La falta de reservas amenaza la seguridad energética.
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El juez estadounidense Alvin K. Hellerstein emitió una orden de protección para regular el manejo de las pruebas en el proceso penal contra el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La disposición establece que la fiscalía debe entregar a la defensa documentos, objetos y otros materiales relacionados con el caso, incluidos aquellos considerados exculpatorios y los que puedan utilizarse para impugnar pruebas o testimonios.
El magistrado clasificó las pruebas en distintas categorías y estableció restricciones para su manejo y divulgación. Entre los motivos señalados se encuentran la protección de la privacidad, la necesidad de evitar perjuicios a investigaciones contra personas que aún no han sido acusadas y la prevención de publicidad que pueda afectar el proceso.
En ese sentido, ordenó que las pruebas generales entregadas a la defensa no puedan ser divulgadas por los acusados ni por sus abogados. Tampoco podrán publicarse en internet o filtrarse a los medios de comunicación.
El juez también señaló que parte de la información está almacenada electrónicamente y fue obtenida de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, mediante órdenes judiciales durante la investigación. Entre los dispositivos mencionados se encuentran computadoras, teléfonos celulares y otros equipos electrónicos.
El material será clasificado como APO, siglas en inglés de Attorneys' Eyes Only, una categoría que restringe su posesión exclusivamente a los abogados defensores y su personal. Esto implica que los acusados no podrán conservar directamente esos archivos, pero podrán examinarlos en presencia de sus abogados.
La orden establece: "Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación".
La disposición también establece que las medidas de protección permanecerán vigentes incluso después de que concluya la causa penal y que el tribunal conservará jurisdicción para hacerlas cumplir.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera