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Habitantes de la comunidad me’phaa de San Pedro Huitzapula Norte, en el municipio de Atlixtac, Guerrero, denunciaron una escalada brutal de ataques con drones cargados de explosivos y ráfagas de fusiles de asalto que han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Atlixtac se han registrado al menos 80 personas desplazadas, entre las que se encuentran 32 niños. 

Asimismo, medios locales indicaron que pobladores desplazados se resguardan en la comisaría municipal bajo condiciones precarias, mientras otras huyeron a los cerros.

Los ataques, que incluyen el incendio de al menos dos viviendas, se intensificaron desde el martes 12 de mayo y continúan hasta el día de hoy, viernes 15 del mismo mes.

Testimonios directos de los pobladores, difundidos por el Centro de Derechos Tlachinollan, revelaron que grupos armados utilizan drones para lanzar explosivos sobre viviendas y cultivos, mientras disparan desde posiciones elevadas en los cerros.

Asimismo, las familias denunciaron que la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ha sido claramente insuficiente, ya que los patrullajes esporádicos no han logrado contener las incursiones.

Cabe recordar que fue el pasado 11 de mayo cuando se reportó en el municipio de Chilapa, grupos criminales provocaron el desplazamiento de más de 800 familias, alrededor de mil 300 habitantes de las comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuahuetlán.

Para este 15 de mayo, en Atlixtac los habitantes documentaron el terror con llamadas de auxilio desesperadas, refiriendo que hay niños sin comer, durmiendo bajo la lluvia en el monte y en la comisaría.

Por el contrario, el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, emitió un comunicado en el que aseguró que “no existen indicios de nuevos éxodos recientes” en la zona y que mantiene “presencia institucional y diálogo permanente”, insistió.

Además, las autoridades calificaron las denuncias de desplazamientos masivos como “imprecisas”, a pesar de los reportes actualizados del Centro Tlachinollan y de las evidencias audiovisuales compartidas por los propios afectados, quienes señalaron que la negativa oficial no sólo minimiza la gravedad de los hechos, sino que constituye una clara revictimización que les cierra el acceso a apoyos humanitarios, protocolos de protección y atención urgente.

Por su parte, la postura del Ejecutivo Federal se ha alineado con la narrativa estatal, minimizando los ataques con drones explosivos que han destruido viviendas y amenazado la vida de decenas de indígenas en Atlixtac.

Finalmente, los desplazados de San Pedro Huitzapula exigieron de manera urgente el establecimiento de bases de operaciones mixtas permanentes, el reconocimiento oficial de su condición de víctimas del desplazamiento forzado y garantías reales para un retorno con dignidad y seguridad.