Joseph Robinette Biden prometió ser el último presidente de Estados Unidos (EE. UU.) que vería en funciones la prisión de Guantánamo, ubicada en Cuba, y el peor lugar del planeta que opera como campo de concentración. Sin embargo, solo ha transferido a uno de los 40 presos restantes de ese centro que funciona contra la voluntad del pueblo y del gobierno de La Isla. Los aliados de Washington permitieron a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) alojar a presuntos terroristas secuestrados en “sitios negros” donde no existe el Estado de Derecho. Ese proceso de deslocalización sigue vigente; y los republicanos en el Congreso de EE. UU. rechazan el cierre de esas instalaciones, lo cual confirma que, en la superpotencia, la justicia y la democracia representan una utopía.

En su “cruzada contra el terrorismo” de 2001, el gobierno de EE. UU. violó todos los principios del derecho internacional. Alentó operaciones clandestinas como la captura de cientos de personas sin orden judicial, a las que maniató, encadenó y privó de visión. Las transportó en vuelos cuyas bitácoras ocultó, las confinó en “sitios negros” que no figuran en mapas oficiales y donde las sometió a martirios inhumanos por tiempo indefinido.

Con estas prácticas en Abu Ghraib, Guantánamo y cientos de locales secretos en el mundo, EE. UU. mostró su poder totalitario y de exterminio. Aplicó la biopolítica de la tortura, porque su poder se agazapó sobre el cuerpo de sus detenidos para dominarlos. La superpotencia demostró que la vida de sus detenidos dependía del poder político y usó la tortura como dispositivo de eliminación, información y humillación.

La superpotencia usó estos centros de detención y las llamadas prisiones flotantes para torturar impunemente. Se ensañó en violentar los principios religiosos, sexuales y políticos de quienes considera como enemigos para conocer sus debilidades y humillarlos, denuncia el experto en biopolítica Benjamín Ortega Guerra.

Estos centros de confinamiento han sido también laboratorios para hacer análisis clínicos de excrementos, vómitos y saliva de los presos tras las sesiones de tortura; llamadas “técnicas de interrogación mejoradas” para obtener patrones estadísticos y establecer esquemas y saber si el prisionero se “quebraba” o mentía, refiere el analista Guadi Calvo.

Deslocalización y tortura

Basada en sus experiencias represivas antidrogas en América Latina, la CIA estableció Centros de Operaciones Antiterroristas (CTIC) que el sector de inteligencia denominó “agujeros negros”. Éste fue el proceso de deslocalización que confinó a los detenidos en otros países.

Esta práctica implicó la muerte de algunos detenidos, denunció Avery F. Gordon. Si bien, los aliados de EE. UU. se prestaron a todo, siguieron el enfático llamado del ministro del Interior francés, Charles Pasqua de que “hay que aterrorizar a los terroristas”.

La infraestructura carcelaria por deslocalización consumó las campañas de ocupación y expoliación de EE. UU. Ahí se interrogó a presuntos terroristas con tácticas que violan las cuatro convenciones de guerra que regulan el trato a los prisioneros, explica el analista Hugo Alconada. Aún operan con discrecionalidad varias de ellas, en complicidad con gobiernos aliados.

Las masivas incursiones y torturas a los reos suscitaron crecientes protestas que promovieron juicios contra los perpetradores, escribe en su ensayo El archipiélago de las prisiones secretas de la CIA el periodista y miembro de la Comisión investigadora del Parlamento Europeo, Giulietto Chiessa.

Ningún gobierno admite su participación en las violaciones al derecho internacional en guerra contra el terror. Todos sabían que se practicaba la tortura hasta el clímax para “quebrar” a los prisioneros hasta que revelaran sus planes contra la potencia.

El periodista político Tom Engelhart precisa: Por su naturaleza, el modelo penal que EE. UU. estableció desde el 11-S, fue un sistema de tortura. “Implantamos un sistema de injusticia en el extranjero con organización global, desde Guantánamo en Cuba hasta Afganistán. Se creó un Triángulo de las Bermudas de la injusticia, para dejar en la oscuridad extrajudicial lo que se hacía”.

De esto fueron cómplices Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Irlanda, España y Turquía. En Europa del este participaron Polonia, Rumania, Macedonia y Lituania; en Asia, Tailandia y Arabia Saudita y en África, Egipto, Marruecos y Sudáfrica, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los aliados de EE. UU. se prestaron a todo, bajo el principio del ministro del Interior francés, Charles Pasqua, de que “hay que aterrorizar a los terroristas”. Agentes de inteligencia aliados, así como funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa (Pentágono), optaron por la impunidad.

