que trabajar para ayudar a su familia, que a otro cuya familia le paga sus estudios en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Con esto, en lugar de mitigar la desigualdad, crea las condiciones para que ésta se siga reproduciendo a pasos acelerados.

Finalmente, la fracción parlamentaria de Morena había anunciado que promovería en el Congreso iniciativas de reforma a las leyes de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias y para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para eliminar comisiones en los servicios bancarios y que habrían disminuido en un 37 por ciento las ganancias de este sector empresarial. Sin embargo, el propio mandatario federal anunció posteriormente que no promoverá ninguna legislación que afecte a los banqueros con el argumento de que la competencia debe hacer su trabajo y que las comisiones se irán eliminando poco a poco. Desde 1980, el Estado mexicano ha apostado a la regulación de los precios por vía de la competencia y lo único que ha generado es la formación de monopolios y el crecimiento de la brecha de desigualdad.

La desigualdad es una de las consecuencias naturales del mercado y desde hace tiempo el Estado no solo sigue el principio liberal de “dejar hacer, dejar pasar”, sino que ahora ayuda a las grandes empresas a concentrar la riqueza producida por todos los mexicanos. Por lo tanto, el actual gobierno de la República no está realizando nada importante ni fundamental para atacar el problema de la desigualdad, ni el de la pobreza.