En poco más de cuatro meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la inseguridad y la violencia han aumentado como no se había visto en México hace muchos años; en ningún primer trimestre de los tres sexenios anteriores se había presentado una cifra de tantos miles de homicidios, de crímenes sangrientos, de inseguridad en general; tal vez se asemeje este periodo a alguno de los más violentos de la era de Felipe Calderón y de la guerra que éste desencadenó.

Tantos muertos en tan pocos días no fue una característica que las administraciones anteriores heredaran a la actual, como afirma acusadoramente el Presidente de la República, para deslindarse de la responsabilidad o de la culpa cuando los ciudadanos le exigen que actúe con mayor efectividad y rapidez. Es cierto que los antecedentes de la actual situación ya existían, pero esto mismo podría alegar cada uno de los gobiernos anteriores en relación con los problemas surgidos o agravados durante su sexenio; cada mandatario en turno es, en última instancia, el responsable de lo que ocurra durante su gestión. Ninguno de ellos “heredó” nada y AMLO no es ningún “heredero”; el pueblo, o la mayoría de los votantes, para mayor precisión, lo eligió como servidor público; quejarse de “la herencia que nos dejaron” es simple evasión de sus responsabilidades. El titular del Poder Ejecutivo debería dejar de culpar a los corruptos anteriores, porque ya los perdonó; es más, algunos no solo permanecen impunes, sino forman parte de su equipo más cercano, a decir de algunos críticos y filosos analistas del actuar cotidiano de la “Cuarta Transformación”.

En temas de seguridad, hay ejemplos muy concretos de la ineficiente actuación del gobierno morenista: el robo y tráfico de gasolina es un problema que ya existía, pero la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, cuyo saldo fue de más de cien personas fallecidas, ocurrió ya en su periodo; en este evento, los soldados no recibieron la instrucción oportuna de evacuar a la población y los ductos no se cerraron a tiempo.

La masacre de Minatitlán y la violencia desbordada en Veracruz también ocurren cuando Morena y AMLO gobiernan el país; lejos quedaron los tiempos en que este tipo de noticias servía de plataforma para su proselitismo de “oposición”; ahora, el impulsor de la “Cuarta Transformación” se limita a defenderse de quienes “lo cucan” y se proclama “dueño de su silencio”… ¡Que nadie se atreva a molestar al señor Presidente!, o “ya saben lo que pasa”.

La nueva promesa es que una vez en marcha los programas sociales la violencia disminuirá; pero  la realidad es que sobornar a los ciudadanos por medio de una tarjeta bancaria no solucionará su pobreza, su desempleo o la falta de escuelas y otros servicios, por más que la distribución de recursos llegue “sin moches” a los beneficiarios. Suprimir programas sociales y luego decir que se está atacando la base de la delincuencia con otros y que ésta disminuirá en cuanto surta efecto la política estrella de su sexenio, las transferencias monetarias directas, suena a demagogia y manipulación.

No hay duda, los problemas que se presentan durante los primeros meses de la presente administración no habían sido resueltos en el pasado; precisamente por eso, una parte importante de la población eligió a quien prometía resolverlos nada más sentarse en la silla presidencial. Ahora es el momento de actuar y no de quejarse, culpando a los gobiernos anteriores; las referencias a Poncio Pilatos y otras parábolas bíblicas no le servirán aquí para eludir las responsabilidades de su investidura; ahora es el Presidente de un país dividido en pobres y ricos, lleno de desigualdad, de injusticia y violencia; y es muy probable que AMLO haya decidido ya a cuál de esas dos clases va a servir durante los próximos cinco años y medio. Sus primeras acciones son elocuentes: los afectados no forman en las filas de la clase más poderosa del país.