Pero paso a paso, organismos regionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) reunieron testimonios y evidencias para revelar los secretos de esas prisiones. En febrero de 2007, el Parlamento Europeo reveló que la CIA operó mil 245 vuelos secretos en ese continente; en 2009, el Instituto Trasnacional (TNI), especializado en instalaciones militares, estimó más de mil bases de EE. UU. en 100 países y/o territorios.

En febrero de 2013, la Fundación Open Society reveló que 54 países, ninguno latinoamericano, colaboraron con la CIA para establecer esas prisiones secretas, abrir su espacio aéreo y cooperar con la inteligencia de EE. UU.

Salieron a la luz nuevos detalles de las prácticas inhumanas de la CIA en febrero de 2020, que presenciaron agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Fue elocuente el testimonio de dos de los artífices de las torturas: los psicólogos James Mitchell y John Bruce Jessen, reveló Amnistía Internacional.

Sin experiencia en interrogatorios ni en materia de seguridad, ambos aportaron a la CIA “técnicas de interrogatorio mejorado” que sentaron las bases de la psicología del terror.

Así se institucionalizaron prácticas como encerrar a los presos en pequeñas cajas, aislarlos en condiciones extremas y privarlos del sueño.

Se los obligó a escuchar ruidos de alto volumen y a sufrir por largo tiempo luces estroboscópicas, así como a comer alimentos ajenos a su dieta de creyentes musulmanes. Se los desnudó por largos períodos y se les agredió sexualmente.

La CIA pagó mil 800 dólares diarios a Mitchell y a Jessen, cuya empresa recibió 80 millones de dólares hasta 2009, según investigó el Senado de EE. UU. Ante la Corte, Mitchell no se arrepintió y admitió que participó en el método de ahogamiento. Tras asumir la presidencia, Donald J. Trump afirmó que “funciona de verdad”, la técnica de interrogatorio del ahogamiento simulado.

Campo de concentración

Hace más de un siglo que la Base Naval de Guantánamo se asienta en 117.6 kilómetros cuadrados de suelo cubano; y el 11 de enero se cumplieron 20 años de que EE. UU. abrió en ese enclave el Centro de Detención para Terroristas (CDT) con el Campo Delta y el Campamento 7.

En ese aniversario, el general de división del Cuerpo de Marines, Michael Lehnert, que en 2002 abrió ese centro, consideró que retener sin cargos a prisioneros resulta contrario a los valores e intereses de su país. No obstante, tras el 11-S, esa base se convirtió en el campo de concentración más grande de EE. UU., con cientos de personas privadas de sus derechos.

Ícono de tortura y maltrato sistemático, los sucesores del expresidente George Bush prometieron clausurarla, pero han fracasado. Barack Obama alegó que es la prisión más cara del planeta, pues cuesta al año 150 millones de dólares (mdd) anuales, aunque otras fuentes defienden que en realidad son 500 mdd. Eso significaba 800 mil dólares por reo al año, cuando eran 166 detenidos; contra los 25 mil anuales que cuestan en una prisión de alta seguridad en EE. UU.

De los 800 detenidos que alojó ese Campo de Concentración durante dos décadas, solo nueve fueron acusados o condenados; nueve murieron, siete por suicidio. Hoy, los 39 prisioneros están enfermos y envejecidos, carecen de asistencia médica adecuada y de rehabilitación por la tortura sufrida, afirma la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Joseph Biden también es incapaz de cumplir su promesa. Aunque la Ley de 2012 lo autoriza a transferir a ciertos detenidos hacia sus países o a un tercero, la decisión está en manos de un Congreso renuente a juzgar en su territorio a esos presos.

Por 20 años, los republicanos han vetado la clausura de Gtmo, como se lo llamó en la jerga bélica. Sostienen que si se les juzga en EE. UU., pueden escapar y amenazar la seguridad; y alegan que si regresan a sus países de origen, reincidirían en sus planes terroristas.

A pesar de que el 31 de agosto de 2021, Biden anunció el “fin de la guerra contra el terrorismo”, como cruel mofa, el Congreso de EE. UU. aprobó la construcción de un Memorial de la Guerra contra el Terrorismo “para honrar a quienes sirvieron en el conflicto más largo en la historia de la nación”.

Biden pidió al Congreso eliminar toda restricción para trasladar a los detenidos de Guantánamo el 28 de diciembre, cuando firmó el presupuesto del Departamento de Defensa (unos 770 mil mdd). Pero el Congreso mantuvo su negativa de usar fondos para transferir a esos detenidos.

Descontentos porque Guantánamo sigue operando excancilleres, políticos y artistas latinoamericanos y 24 senadores demócratas exhortaron a Biden a que cierre esa prisión, considerada el “Símbolo del desorden y abusos contra los derechos humanos”. Para la organización Testigo contra la Tortura, debe terminar la existencia del centro de castigos más excesivos desde su apertura.