El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, declaró recientemente el estado de emergencia en la capital, Montevideo, debido a la escasez de agua. Entre las medidas anunciadas para hacer frente a la sequía más larga registrada en el país en 74 años figuran la construcción de un embalse y la exención de impuestos para el agua embotellada.

Aparentemente destinada a ampliar el acceso al agua embotellada para las capas menos favorecidas de la población, la exención fiscal propuesta como medida para hacer frente a la crisis del agua en Uruguay es la “solución” neoliberal estándar para hacer frente a una de las consecuencias más frecuentes del calentamiento global, el aumento de sequías e inundaciones. Transfiere al sector privado –la industria del agua embotellada– la “responsabilidad” de suministrar agua potable a la parte de la población que puede permitirse pagar por este servicio. Los más pobres, por supuesto, no tendrán forma de pagar esta generosa medida adoptada por el Presidente Lacalle Pou.

Esta medida del gobierno uruguayo es un paso más del neoliberalismo en el proceso de convertir el calentamiento global y sus anunciadas catástrofes en una fuente más de beneficios para las grandes empresas privadas.

Las catástrofes anunciadas y la industria embotelladora de agua

En junio de este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) anunció que el fenómeno de El Niño, normalmente asociado al aumento de las temperaturas, está de vuelta y puede provocar temperaturas récord, según una declaración de la climatóloga de la NOAA Michelle L’Heureux. Por otra parte, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) también advirtió este año que el periodo 2023-2027 podría ser el más caluroso jamás registrado. Basta recordar lo que ocurrió el año pasado para hacerse una idea de lo que se avecina.

La intensa ola de calor que azotó Europa en 2022 vino acompañada probablemente de la mayor sequía jamás registrada en los últimos 500 años en ese continente, según afirmaron entonces varios científicos. Grandes ríos como el Danubio, el Rin, el Po y el Volga vieron tan mermado su caudal que en algunos casos la navegación se hizo imposible. Los incendios se propagaron por Portugal, España, Francia e Italia.

En un esfuerzo desesperado por ahorrar agua, se cerraron las piscinas públicas en Francia y Portugal, entre otros países, y se prohibió el uso de mangueras para regar jardines privados en Inglaterra y otros países europeos.

Pero en medio de los confusos e intensos esfuerzos por disminuir el consumo de agua, la industria embotelladora de agua permaneció intacta, aumentando incluso su producción para satisfacer la creciente demanda debida al intenso calor. Un ejemplo escandaloso de esta contradicción es el de Vittel, en Francia, donde se permitió a la empresa Nestlé seguir bombeando agua de acuíferos subterráneos para embotellar, incluso cuando toda la región sufría sequía y las autoridades ya habían limitado el consumo de agua de diversos sectores y de los habitantes en general, según denunció el grupo Collectif Eau 88.

Para la industria del agua embotellada, la ola de calor ha servido para aumentar sus ventas. Sin embargo, la producción y el transporte de agua embotellada contribuyen significativamente tanto al calentamiento global como a la escasez de agua: la fabricación de botellas de plástico, sobre todo de PET, requiere el uso de grandes cantidades de material derivado del petróleo, así como mucha agua. Se calcula que se utilizan unos tres litros de agua para producir cada litro de agua embotellada. El transporte de estas botellas desde las plantas de producción hasta los supermercados se realiza principalmente en camiones, lo que consume más combustible fósil.

Peor aún: el agua embotellada transportada a largas distancias –como, por ejemplo, el agua embotellada por Nestlé en Vittel y exportada a Alemania o Suiza– se saca del ciclo local del agua, contribuyendo a la escasez de agua en la región.

La mayor parte del agua utilizada para el embotellado procede de acuíferos subterráneos que tardan muchos años en recargarse de forma natural. Si la cantidad de agua utilizada en estos acuíferos es superior a la recarga natural, los acuíferos corren un grave riesgo de agotamiento, como es el caso del acuífero que abastece a la ciudad de Vittel, según han confirmado las autoridades francesas competentes. Algunos acuíferos están formados por agua fósil, es decir, agua que se ha acumulado en el subsuelo, a veces hace miles de años. En estos casos no hay recarga y estos acuíferos pueden explotarse hasta que se secan por completo.

