Uno de los sectores sociales que más votos aportó al partido en el gobierno, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es el de los adultos mayores, a quienes se comprometió aumentar el monto de sus pensiones y reducir de 68 a 65 años la edad para recibirlas; sin embargo, ante la política de puertas cerradas de que son objeto en Jalisco, hoy se encuentran menos dispuestos a seguir apoyando al gobierno de la llamada “Cuarta Transformaciónˮ (4T), pues cuando los “nuevosˮ y viejos abuelitos acuden a las oficinas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y a la delegación estatal de Jalisco de la Secretaría del Bienestar (SB) para tramitar su derecho a recibir la pensión, o a preguntar por la entrega de ésta, son objeto de ninguneo y sus reclamos se topan con el muro de la indiferencia y la burocracia.

Socorro Cervantes, con 65 años cumplidos, había esperado por mucho tiempo la posibilidad de recibir la pensión universal a través del programa social estelar de la 4T, pero las dependencias encargadas de realizar los trámites correspondientes por ahora no reciben sus documentos y no sabe cuándo podrá lograr el citado apoyo gubernamental.

En la misma situación se halla casi el 70 por ciento de los siete millones de mexicanos que actualmente tienen 65 años o más y, por lo mismo, cubren con el requisito único para integrarse al Programa para el Bienestar de los Adultos Mayores del Gobierno Federal. Sus nombres figuran ya en las listas, pero éste se tarda en enviarles el recurso ofrecido.

Para Ángel Eduardo Ruíz Buenrostro, catedrático del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UdG), la administración federal actual ha desvirtuado esta prestación social, sobre la cual ha realizado estudios de su origen y entrega.

Ruíz Buenrostro afirma que la pensión no ha sido debidamente reglamentada por el gobierno y el Estado mexicanos, porque si bien es cierto que ya es una garantía constitucional, aún no cuenta con una ley reglamentaria que transparente su aplicación, ya que es una pensión diferente a la jubilatoria.

El investigador explicó que la pensión jubilatoria es un derecho que se origina con las aportaciones patronales, a las que se denomina pensiones contributivas y son distintas a las pensiones no contributivas, como es el caso de las que entregan a través de los programas asistenciales de los gobiernos con base en los recursos públicos.

En el caso de las pensiones contributivas, hay completa certidumbre porque cada año son revisadas por una comisión gubernamental, patronal y laboral; pero en el caso de la pensión de adultos mayores, hay incertidumbre por la forma con la que el gobierno decide sus requisitos y su monto, que hasta ahora los ha realizado conforme a los tiempos político-electorales.

El abogado recordó que cuando arrancó el programa, la pensión se otorgó a los adultos de 68 años o más; pero luego el mismo Presidente anunció la reducción de este requisito a los 65 años y, poco antes de las elecciones del pasado seis de julio, anticipó que cada año aumentarían su monto hasta alcanzar casi el doble que tuvieron a partir de 2019.

Cierran oficinas para evitar reclamos

A inicios de septiembre, las delegaciones del Inapam y la SB en Jalisco estuvieron cerradas, y hasta los mismos guardias de seguridad del Palacio Federal en Guadalajara, ubicados en las calles Hospital y Alcalde, desconocían la causa de su clausura temporal y la fecha de la posible de su reapertura.

Cientos de adultos mayores –sobre todo los de 68 años y más– se retiraron con mucha molestia, porque la mayoría descubrió que sus visitas infructuosas se debían a una actitud deliberada del Gobierno Federal. En Jalisco hay poco más de 240 mil adultos mayores de 68 años que podrían tramitar su pensión del programa estelar de la 4T.

Antes de las elecciones de junio de 2021, el Gobierno Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reglas de operación de este programa de pensiones, en las que se establece que podrán solicitar el apoyo las personas mayores de 65 años que no reciban un apoyo mayor a mil 92 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión, y que los adultos mayores recibirían tres mil 100 pesos bimestrales.

De acuerdo con estadísticas de la SB en Jalisco, en esta entidad reciben este apoyo alrededor de 450 mil adultos mayores de 68 años; pero a esta lista se sumarían los más de 240 mil adultos mayores de 65 años, de acuerdo con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En Jalisco hay 10 centros de integración en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco, además de otros 20 que operan en otras regiones del estado. Este semanario constató que los centros instalados en la Zona Metropolitana de la capital jalisciense no estaban operando, y que nadie sabía por qué.

Socorro Cervantes comentó que a los jubilados, pensionados y adultos mayores se les trata muy mal, que no se les atiende como debe de tratarse a personas con problemas de movilidad y se les obliga a acudir en varias ocasiones a diferentes sitios para hacer el mismo trámite.

Denunció que los trámites son lentos y engorrosos y que los empleados del Inapam son desatentos; que las oficinas cerraron en septiembre y que, desde entonces, la única información disponible fue a través de un letrero con el anuncio de la posible reapertura en octubre. Lo mismo sucedió en la delegación federal de la SB y los solicitantes debieron esperar más de un mes para completar sus trámites.

