La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, acusó a Israel de haber institucionalizado la tortura como parte de una política estructural contra el pueblo palestino.

Durante la presentación de su informe “Tortura y genocidio” ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la experta afirmó que, desde el 7 de octubre de 2023, los palestinos han sido sometidos a un régimen sistemático de abusos tanto en centros de detención como en su vida cotidiana en los territorios ocupados.

El documento sostiene que la tortura no es un fenómeno aislado, sino un mecanismo central de dominación. “No es violencia incidental, sino la arquitectura del colonialismo de asentamiento”, señala el informe.

De acuerdo con los datos presentados, más de 18 mil 500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023, incluidos más de mil 500 menores de edad. Al menos 9 mil 245 permanecen detenidos en cárceles israelíes, donde se han documentado prácticas como palizas, violencia sexual, inanición, desnudez forzada, descargas eléctricas, uso de perros y aislamiento prolongado. Además, se reportan unas 4 mil personas desaparecidas.

La relatora apuntó que estos abusos estarían coordinados por altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, a quien atribuyó la promoción de una política penitenciaria que habría intensificado la degradación de los detenidos.

Durante la presentación, Albanese citó testimonios de víctimas que describen agresiones extremas dentro de los centros de detención, incluyendo ataques con perros y falta de atención médica.

“Nos soltaron otra vez a los perros policía, dejando que nos desgarraran la carne. Uno de los perros atacó a un compañero detenido y empezó a morderle los genitales. Se desangró en mis brazos. Un médico protegido tras una reja lo examinó desde lejos y dijo: Tírenlo fuera”, leyó Albanese al presentar el informe en Ginebra y citar uno de los testimonios.

El informe también advierte que las condiciones de vida impuestas en Gaza y Cisjordania —como la destrucción de viviendas, el bloqueo de ayuda humanitaria, el desplazamiento forzado y los ataques contra infraestructura esencial— constituyen formas de tortura colectiva. “Cuando la tortura se utiliza de manera sistemática contra una población, se convierte tanto en un instrumento de dominación como en evidencia de intención genocida”, afirmó la relatora.

Ante este panorama, Albanese instó a Israel a cesar de inmediato todas las formas de tortura y permitir el acceso de organismos internacionales a los centros de detención. Por lo que pidió a la comunidad internacional activar mecanismos de jurisdicción universal y urgió a la Corte Penal Internacional a investigar y emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, incluidos Bezalel Smotrich e Israel Katz, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad y genocidio.

“La respuesta de la comunidad internacional pondrá a prueba nuestra responsabilidad jurídica y moral colectiva. El derecho internacional es inequívoco: la tortura y el genocidio están absolutamente prohibidos”, subrayó.

El informe concluye que cada retraso en la acción internacional agrava los daños y consolida un sistema de violencia que las normas internacionales buscan prevenir y sancionar.