El poderoso lobby de la industria del agua embotellada

El hecho de que, en medio de una crisis tan grave como la sequía de 2022 en Europa, las empresas embotelladoras hayan podido seguir explotando las aguas subterráneas cuando muchos otros sectores de la sociedad tuvieron que reducir su consumo de agua, se debe en parte al enorme poder económico de estas empresas. Nestlé, Danone, Coca-Cola y Pepsi son las principales embotelladoras de agua en todo el mundo. Las empresas locales más pequeñas, en la mayoría de los casos, solo pueden sobrevivir en el mercado mediante acuerdos de distribución con alguna de estas grandes compañías.

Por iniciativa de Nestlé y con el apoyo del Gobierno de Suiza, los grandes embotelladores de agua crearon en 2011 el “Water Resources Group” –WRG- (www.2030wrg.org)–, que actualmente cuenta también con la participación de gobiernos de varios países. El objetivo del WRG es privatizar el agua siempre que sea posible en el planeta y defender la producción y el consumo de agua embotellada. Es importante recordar que los beneficios anuales de empresas como Nestlé o Coca-Cola superan los presupuestos de muchos países del mundo. Al poder económico se suma el poder político de países que, a través de su política exterior, apoyan la privatización del agua en los países del Sur, a menudo bajo la apariencia de “ayuda al desarrollo” como es el caso de Suiza, que por cierto no oculta esta elección: desde 2018, el director adjunto de la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación (COSUDE) es el exdirector de Asuntos Globales de Nestlé, Christian Frutiger. Así, pocos países pueden resistir la presión para privatizar su agua otorgando concesiones de aguas subterráneas a empresas privadas por largos periodos de tiempo, 20 años o más.

La lucha del colectivo Eau 88 contra la explotación y el embotellamiento de las aguas subterráneas de la región de Vittel por parte de Nestlé vuelve a ser un caso emblemático. Los ciudadanos de este movimiento, comprometidos en la defensa de sus aguas y del medio ambiente, a pesar de todas las pruebas y evidencias de los daños ya causados al acuífero, así como de la contaminación por residuos plásticos del medio ambiente, se enfrentan a dificultades casi insuperables, debido principalmente a la connivencia de los poderes públicos con la empresa. Casos similares de conflicto entre movimientos ciudadanos y la empresa Nestlé existen en EE. UU. y Canadá. Francia, EE. UU. y Canadá son naciones desarrolladas con democracias bien establecidas e instituciones sólidas. Aún así, los grupos ciudadanos de estos países tienen enormes dificultades en su lucha por preservar sus aguas y su medio ambiente. ¿Qué se puede decir entonces cuando estos conflictos entre empresas y grupos de ciudadanos se producen en países menos desarrollados, con instituciones democráticas mucho más débiles y con mucho menor acceso a los medios legales de defensa o a la prensa?

En muchos países del Sur, el WRG desempeña un papel importante en la privatización de las empresas públicas de agua, devaluando la capacidad de estas empresas para suministrar agua potable de calidad a sus ciudadanos y, sobre todo, acostumbrando a las clases medias locales a consumir agua embotellada. Las clases más desfavorecidas, que no pueden permitirse comprar agua embotellada, se quedan prácticamente sin acceso a agua de calidad.

Y en los países del Sur, la contaminación causada por las botellas de plástico es otro grave problema. Incluso en Francia, Alemania o Suiza es imposible reciclar todas las botellas de plástico, muchas de las cuales acaban en el medio ambiente, en los ríos o en el mar. En la mayoría de los países del sur, el reciclaje de estas botellas de plástico es mínimo. Pero la contaminación causada por la industria del agua embotellada es lo que los economistas llaman una “externalidad”, lo que significa que los costes medioambientales se repercuten en el conjunto de la sociedad, las empresas solo se llevan los beneficios.