Cervantes se siente engañada porque con la pensión esperaba cubrir sus necesidades de alimentos, pagar la renta de la vivienda y hasta adquirir alguna ropa. Reveló que la mayoría de quienes acudieron a hacer esos trámites no tienen pensiones de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

En 2021, el Gobierno Federal proyectó destinar uno de cada cinco pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para programas contributivos y no contributivos, lo que los posiciona como uno de los principales ejes del gasto público. Los adultos mayores que reciben pensiones contributivas fueron quienes realizaron labores formales y contribuyeron a los fondos de pensiones del IMSS y el ISSSTE.

La pensión no contributiva se otorga a los adultos mayores que nunca estuvieron en una institución de salud o asistencial pública y que, por lo mismo, no hicieron aportaciones personales. Por ello, las pensiones no contributivas son aportadas por el Estado a través del presupuesto público.

En 2013 se creó el Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) como sucesor del Programa de Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales. La nueva versión del programa redujo la edad de acceso a 65 años y tenía la finalidad de cubrir a todos los adultos mayores que no tuvieran acceso a pensiones contributivas mayores de mil 92 pesos, según el DOF 2013.

El monto de esta pensión se mantuvo en 580 pesos mensuales de 2014 a 2018; pero a partir de 2019 se aumentó a mil 275 pesos, cifra que no cubre las necesidades básicas de los adultos mayores. En ese mismo año también se cambió el nombre a Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

En esa ocasión se modificó el requisito de edad, y aunque se mantuvo en 65 años en comunidades indígenas, se estableció en 68 años para los no indígenas, se le incrementó el monto y se declaró universal, es decir, para que se entregara a todos los mexicanos con esas edades sin considerar si son pobres, de clase media, solventes o ricos.

Pensiones: estrategia electoral

En marzo de 2021, antes de que iniciara el proceso electoral de este año, el Gobierno Federal anunció que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores sería entregada de nuevo a partir de los 65 años a nivel nacional, y que el monto aumentaría de forma gradual para que en 2024 se entregaran tres mil pesos mensuales.

Esta decisión, sin embargo, no consideró el impacto del aumento en el presupuesto federal, el incremento de los beneficiarios, la actualización de las nóminas y la entrega de los apoyos en los estados, además de los problemas internos o burocráticos del programa.

En el nivel estatal se ofrecen diversos apoyos a los adultos mayores, especialmente para el grupo de entre 65 y 68 años que no es elegible para recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Si se reduce el requisito de edad, será necesario modificar o cancelar tales apoyos para evitar su duplicidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En 2020 y 2021, los programas sociales de apoyo alimenticio para adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad se otorgaron en la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas; para tratamientos médicos gratuitos o atención a enfermedades específicas, en Hidalgo, Morelos, Querétaro y Veracruz; y apoyos económicos para combatir la pobreza, en Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Jalisco.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados presentó un reporte particular sobre la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en 2019, en el que se detectó que 695 mil de sus 8.1 millones de beneficiarios no contaban con la planilla de etiqueta de seguridad, lo que impide saber si efectivamente recibieron la pensión. La auditoría reveló que el programa incluye beneficiarios que no cumplen con los requisitos, que hay pagos duplicados y que el dinero en efectivo se “entrega” inclusive a personas fallecidas.

Los beneficiarios que recibieron pagos duplicados fueron 511; las personas fallecidas que recibieron pensión fueron 234, sus actas de defunción datan de 1977 (ASF 2021); y a 77 mil beneficiarios se les entregó dinero en tarjeta a pesar de no contar con CURP.

A estas irregularidades hay que agregar 10 mil 643 millones de pesos cuya entrega a adultos mayores no pudo comprobar la ASF. Esto, evidentemente aumenta el riesgo de que estos problemas se propaguen y se pierda la confiabilidad de la pensión.

Para el experto de la UdG, el programa de adultos mayores debe contar con mejores mecanismos para identificar a los beneficiarios y para que haya una clara rendición de cuentas sobre su control y evitar la opacidad en el gasto público. Ruiz Buenrostro propuso el uso de herramientas digitales como el blockchain o Bitcoin que son de bajo costo y aumentarían la transparencia del programa y en general del gasto público.

La pensión no contributiva beneficia especialmente a trabajadores informales y mujeres; y por su carácter universal e incondicional se convierte, a menudo, en la única fuente de ingresos para adultos mayores que se dedicaron a cuidados en el hogar, a labores agrarias o artesanales.

Sin embargo, su costo inmediato y de mediano plazo requerirá mayor financiamiento y será difícil de cubrir en los próximos años. El gobierno necesitará un presupuesto equivalente al 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 para atender a los 12 millones de adultos mayores de 65 años que entonces habrá en el país.

Esto implica que el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas se ubicará en el 6.5 por ciento del PIB, cuya cobertura financiera obligará al Gobierno Federal a aumentar ingresos fiscales o redirigirlos de otras áreas de la administración, especialmente después del “socavón” provocado por la pandemia de Covid-19.

La mejora de la pensión no contributiva debe ir acompañada de una discusión profunda sobre el sistema de pensiones que incluya los cuatro pilares, pues los problemas relacionados con su costo pueden atenuarse si existiera una coordinación entre los gobiernos Federal y estatales y si se replantea el papel de las pensiones no contributivas en el sistema.

Adecuar el sistema de pensiones considerando el ingreso entregado mediante la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores puede generar mayores ingresos en la vejez, un mejor uso de recursos públicos y, en general, un mayor bienestar para los adultos mayores.