Cuarenta y cinco años de lucha consecuente contra la desigualdad y la pobreza que azota cada día a más mexicanos, nos han enseñado que los ataques mediáticos, por disparatados, falaces y carentes de sustento que sean, nunca son una equivocación, un error involuntario o una confusión del columnista o reportero que los escribe. O es la línea editorial de su medio o es una “orden de trabajo” previamente pagada por alguien.

Hemos aprendido que cualquier aclaración, refutación respaldada con hechos verificables, el atento llamado a que demuestren sus afirmaciones o a que rectifiquen en caso contrario, no solo son inútiles sino, además, peligrosamente contraproducentes. Los aludidos siempre responden con nuevas y más graves imputaciones y, casi siempre, acaban quejándose de haber sido amenazados de muerte por quien los interpela. Los medios, por su lado, hablan de ataque a la libertad de prensa y tratan como papel remojado el derecho de réplica. En suma: los ciudadanos comunes estamos totalmente inermes e indefensos ante la poderosa maquinaria de los modernos medios masivos de comunicación, y nadie ve o se atreve a proponer una salida a tan asfixiante atmósfera.

Sin embargo, estas amargas lecciones no han sido negativas; nos han dejado algunas lecciones útiles. 1) No hay que responsabilizar nunca al columnista o reportero como el autor personal del ataque; ni pedirle, por tanto, pruebas o retractación pública de sus dichos, porque no puede hacerlo. 2) Tampoco sirve polemizar directamente con él. Jamás aceptará su error por la misma razón: porque no le permiten hacerlo. En su lugar, mejor dirigirse al público lector dándole elementos suficientes para que pueda formarse su propio juicio. 3) Hay que buscar, leyendo entre líneas, al verdadero autor, es decir, a quien se esconde detrás del reportero, y a él dirigir los mejores argumentos para desarmar su inquina, si fuere posible. Pero aún en este caso, el destinatario último tiene que ser la opinión pública, porque será ella la que, al final, decidirá el destino de la nación.

Con tales lecciones en mente, paso a tratar el asunto que hoy me preocupa. Todos sabemos que la cuestión que está a la orden del día es la guerra contra el robo de combustible (el popularmente llamado huachicol, aunque confieso que desconozco el origen y significado de esta palabra), por ser una de las principales acciones concretas del combate a la corrupción, columna vertebral de las promesas de campaña y del programa de gobierno del sexenio actual. Un combate que, además, hasta donde entiendo, nadie cuestiona ni reprueba y, en cambio, todos aplauden como algo urgente y necesario a la salud pública nacional.

No hay, sin embargo, la misma unanimidad aprobatoria hacia las “formas” y procedimientos que se han venido empleando contra el huachicol. Entre los más criticados, por dar un ejemplo, está el cierre de ductos y el consiguiente desabasto de gasolina en varios importantes estados del centro del país. El carácter complejo de esta problemática (que vuelve muy difícil formarse una opinión objetiva sobre ella) y nuestra convicción de que barrer una plaga tan arraigada como el robo de combustible tiene que tener, por fuerza, altos costos de algún tipo, nos han obligado a los antorchistas (y me obligan hoy a mí) a no pronunciarnos apresurada y superficialmente solo para ganar notoriedad y adeptos. Pensamos que lo sensato y leal al país es hacerlo cuando haya suficientes elementos para enjuiciar las “formas” y resultados medibles de los sacrificios impuestos.

Pero es mi obligación y mi derecho hablar, sin contradecirme, de un señalamiento particular sobre la lucha contra el huachicol. Se trata de un hecho concreto y comprobable que no entraña ningún juicio de valor: la ausencia de nombres de los verdaderos “peces gordos” responsables del gigantesco fraude, a pesar de que se ha asegurado públicamente que, precisamente por su magnitud de cientos de miles de millones de pesos, es imposible creer que se trata de pobretes que se conforman con uno o varios bidones de gasolina robada para su reventa, sino de un saqueo a gran escala (se habla de cientos de carros tanque de cuarenta mil u ochenta mil litros de capacidad, y buques-tanque para el contrabandeo internacional) en el que necesariamente tienen que intervenir poderosos delincuentes de “cuello blanco” de Pemex, de encargados de la vigilancia y seguridad de la empresa y de otros tiburones conectados con ellos. Hasta hoy, insisten quienes siguen el proceso, no hay señalado uno solo de ellos; todo queda en insinuaciones.

Es en este contexto que la revista Proceso publica, en su más reciente edición, un reportaje de Patricia Dávila sobre el huachicol que titula El mapa del huachicoleo. En el apartado sobre El corredor poblano y hablando de San Martín Texmelucan, Puebla, dice en la parte que me interesa: “Del resguardo vehicular con hidrocarburos se encargan Alejandro Vázquez Pérez, Leonardo Vázquez y Juana Pérez. El grupo que vigila la colonia Libertad Antorchista lo forman Salvador Zepeda, Angeles Pérez y «Leticia». Los probables implicados son Jesús Kamez Manzano, Friné Soraya Córdova Morán –presunta exdiputada federal– y Aristóteles Campos Flores, líder de Antorcha Campesina”. Como se ve a la letra, eso de “los probables implicados” surge por generación espontánea de la reportera; no hay ninguna razón aparente, ningún hecho concreto que conecte esta frase con el resto del párrafo, salvo la mención de la colonia Libertad Antorchista. Pero de ésta tampoco da ninguna razón que la involucre, así sea solo en la mente de la reportera, con los criminales que menciona. Es una grave acusación criminal que la reportera no demuestra de ningún modo. ¿Por qué? Porque alguien se lo mandó, como dijimos al principio.