Las empresas públicas de agua y el cambio climático

Las empresas públicas de suministro de agua desempeñan un papel clave en la mitigación de los efectos del calentamiento global para garantizar el acceso a agua limpia y de buena calidad, incluso frente a desafíos como sequías o inundaciones. En prácticamente toda Europa Occidental se puede beber agua del grifo. La contaminación del agua procedente de un sistema público de abastecimiento es posible, pero en general estos casos son raros y los controles sanitarios son mucho más estrictos y frecuentes que los que lleva a cabo la industria embotelladora de agua. Que mucha gente confíe más en la calidad del agua embotellada que en la suministrada por las empresas públicas es una muestra del éxito de la campaña de propaganda que durante años ha llevado a cabo la industria embotelladora para devaluar la calidad de los sistemas públicos. Ninguna empresa embotelladora tiene la misma competencia técnica y los mismos conocimientos sanitarios que una gran empresa pública de agua. Y siempre hay medios democráticos para exigir –y proporcionar– aún más calidad por parte de las empresas públicas que deben servir a los ciudadanos. Tanto la industria embotelladora de agua como las empresas privadas de distribución de agua y saneamiento tienen como principal objetivo el beneficio. No fue casualidad que en Inglaterra, un país donde gran parte de la distribución y saneamiento del agua es privada, herencia de la época de Margaret Thatcher, ante la ola de calor y sequía de 2022, se empezara a hablar de nacionalizar estas empresas privadas, reconociendo su incapacidad para gestionar la crisis.

Francia, al igual que Alemania, Suiza y otros países de Europa Occidental, cuenta con excelentes empresas públicas de agua, y el agua embotellada en estos países es, de hecho, un lujo. Pero un lujo social y ambientalmente cada vez más caro. La realidad del calentamiento global exige cambios profundos. La posibilidad de sequías cada vez más frecuentes obliga a considerar las aguas subterráneas como una reserva para las generaciones futuras, si no para nuestro propio futuro. Estas reservas no pueden agotarse para el beneficio y la codicia de unas pocas empresas privadas. Es hora de que la sociedad civil de los países de Europa Occidental exija a sus gobiernos la prohibición definitiva de la producción y comercialización de agua embotellada como primer gesto concreto –y al alcance de la mano– para reducir en estos países la contribución al calentamiento global. Al fin y al cabo, si estos países, que pueden ofrecer y ofrecen ya agua de excelente calidad a sus ciudadanos, donde el agua embotellada es un lujo, no pueden dar este pequeño paso, ¿cómo pueden entonces tomarse en serio los compromisos de los gobiernos de estos países con los problemas del calentamiento global?

Francia tiene una importante responsabilidad simbólica en este caso, ya que fue en este país, más concretamente en Vittel, donde comenzó el embotellado de agua en recipientes de plástico. Antes, las botellas eran de vidrio, lo que limitaba la expansión de la industria embotelladora de agua. Fue el embotellado en plástico lo que permitió a la industria embotelladora de agua expandirse por todo el mundo. En Vittel comenzó la contaminación por botellas de plástico que se extendería por todo el planeta. La lucha del Colectivo Eau 88 en Vittel adquiere así una importancia planetaria. Sería un gesto importante que Francia pusiera fin a la producción de agua embotellada y que de Vittel saliera un nuevo impulso, esta vez contra la contaminación y a favor del agua como bien público y derecho humano.

Suiza también tiene una responsabilidad importante, ya que es la sede de la multinacional Nestlé, la mayor empresa embotelladora de agua del mundo.

Al anunciar la exención de impuestos sobre el agua embotellada en plena crisis del agua en Uruguay, el presidente Lacalle Pou se revela como el gran amigo de empresas como Coca-Cola, Danone y Nestlé. Pero que no quepa duda, ¡esta medida suya será saludada por los gobiernos de varios países como un ejemplo de “responsabilidad” y de “solución sostenible”! Sin duda, ¡el WRG animará a otros países a seguir el ejemplo de Uruguay!

Es hora de que Brasil y América Latina demuestren que otro camino es posible, el camino que ya señalan sus empresas públicas de agua. También es hora de exigir a Europa que, ante la realidad planetaria del calentamiento global, apoye por todos los medios posibles a las empresas públicas de agua de los países del Sur. La industria embotelladora de agua ya ha causado suficientes daños tanto en el Norte como en el Sur del planeta. El neoliberalismo y sus privatizaciones no aportan ninguna solución a los graves problemas que plantea el calentamiento global, solo se aprovechan de él para aumentar sus beneficios y su poder sobre las decisiones de la sociedad. Las empresas públicas y la gestión pública y transparente del agua son el camino.