Desde diciembre de 2018, a partir de la toma de posesión del nuevo Gobierno Federal y del inicio del nuevo gobierno estatal en Veracruz, las instituciones públicas del Puerto, Boca del Río, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba y Coatzacoalcos han sufrido severos recortes. La Secretaría de Administración Tributaria (SAT) veracruzana recibió el recorte más agresivo, ya que despidió a una tercera parte de los 450 “empleados de confianza” de esta institución, los trabajadores fueron obligados a firmar su “renuncia voluntaria”.

Luis Alonso Cardel Garcés laboraba en el área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde 2001. El 20 de diciembre, junto con otros de sus compañeros, le informaron que sus servicios ya no serían requeridos, sin darle mayor información sobre su despido y sin que importaran los 17 años que había trabajado en la Secretaría.

El 21 de diciembre, en Córdoba, fueron despedidos 150 empleados de las áreas Jurídica, de Recaudación y de Auditoría; 90 de ellos tenían más de 25 años laborando en esa oficina. Y como no les pagaron su finiquito, su aguinaldo ni el equivalente de sus vacaciones pendientes, iniciaron una serie de manifestaciones afuera de sus centros de trabajo, y el dos de enero, acudieron a Palacio Nacional para exigir una explicación.

Permanecieron ahí hasta el 14 de enero. Entre ellos se encontraban Gloria Elena Vélez y Luz del Carmen Díaz, quienes revelaron a buzos que pese a ser atendidas por el titular nacional del área de Recursos Humanos del SAT, no lograron revocar sus despidos, por lo que continuarán en la defensa legal de sus derechos y seguirán impugnando la forma arbitraria con que fueron destituidas. Díaz, quien era auditora fiscal en Córdoba, dijo que el funcionario federal solo habló de una supuesta reubicación de oficinas del SAT en Veracruz.

Fue así como en esta entidad se concretó uno de los 50 puntos del Plan Sexenal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en el que se anunció la eliminación de 318 mil plazas laborales en la administración federal 2018-2024, equivalentes al 70 por ciento de la estructura burocrática federal de “confianza” o no sindicalizada.

Fuera médicos y enfermeras

Además del despido masivo en el SAT, otro de los sectores burocráticos de Veracruz más afectados fue el de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El 1º de enero, cerca de 260 trabajadores de ese instituto, entre ellos médicos y enfermeras de las clínicas familiares de Ciudad Mendoza, Río Blanco, Tehuipango y Tlaquilpa, municipios muy cercanos a la Sierra de Zongolica, fueron despedidos mediante mensajes enviados por correo electrónico.

Todos pertenecían al Sindicato Nacional Libre de Médicos y Trabajadores del IMSS (SNLMTIMSS), algunos contaban con casi 20 años de antigüedad dentro del régimen de contrato por honorarios. El líder sindical, Heriberto Rossete Martínez, calificó de inconcebible el despido, porque formaban parte de la plantilla de base del IMSS, junto con más de 80 mil médicos y enfermeras de todo el país, quienes trabajaban más de ocho horas al día y cubrían guardias.

“Exigimos nuestras prestaciones, servicio médico, derecho a incapacidad, maternidad, aguinaldo, vacaciones, y cuotas del Instituto para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y otras más”, dijo Rosete Martínez al inicio del paro de labores que iniciaron en demanda de su reinstalación.

El Anuario Estadístico y Geográfico, del Instituto Mexicano de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), informa que en el país existe un médico por cada 348 habitantes y en Veracruz solo hay uno por cada 596 habitantes. Con los despidos de diciembre, esta cifra estatal se reducirá alarmantemente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que para alcanzar en todo el mundo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 2030, es necesario agregar a las plantillas médicas nacionales al menos 23 millones de trabajadores de la salud.

Este incremento de personal tiene como objetivo el logro de 16 metas sanitarias en 67 países de ingresos medianos y bajos, entre los que se encuentra México. Entre esas metas se halla la de evitar 97 millones de muertes prematuras (una cada cinco segundos durante 15 años) y 20 millones de fallecimientos debidos a enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Estos objetivos no parecen estar considerados en el Plan Sexenal de Gobierno del morenista, Cuitláhuac García Jiménez, quien apenas tomó posesión de la administración estatal se dedicó a despedir personal burocrático de confianza en cada una de las dependencias locales.

