La militarización de las relaciones exteriores de Estados Unidos (EE. UU.) se consolida a lo largo de los tres mil 169 kilómetros de su frontera. Además del masivo despliegue de elementos de seguridad federal y estatal, es un hecho la ampliación de la tarea de miembros del Departamento de Defensa en labores de contención a la migración indocumentada. Eso implica el aumento de tropas en ese lindero binacional (hoy custodiado por unos cuatro mil 900 soldados) y la asistencia judicial de abogados militares en los procesos de deportación.

El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Patrick Shanahan, sopesa la ampliación del número de las tropas desplegadas en la frontera con México para que participen en tareas de deportación, intendencia y transporte. Y aunque el mando castrense ha evitado sistemáticamente involucrarse en el asunto migratorio, el jefe del Comando Norte de EE. UU., Terrence J. O’Shaugnessy, se dice dispuesto a cumplir el objetivo de “endurecer y asegurar” la frontera.

Shaugnessy ha advertido que para esa misión los soldados portarán armas. Sin embargo, la Ley Posse Comitatus (de 1978) prohíbe que los militares usen sus armas dentro de EE. UU. y que realicen acciones que corresponden a las fuerzas del orden civil (como detención o procesamiento de migrantes).

Así, mientras los ingenieros militares identifican rutas e instalan nuevas bardas que eviten el ingreso masivo de migrantes por Texas, Arizona y California, el Pentágono ha previsto la construcción de vallas de hormigón, el sobrevuelo de helicópteros y la instalación de alambre de púas en apoyo a las tareas de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Para Shawn Drake, del Centro de Derechos Fronterizos de la Unión de las Libertades Civiles (CDFULC) de EE. UU. en El Paso, Texas, los cientos de migrantes “necesitan agua, pañales, medicamentos y comida, no una división del ejército”.

Enviar fuerzas militares activas a la frontera sur estadounidense no solo es un gran desperdicio de dinero para los contribuyentes de la nación vecina, sino una acción innecesaria que “aterrorizará y militarizará aún más a nuestras comunidades fronterizas”, añade Drake.

En abril de 2018, el presidente de EE. UU., Donald John Trump, admitió que había discutido la idea de ampliar la misión del ejército en la frontera, con el entonces Secretario de Defensa, James Mattis. Exactamente un año después, Trump anunció el desplazamiento de más militares al límite binacional.

Pero el Pentágono, ya sin Mattis y a cargo de un secretario provisional, lo desmintió cuando informó que las autoridades migratorias no habían formalizado “aún” ese requerimiento. Todo esto indica que en días recientes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya formalizó esa solicitud y que el Pentágono fue invitado a ejercer tareas fronterizas al margen de sus facultades legales.

El DHS, creado en 2001 tras los ataques terroristas del 11-S, ha asumido cada vez más tareas de combate contra la inmigración indocumentada. Acorde con el discurso de Trump, esa instancia ha denunciado, hace varias semanas, que, ante la escalada de inmigrantes indocumentados, sus agentes se han centrado en las personas retenidas en los centros de detención, y que han desatendido “sus labores de control fronterizo”.

Tras la renuncia de la secretaria del DHS, Krijsten Nielsen, el actual encargado Kevin McAleenan ha redactado la petición al Pentágono para asignar nuevos efectivos y desplegarlos en la frontera. Según una fuente castrense anónima de The Washington Post “apenas serán un par de cientos” de soldados.

Desde hace un año, la frontera es vigilada por cuatro mil 900 soldados, entre militares en activo y reservistas de la Guardia Nacional. Su misión consiste en reforzar las secciones del muro ya existente, construir y mejorar las comunicaciones e instalar luces.

El incidente

La porosidad de la frontera binacional y la volátil estrategia de seguridad del actual gobierno mexicano, permite al belicoso Donald Trump reactivar la tensión con nuestro país tras un incidente en esa zona. La revista Newsweek reveló que, el 13 de abril, cinco o seis soldados mexicanos se acercaron a un vehículo sin identificación oficial en el que se hallaban a bordo dos efectivos del ejército terrestre de EE. UU.

Según versiones, los mexicanos les apuntaron con sus armas y les exigieron abandonar el automóvil. Tras una breve discusión, los militares mexicanos se retiraron de la zona después de que el altercado fue definido como un “malentendido” que propició la falta de identificación del auto, declaró el teniente coronel Davis, del Departamento de Defensa.

Esto sucedió cerca del poblado de Clint, Texas. Tras investigar el incidente, el Pentágono concluyó que “los soldados mexicanos creían equivocadamente que los estadounidenses estaban al sur de la frontera con México”. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció que el incidente se escenificó en una zona en donde los límites no resultan claros por su geografía.

Trump reaccionó amenazando con cerrar la frontera; en su cuenta de Twitter dijo que soldados mexicanos “recientemente sacaron armas” contra la Guardia Nacional, y amagó: “¡Más vale que no vuelva a pasar!”. Más adelante afirmó que “probablemente” fue una táctica de distracción de traficantes de drogas en la frontera; y que por ello decidió enviar tropas armadas a la zona.

La cancillería mexicana, sin embargo, aseguró que ese tipo de incidentes sin consecuencias son “comunes” para ambos gobiernos, porque se trata de patrullajes ordinarios a lo largo de la frontera. Horas después, en otro tuit, el magnate estadounidense retiró su amenaza de cerrar la frontera, debido al “buen trabajo” que, a su juicio, hizo el gobierno mexicano al detener a indocumentados procedentes de Centroamérica.