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En su columna The Americas de esta semana, firmada por Mary Anastasia O’Grady, el diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ) señaló que México vive un retroceso ya que, contrario a lo que Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña, ahora centraliza el poder y está gobernando mediante el decreto y la intimidación y expandiendo el papel del ejército en el gobierno. El importante diario también señala que en los primeros tres meses del año, México registró un aumento de 9.6 por ciento en la cantidad de homicidios con respecto a la cifra del mismo trimestre del año pasado. “Para el diario estadounidense –escribe Reforma– esto expone su naturaleza. Se ve a sí mismo como el salvador mexicano, quien desde su posición de poder administra la justicia. Y está justificado, por lo tanto, en su objetivo de transformar radicalmente al país. Se vengará de los que tienen, o, como los llama, los ‘fifís’, cualquier persona que se interponga en su camino será tildada de corrupta”.
El WSJ reconoce que el valor del peso con respecto al dólar se mantiene relativamente estable; pero no lo atribuye a ninguna de las nuevas disposiciones que ha tomado el gobierno de López Obrador sino a la diferencia de las tasas de interés que pagan los bancos en México y en Estados Unidos. México paga sensiblemente más que el vecino del norte, lo cual mantiene un flujo constante de inversiones financieras, digamos, una llegada de capitales pero, en el caso nada remoto de que las tasas de interés en Estados Unidos sufran un incremento, ello desataría una salida abrupta de capitales, lo cual podría tirar la apreciación del peso con respecto al dólar. Como se comprende, esas políticas no dependen de lo hasta ahora decidido por el gobierno de López Obrador, por lo que una actitud serena y mesurada obligaría a no echar las campanas al vuelo; y menos aún si se toma en cuenta que se acaba de saber que la economía mexicana se contrae en este primer trimestre del año; en efecto, el producto interno bruto (PIB) descendió 0.17 por ciento en ese periodo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Hasta aquí, poco más o menos lo que dice el WSJ. ¿Es cierto lo que escribe? ¿Corresponde a la realidad? Las interrogantes se justifican plenamente, ya que durante su historia, mi organización, el Movimiento Antorchista Nacional, ha sido víctima decenas de miles de veces de afirmaciones periodísticas sin fundamento, ataques, calumnias, insultos, mentiras descaradas y casi ninguno, por no decir que ninguno, de los que citan estas notas se preocupa en lo más mínimo por aportar sus propias pruebas, su experiencia, para corroborar si se trata de verdades de a kilo o de francas invenciones. Por eso, precisamente, me permito llamar al lector a no creer a pie juntillas lo que dice la prensa norteamericana acerca de nuestro Presidente sino constatarlo con lo que experimentamos, con lo que sabemos, con lo que críticamente leemos en los diarios mexicanos y escuchamos en la radio. Aplicándome en primer lugar el llamado, afirmo que el diario norteamericano tiene razón. Y paso a decir por qué.
Sí, es cierto que Andrés Manuel López Obrador centraliza el poder. Se ha arrogado el derecho de decidir quien puede hacer uso de sus garantías constitucionales y quien no. México entero es testigo de que ya van más de cien veces que el Presidente de la República se burla de los mexicanos que forman parte del Movimiento Antorchista llamándolos “Antorcha mundial” y asegurando que han sido intermediarios para la aplicación de los programas de transferencia monetaria directa y que se han quedado con dinero. A pesar de las múltiples repeticiones de la acusación a lo largo y ancho del país, el Presidente jamás se ha preocupado por probar su dicho, por precisar algún, solo algún lugar, circunstancia o persona en que haya tenido lugar semejante intermediarismo, su acusación es, por tanto, un invento total.
Con base en ello, ha sentenciado –centralizando las atribuciones de los jueces y violando el Artículo 8o de la Constitución– que ya no permitirá la participación de los miembros del Movimiento Antorchista en la entrega de esas aportaciones en dinero a los mexicanos. Pero como el Movimiento Antorchista no ha participado nunca en la entrega de esas ayudas, la amenaza tiene otras implicaciones: no se le permitirá ser gestor de obras de infraestructura y servicios para los mexicanos que representa, es decir, no puede existir. Ha dictado una sentencia de muerte en contra de una organización legal, legítima y necesaria de los mexicanos. Eso es centralizar el poder, violar la ley, como dice el WSJ.
Pruebas al canto. Desde los últimos días de diciembre, a través del diputado Mario Delgado, el gobierno de la “Cuarta Transformación” se comprometió con el Movimiento Antorchista a considerar varios cientos de obras de beneficio social en todo el país, obras que aliviarían un poco la precaria situación de millones de mexicanos de los más pobres, “para el día ocho de enero habrá una reunión resolutiva en la Secretaría de Gobernación”, se dijo. Ya llegó el mes de mayo, ha habido una serie de reuniones con funcionarios menores, reuniones en las que no se llega a nada y no hay ninguna solución. Justo es reconocerlo, en el sentido de dar manejo, realizar juntas y juntas y tratar de ganar tiempo para desesperar a los peticionarios, el gobierno de la “Cuarta Transformación” no tiene ninguna diferencia con los gobiernos neoliberales que le antecedieron. “¿Quién hará las obras públicas?” rezaba una cartulina que portaba una compañera en el tercer mitin que se realiza a las afueras de la Secretaría de Gobernación y la pregunta subsiste y las movilizaciones del Movimiento Antorchista en representación de sus miembros y en representación de todos los mexicanos damnificados por la cancelación de obras y la proliferación de las injusticias, no cesarán.
El pisoteo de la ley se pudo ver claro por parte de todos los mexicanos, también, cuando se enteraron que el Presidente de la República firmó y envió un memorándum a sus subordinados exigiéndoles que no la cumplieran. Atribuciones que no tiene un Presidente de la República que ha jurado solemnemente respetar y hacer respetar la ley. Cuando el Presidente se enteró de que había por todas partes múltiples críticas a su proceder, sentenció que la justicia estaba por encima de la ley. Pero, si no nos atenemos a las concepciones religiosas, que son múltiples, muchas veces encontradas, y que pertenecen al ámbito individual de las personas, ¿qué justicia puede haber si no es la justicia que otorga la ley que es única y reconocida por todos los mexicanos? La justicia subjetiva no es democracia, es dictadura. Tiene, pues, razón, el Wall Street Journal.
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Escrito por Omar Carreón Abud
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y luchador social. Autor del libro "Reivindicar la verdad".