El 14 de enero, sindicalizados de las secretarías de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Desarrollo Social (Sedeso) y Finanzas y Planeación (Sefiplan) protestaron por su despido injustificado. Acmer Antonio Galicia, secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Judicial (SEPJ), afirmó que, aunque no se tiene una cifra exacta, el número de los despedidos por el gobierno de Morena en Veracruz asciende a más de 200 personas.

 “Son cientos de despedidos no nada más en el Poder Ejecutivo sino también en el sector educativo”, denunció y aclaró que en muchos casos la mayoría de los afectados cubrían jornadas laborales de 12 horas, al igual que la mayoría de sus compañeros que todavía permanecen en sus trabajos. 

El recorte también alcanzó al Museo Interactivo de Xalapa (MIX), cuyos últimos 34 trabajadores fueron despedidos el 12 de diciembre; los exempleados de inmediato se movilizaron para protestar en demanda del pago de sus salarios, aguinaldos y otras prestaciones. La administración estatal anunció que el inmueble desalojado sería utilizado como oficina administrativa.

Pero las amenazas de despidos y desalojos continúan en contra de otras dependencias estatales y federales. El “superdelegado” federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, adelantó que aún evalúan la salida de los 77 titulares de las delegaciones que hay en el estado. “Se están haciendo evaluaciones. La ley nos lo permite hasta 180 días para ver el nivel de las representaciones federales que existen en el plano de una política de austeridad republicana”, dijo en fecha reciente.

Despidos en la agenda legislativa

Sobre los despidos masivos, la diputada federal priista Anilú Ingram Vallines dijo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) vigilará que, de concretarse, se hagan conforme a lo que establece la Ley del Trabajo.

Correrlos –prosiguió– implica muchos costos: desde el económico, por el pago de liquidaciones e indemnizaciones por las denuncias en cascada que ya se observan; el debilitamiento de la estructura gubernamental y, por supuesto, por dejar en la calle a más de 222 mil familias que se quedan sin su fuente de ingresos.

“A los diputados nos preocupan las formas, pues este histórico recorte de la burocracia –porque nunca se había echado a tanta gente a la calle– fue en la gran mayoría de los casos sin liquidaciones, pese a que tuvieran 10, 15 o 20 años laborando, y obligándolos a firmar su renuncia, como lo denunciaron en su momento, sin respeto alguno a la ley”, apuntó la legisladora veracruzana.

Ingram Vallines advirtió asimismo que la eliminación de prestaciones laborales a más de dos mil trabajadores al servicio del Estado, entre las que se cuentan los servicios de salud y sociales, provocará problemas de atención, pues al no contar con éstos tendrán que afiliarse inmediatamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Sin embargo, hace unas semanas el propio director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció el despido de tres mil trabajadores de confianza.

“Habría que preguntarse, paradójicamente, ¿cuántos de los trabajadores del SAT despedidos en Guanajuato y Veracruz tendrán que trabajar, orillados por la necesidad, en el comercio informal para llevar alimento a sus hogares y pagar las cuentas? A estos despidos se suman los trabajadores despedidos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); de ProMéxico, perteneciente a la Secretaría de Economía (SE); de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y, por supuesto, de varios estados en donde hubo cambio de gobierno, entre ellos Veracruz”, subrayó.

Por su parte, el también diputado federal veracruzano, Héctor Yunes Landa, aseveró que se requiere reforzar a los servicios de salud en México, con la contratación de más médicos y especialistas, pero que la nueva administración federal actúa en contrasentido y ordenando una “limpia” masiva de los profesionales de la salud en los hospitales del país.

“Se han realizado despidos a pesar de que los afectados tenían contrato; y muchos de ellos más de 20 años de antigüedad. Una muestra clara de que lo único que promueve la Cuarta Transformación es el desempleo”, indicó el vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro.

El impacto de los recortes a la burocracia ya se reflejó en las estadísticas de empleo. Según datos del Inegi, en noviembre de 2018 había 741 mil 774 empleos formales en Veracruz, pero en diciembre, después del primer mes de gobierno morenista, la cifra disminuyó a 741 mil 274. Una reducción de 500 plazas menos, equivalente al 0.07 por ciento. En el país, el número de bajas laborales fue de 378 mil 561, cifra de reducción equivalente a menos del dos por ciento.

De acuerdo con las nuevas autoridades de Morena en el gobierno estatal, los recortes en Veracruz concluirán el próximo 31 de marzo, fecha en la que el gobierno morenista cumplirá 120 días.