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Economía
Gobierno perdió más de 1 billón de pesos por beneficios fiscales
Oxfam advirtió que deducciones, exenciones y estímulos fiscales operan con escasa transparencia y favorecen a los sectores de mayores ingresos.


El gobierno mexicano dejó de percibir un billón 580 mil millones de pesos (mdp) debido a la reducción o eliminación de cargas tributarias a personas y empresas, alertó el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam).

En su informe “¿Incentivos para quién? Renuncias recaudatorias que subsidian a los más ricos”, la organización explicó que, en México, las autoridades aplican estos estímulos con el objetivo de impulsar la inversión y promover el desarrollo económico.

Sin embargo, sentenció que terminan por “favorecer a los sectores de mayores ingresos, a grandes corporaciones y a industrias con gran capacidad de influencia política”.

El documento añade que dentro de tales renuncias se incluye la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a alimentos y medicinas, así como las deducciones empresariales al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los subsidios a la gasolina.

En este sentido, apuntó que los recursos que el Estado deja de recibir por dichos mecanismos equivalen al 4.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa “1.3 por ciento más de lo que destinamos a inversión pública”.

Más beneficios para los ricos

Si bien estas herramientas fueron creadas con un propósito económico positivo, Oxfam señaló que “presentan importantes riesgos de regresividad, concentración y opacidad”.

De acuerdo con el organismo, solo en 2025, el 10 por ciento de los hogares con mayores ingresos resultó beneficiado al acaparar 75 de cada 100 pesos de las deducciones personales.

“Así, mientras las deducciones al ISR buscan evitar que las personas paguen gravámenes sobre el dinero que necesitan para vivir una vida digna, en la práctica solo benefician a quienes pueden pagar lujos y servicios privados”, denunció.

También mencionó que estas exenciones fiscales están altamente centralizadas, dado que apenas 10 de ellas agrupan cerca del 80 por ciento del monto total que el gobierno dejó de cobrar.

Ante este panorama, el organismo consideró que tales medidas deben someterse a una revisión que determine su utilidad social, económica y ambiental.

Concluyó que estos instrumentos tienen que integrarse al debate presupuestal y, al mismo tiempo, cumplir con objetivos verificables para que respondan al bienestar colectivo.

 


Escrito por Sebastián Campos Rivera

Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410


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