Jesús Cames Manzano es un joven que siempre ha vivido modestamente de su sueldo de profesor. Nunca se ha dedicado más que a la docencia. La doctora (es médica de profesión, graduada por la BUAP) Soraya Córdova Morán, es un personaje ampliamente conocido en la capital poblana y en todo el estado, gracias al inmenso trabajo realizado en favor de las colonias más pobres y olvidadas del sur de la capital: mejoramiento de la vivienda, urbanización, canchas deportivas, albercas para la juventud, casas de cultura, centros educativos dignos, etc. Es una de las cabezas del Comité Estatal de Antorcha en el estado y responsable de la Comisión Cultural del antorchismo nacional, cuya labor en este terreno es conocida y aplaudida en todo el país. Es miembro de la Dirección Nacional antorchista y fue diputada al Congreso de la Unión en la LXII Legislatura, así que es exdiputada federal y no “presunta”, como dice la “presunta” reportera. Aristóteles Campos Flores, por su parte, es un hombre noble, desinteresado, fraterno con los pobres y valiente como ellos; es cabeza del trabajo antorchista en San Martín Texmelucan y miembro del Comité Estatal que dirige el Ing. Juan Manuel Celis Aguirre, también exdiputado federal y hombre de prestigio y respeto en todo el estado. Éstos son los “huachicoleros” a quienes Patricia Dávila enloda de modo tan infame.

La cuestión es grave y no quiero dejar una impresión de ligereza o de ingenuidad. Este ataque viene a sumarse al “refrito” de Fátima Monterrosa en Televisa, que “descubre” que Antorcha posee varias gasolinerías. De esto hemos dado amplia explicación antes y ahora, y hemos probado de todas las maneras que no hay nada punible en ello. A pesar de esto, los ataques mediáticos crecen y se hacen cada vez más insidiosos, como lo prueba la acusación de Proceso. La razón radica en que en una de sus conferencias mañaneras, el Presidente dijo haber visto gasolinerías de Antorcha con sus propios medios de transporte. No necesitó más la canalla mediática para arremeter en contra nuestra buscando hacernos el mayor daño y ganarse así la aprobación presidencial. Aquí aparece Patricia Dávila. Pero no solo ella. Un medio sin relieve pero que quiere hacer méritos para tenerlo, sinembargo.mx, lleva ya dos ataques al hilo y es quien ha provocado al Presidente con sus preguntas insidiosas, para que se comprometa a perseguirnos. Daniela Barragán, de ese medio, dice que, además de gasolinerías, tenemos “permisos (¡sic!) para operar parques vehiculares de transporte a ductos petrolíferos”. ¡Ojo! No parques, sino permisos. Y ¿qué es esto de transporte a ductos petrolíferos? Salvo mi ignorancia, es un puro dislate. También nos acusa de tener gasolinerías por asignación directa y no por licitación pública. ¿Es que abrir una estación de servicio con dinero propio requiere licitación pública? ¿Sabe la señora de qué habla o ha perdido control en sus ideas? Pero a este nivel han llegado las cosas.

En su conferencia mañanera del martes 29 de enero, a pregunta de Daniela Barragán precisamente, el Presidente dijo que Hacienda está investigando a Antorcha y entregando resultados a la Fiscalía General. Es bueno que se nos investigue. Nunca nos hemos opuesto a ello (ni podríamos evitarlo, aunque quisiéramos) porque una investigación imparcial y apegada a derecho, cuyos resultados se hicieran públicos, taparía la boca a los calumniadores y lame botas que se arrogan el monopolio de la moral pública. Pero, para empezar, tenemos derecho a saber cuál es el motivo fundado por el que se nos investiga, pues no se puede molestar a nadie en su vida privada y en sus posesiones por el capricho de alguien, por poderoso que sea. “Nadie por encima de la ley”, ha dicho el actual Presidente. ¡Cuidado! Si no se respeta de entrada nuestro derecho legítimo, hay un severo riesgo de que la investigación sea un mero trámite, un pretexto para dar visos de legalidad a la represión y a la persecución política de una organización popular amparada por nuestra Ley de leyes. La nación debe estar atenta ante este grave peligro. Si hoy somos nosotros, ¿quién seguirá mañana? Además, sería una burla sangrienta que, después de todos los sacrificios impuestos por la lucha contra el huachicol (remember los más de cien muertos en Tlahuelilpan), viniera a resultar que el único culpable de la corrupción y del robo de combustibles es… ¡el Movimiento Antorchista Nacional! ¡Sería el colmo del escarnio y la simulación!