Ciudad de México.- En México, el 1 por ciento de ricos, concentra más de ocho veces la misma cantidad de riqueza que las 62 millones de personas en situación de pobreza por ingreso, revela el informe para nuestro país “Tiempo para el ciudadano: el trabajo de cuidados y la crisis global de desigualda” de la ONG Oxfam México.

Dicha acumulación extrema está construido sobre miles de millones de horas de trabajo de cuidados que mujeres y niñas llevan a cabo. Por lo tanto, la desigualdad es consecuencia de un sistema económico injusto y patriarcal que favorece a unos cuantos a costa del trabajo gratuito y mal remunerado de millones de personas.

En el marco del Foro Mundial de Davos  2020, inaugurado  este día en Suiza, la Oxfam dio a conocer el informe del crecimiento de la riqueza a nivel mundial, el cual, cada año se concentra cada vez en pocas manos.

“La desigualdad económica está fuera de control. En 2019, las 2, 153 personas poseían más riqueza que 4,600 millones de personas, es decir el 60 por ciento de la población mundial”, señala.

Para el caso de México, la situación se agrava, ya que la desigualdad también se refleja en número de horas de trabajo de las mujeres. Así, los hombres dedican en promedio 4 horas menos que las mujeres al trabajo no remunerado de cuidados, y las personas de hogares con ingresos más altos dedican menos horas a este trabajo que las de hogares con ingresos más bajos.

Por lo anterior, Oxfam México propone cuatro puntos, lo que permitiría un sistema económico más justo. El primero es invertir en un sistema nacional de cuidados, fondeado con impuestos progresivos a la riqueza.

De la misma forma propone aumentar los impuestos progresistas y crear nuevos impuestos a la riqueza extrema para financiar servicios que reduzcan la desigualdad y pobreza. En este punto, ejemplifica que un impuesto del 0.5 por ciento a la riqueza de las personas con mayores ingresos en México recaudaría suficiente para duplicar los recursos presupuestales del Insabi en el 2020 (72 mil millones de pesos).

Reconocer en la Constitución el derecho al cuidado como un derecho universal por el Estado, hacer los cambios legislativos e implementar las políticas pertinentes para el cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).