El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entregará al Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre su III Informe de Gobierno en el que habrá muchos más escándalos políticos de qué hablar que obras públicas que reseñar y encomiar.

En efecto, a la mitad de su administración publica, García Jiménez solo puede presumir que en su Secretaría del Trabajo han despachado tres mujeres; que su secretaria de Turismo desconoce qué municipios de Veracruz tienen playa; que su secretario de Salud es una persona grosera y soez; que su secretario de Gobierno invade las funciones de sus compañeros y que la Fiscalía General del Estado (FGE) suele quedarse con los valores y las cosas incautadas.

Además, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los primeros tres años de la administración de García Jiménez han sido sumamente violentos, ya que en 2019 se registraron 89 mil 822 delitos, de los cuales dos mil 393 fueron homicidios, 298 secuestros y 104 feminicidios; en 2020 hubo 79 mil 259 delitos, de los cuales dos mil 178 fueron homicidios; 122 secuestros y 76 feminicidios y que hasta agosto de este año se habían denunciado 59 mil 600 ilícitos, de los cuales mil 400 fueron homicidios, 36 secuestros y 50 feminicidios.

Pese a que en este trienio se habían registrado 231 feminicidios, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no tiene directora desde que inició la administración y en su lugar hay una encargada de despacho.

Entre los hechos más sangrientos del actual gobierno morenista destaca la ejecución de 12 personas en el sureño municipio de Las Choapas, el pasado 12 de enero; esta masacre es la que tiene hasta hora el nada honroso primer lugar nacional por el número de víctimas. También resaltan otras con cinco muertos en Xalapa, el día 20 de enero; en Omealca, el 29 de julio; y en Cosoleacaque, el 16 de septiembre.

En 2020 se contabilizaron ejecuciones con múltiples muertos en Papantla, el tres de abril; el 30 de mayo, en Tierra Blanca, con saldo de siete personas muertas; el 10 de junio, en Omealca; el 25 de agosto, en Coatzacoalcos, con seis ejecutados; cinco más el 18 de octubre, en Jesús Carranza y, un día después, cuatro en San Rafael. El 28 de diciembre hubo otros cuatro muertos simultáneos en Astacinga.

El 19 de abril de 2019, en un salón de fiestas de Minatitlán donde se celebraba un convivio familiar, irrumpió un comando que disparó directamente contra un grupo de personas: el saldo fue de 14 muertos, entre ellos un bebé de apenas un año. Cuatro meses después –el 27 de agosto– el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos fue atacado por un comando que entró disparando, degolló al menos a dos personas y roció gasolina para después prender fuego al lugar. Inicialmente se computó la muerte de 23 personas, pero al final fueron 30 las víctimas.

A esta macabra contabilidad hay que sumar el asesinato de presidentes municipales en funciones, exalcaldes y diputados locales, como fueron los casos de Maricela Vallejo Orea, de Mixtla de Altamirano; de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín –en cuyo caso, su hijo y hermano ha denunciado que la FGE hizo perdedizas las joyas que portaban– y, entre otros, del priista Juan Carlos Molina Palacios.

Obras de dudosa calidad

En marzo de este año, el mandatario veracruzano subió un video a sus redes sociales en el que mostraba la obra de pavimentación del camino de Cerrillos de Díaz-Jacales-El Madroño, en el municipio de Alto Lucero, con una inversión de 20 millones 334 mil pesos, provenientes del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH).

Esta nueva vía fue destrozada por el huracán Grace seis meses después, el 17 de septiembre; y cuando se preguntó a García Jiménez por qué su reconstrucción estaba siendo ejecutada con fondos estatales, explicó que la fianza suscrita con la empresa Construcciones Pale Ríos, S. A. de C. V., no contemplaba un seguro contra desastres provocados por “fenómenos meteorológicos”.

Además del desembolso por esta obra, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), a cargo de Elio Gutiérrez, debió atender otros tramos carreteros afectados por el fenómeno, como ocurrió con las carreteras Coacoatzintla-Banderilla-Misantla; Actopan y Úrsulo Galván/Carretera Zempoala-Santa Rosa y diversos tramos de la carretera Actopan-Xalapa-Naolinco-Coatepec.

El Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la Universidad Veracruzana (UV), encabezado por Hilario Barcelata Chávez, dijo que Veracruz vive una grave situación en materia de salud pública, pues actualmente el número de veracruzanos sin acceso a atención médica y medicamentos gratuitos es de dos millones 509 mil personas, cifra que representa el 30 por ciento de la población estatal. Esto ubica a Veracruz en el tercer lugar entre los estados con mayor carencia en servicios médicos.

Explicó que, en los últimos dos años, la población sin acceso a los servicios de salud se incrementó de un millón 170 mil personas, es decir una alarmante alza del 89 por ciento, toda vez que pasó de un millón 330 mil personas a dos millones 509 mil. Este aumento ubica a Veracruz en el segundo lugar nacional entre los estados con menor atención sanitaria, solo superado por el Estado de México.

El académico detalló que esta debacle en la oferta sanitaria oficial se debió a la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ya que con el anterior sistema se atendían cuatro millones 197 mil personas y el actual, solo potencialmente, a tres millones 71 mil, según datos de 2020. Es decir, en los dos últimos años se quedaron sin servicios de salud un millón 176 mil veracruzanos.

“Esta reducción sucedió en todo el país, pero en algunos estados como Veracruz la pérdida del acceso a servicios médicos y medicinas fue mayor, por lo que el estado se ubica en tercer lugar entre los estados donde hubo mayor pérdida, sólo superado por el Estado de México y Jalisco”, abundó.

Desde que inició la pandemia de Covid-19, la Secretaría de Salud (SS) reportó más de 119 mil casos confirmados en la entidad, de más de 248 mil 500 eventos analizados al cierre de esta edición. Si bien se han recuperado más de 104 mil pacientes, y están en vigilancia mil 200, la dependencia contabiliza más de 14 mil decesos.

Pobreza y hambre

El Observatorio de la UV hizo también un análisis del avance de la pobreza en la entidad. Actualmente hay cuatro millones 750 mil personas en esta situación, cifra que ubica al estado en el segundo lugar nacional entre las entidades con mayor pobreza. Esto significa –explicó– que más de la mitad de la población, el 58.6 por ciento se encuentra en esta situación adversa y que seis de cada 10 veracruzanos son pobres.

Veracruz supera en número de pobres a otros estados con gran pobreza, entre ellos Chiapas, que cuenta con cuatro millones 218 mil pobres; Oaxaca, con dos millones 570 mil y Guerrero, con dos millones 363 mil. Estas cuatro entidades se distinguen en todo el país por las enormes carencias que tiene gran parte de su población.

“Todo esto expresa un gran rezago social y, por lo mismo, hace de la pobreza uno de problemas más graves y de urgente atención en el estado”, dijo el especialista al tiempo que comentó que esta situación resulta más grave si se analiza la pobreza derivada exclusivamente del nivel de ingreso de las personas.

En Veracruz hay cinco millones 281 mil personas –el 64.5 por ciento de la población– cuyo ingreso mensual es inferior a la línea de pobreza que equivale a mil 688.57 pesos, que es lo que cuesta una canasta básica alimentaria.

“Este dato ubica a Veracruz en segundo lugar entre los estados con mayor cantidad de personas con ingreso muy reducido. Este bajo nivel de ingreso ha llevado a gran parte de la población veracruzana a una situación de ‘inseguridad alimentaria’, lo cual significa que su consumo alimentario está por debajo de los requerimientos necesarios o que padecen hambre de forma persistente durante periodos largos, ya que no tienen acceso ni físico ni económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana”, remató.

El reciente paso del huracán Grace empeoró esta situación en buena parte de Veracruz, ya que dejó miles de damnificados en 62 municipios de la entidad, Hasta ahora no se ha dado a conocer el número oficial de personas afectadas, pues el censo de la Federación aún no termina y los apoyos prometidos han llegado de manera tardía en algunos casos y en otros muchos, como en el de los productores agrícolas, no han llegado.

Las finanzas públicas

Pese a que el gobierno estatal ha presumido que sus finanzas son sanas, 2021 cerrará, dicho por el propio titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, con una deuda de cerca de 100 millones de pesos.

Cabe recordar que, hace unas semanas, la Federación adelantó a Veracruz recursos por mil millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y otros dos mil millones de créditos a largo plazo con Banorte y Banobras.

“Para el cierre de 2021, a pesar de que hemos utilizado la política de reactivación económica, hemos podido continuar con la reducción de la deuda, estimamos cerrar el 2021 en otros cerca de 100 millones de pesos de la deuda total. Esto se está haciendo gracias a la disciplina financiera y podemos usar ciertos créditos para infraestructura”, detalló el funcionario estatal.

Sin embargo, la FGE tiene adeudos por un monto de 360 millones de pesos a proveedores y contratistas, con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y por concepto de impuestos, según la Cuenta Pública de 2020 del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

En tres años, la administración estatal de García Jiménez ha realizado el mayor número de cambios en sus secretarías, entre las que resalta la del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP). En esta dependencia inició Guadalupe Arguelles Lozano, pero en abril de 2020 presentó “su renuncia”, luego de que su hijo, de 20 años de edad, fuera detenido en el municipio de Chicontepec por policías estatales supuestamente en posesión de drogas y alcoholizado a bordo de un vehículo de la dependencia.

La relevó Diana Estela Aróstegui Carballo, quien a su vez fue sustituida por la exdiputada federal morenista, de 31 años de edad, Dorheny García Cayetano el pasado nueve de septiembre.

En el DIF Estatal ha habido también cambios. Rebeca Quintanar Barceló renunció en marzo pasado por motivos personales; quedó a cargo del organismo Beatriz Victory Fernández y el pasado 13 de septiembre lo reasumió Quintanar Barceló.

En estos 36 meses, los integrantes del gabinete morenista han hecho declaraciones muy controvertidas y cuestionables, como ocurrió en febrero de 2020, cuando la secretaria de Turismo y Cultura (Sectur), Xóchitl Arbesú Lago, en una conferencia de prensa, invitó a la gente a la Fiesta del Petróleo y a que visitaran las playas de Poza Rica, aun cuando dicho municipio del norte de la entidad no tiene acceso al mar.

En junio de 2019, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, soltó a los reporteros la frase “no les embona ningún chile”, cuando le cuestionaban la falta de medicamentos oncológicos en la entidad.

Y el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, amagó a los periodistas de la capital del estado con la “recomendación” de que tuvieran cuidado al tratar el caso del exfiscal, Jorge Winckler Ortiz:

“Aquí va a haber un parteaguas que es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos, con esto que está pasando hoy en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”, soltó.

Tiempo después, Bertha Ahued Malpica, directora ejecutiva del periódico El Dictamen, dio a conocer un mensaje intimidatorio que, a través de WhatsApp, le envió el funcionario estatal luego de la publicación de una columna.

Aunado a lo anterior, hay voces que afirman que, una vez entregado el III Informe de Labores de Cuitláhuac García Jiménez, se iniciará la carrera por la sucesión en la gubernatura veracruzana. Dentro del gabinete estatal morenista hay varios que ya acarician esa posibilidad.