Estados Unidos solicitó a México consultas de resolución de disputas bajo el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) en el sector energético, dadas las violaciones en varios capítulos del acuerdo en el tema.

De acuerdo con el comunicado de la Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, las consultas están relacionadas con ciertas medidas de México que socavan a las empresas estadounidenses y la energía producida en EE. UU. a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tai acusa en el documento que estos cambios de política afectan los intereses económicos de EE. UU. en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar este recurso.

“Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, lamentablemente, las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México. Buscaremos trabajar con el gobierno mexicano a través de estas consultas para resolver estas preocupaciones para avanzar en la competitividad de América del Norte”, indicó.

El USTR señala que la ley de electricidad de México priorizaría la distribución de energía generada por la CFE sobre fuentes de energía limpia proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar.

Estados Unidos impugna una enmienda de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México que prioriza la electricidad producida por CFE sobre la electricidad generada por todos los competidores privados, así como la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de México de las capacidades de las empresas privadas para operar en el sector energético de México.

Además, reclama por una regulación de diciembre de 2019 que otorga solo a Pemex una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre según la norma de combustible diésel para automóviles aplicable en México.

Impugna, además, una acción de junio de 2022 que favorece a Pemex, CFE y sus productos en el uso de la red de transporte de gas natural de México. Estas medidas parecen ser inconsistentes con varias de las obligaciones de México bajo el T-MEC, incluso bajo los capítulos de Acceso al Mercado, Inversión y Empresas de Propiedad Estatal.