Una pregunta tan general debe ser delimitada de inmediato. No es mi intención el debate conceptual en torno al vocablo cultura. Me refiero en concreto a la producción artístico-cultural de un país (cine, literatura, teatro, etc.) y al viejo debate sobre sus formas de financiamiento.

El escándalo sobre la posible cancelación de los Premios Ariel 2022 de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha vuelto a colocar el tema sobre la mesa de debate. Obligados a la asfixia presupuestal, la AMACC argumenta falta de presupuesto para los costos derivados de la premiación anual.

De un lado tenemos a los aplaudidores de la autonombrada “Cuarta Transformación” celebrando que “el pueblo de México” deje de pagar un cine que consideran deplorable. Del otro, las voces de personajes de vieja alcurnia en las instituciones culturales y de los exclusivos círculos de creación artística del país, que se escandalizan ante los ataques verbales y presupuestales de políticos que consideran primitivos.

No hay absolutos. Ambas posturas, aquí caracterizadas quizá de una forma demasiado general en aras de la brevedad, tienen elementos a su favor, pero también errores de perspectiva y conclusiones erradas.

Las posturas más triviales son aquellas que se alían en principio con la postura política. En un escenario tan polarizado, la lógica de las mentes menos acostumbradas a pensar por sí mismas es firme y esquemática. Los unos dicen: apoyar al gobierno en turno debe ser integral, incluyendo su política cultural; los otros sostienen: criticar al gobierno en turno debe ser integral, incluyendo causas que en principio me son indiferentes.

En realidad, ambas posturas parten de hechos duros. Es verdad que ciertos artistas, que viven total o parcialmente de subvenciones estatales, hablan en un lenguaje tan abstracto que son prácticamente ininteligibles salvo para un estrecho círculo de eruditos en la materia. Es cierto también que la legislación mexicana en materia cultural estipula expresamente la responsabilidad estatal de fomentar la producción artística (fomento que incluye, entre otros mecanismos, el financiamiento con recursos públicos) y que tal legislación no puede ser borrada de un plumazo por capricho de nadie. Es cierto que los círculos más exclusivos del mundillo cultural funcionan, a su manera, como una especie de mafia, favoritista y nepotista, en la que la refinada red de contactos, apellidos y apadrinamientos juega un papel de primer orden. Y es verdad que el nivel cultural de las principales figuras políticas de la llamada “Cuarta Transformación” es de una pobreza tan extrema que provoca legítimas dudas sobre su capacidad de entender el rol social de la cultura más allá del de un instrumento de manipulación política redituable sobre todo en términos electorales.

Pero hay una verdad todavía más grande: la cultura en México la financia el pueblo a través del presupuesto público de las instituciones culturales, no los políticos ni las élites adineradas. Y, por tanto, los millones de mexicanos que todos los días financian el trabajo de artistas y trabajadores de la cultura merecen una política cultural que les tome en cuenta, y merecen también un gremio artístico más sensible, más empático con los problemas de la sociedad mexicana.