En el pasado reciente, numerosas familias humildes de cuatro municipios mexiquenses (Ecatepec, Coacalco, Tecámac y Toluca) perdieron casas, mobiliario, siembras y empleos debido a las inundaciones y hoy enfrentan el temor de no poder superar su actual crisis de pobreza extrema debido a la política de “austeridadˮ del Gobierno Federal.

Los habitantes de los estados de Hidalgo, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas comparten el mismo temor, pues el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anunció lluvias con intensidades entre 50 y 75 mm de litros por metro cuadrado, descargas eléctricas y granizadas, porque ya golpearon las primeras dos de las 56 tormentas estimadas para la temporada de frentes fríos de 2021-2022.

En el Estado de México (Edomex) está previsto un descenso en la temperatura, que oscilará entre 0 y 5º centígrados, con posibles heladas, lo que ha elevado el nivel de alerta entre los pobladores de las áreas cercanas al río Lerma, ya que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que se halla a su máxima capacidad y existe el riesgo de desbordarse y causar inundaciones.

La Conagua informó que, del 1^o de enero al cinco de septiembre de este año, llovió 8.6 por ciento más de lo esperado; y que, en la actual temporada de lluvias, éstas han registrado una intensidad promedio de 559.4 mm, que sobrepasa el promedio de 515.1 mm calculado entre 1990 y 2010.

Además de los fenómenos naturales que les acarrea tanta desgracia, los mexicanos tienen que padecer la pésima gestión gubernamental del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuya política de “austeridad republicana” y sus recortes presupuestales han limitado de 2019 a este año las acciones de dependencias federales como la propia Conagua, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Instituto de Ecología y Cambio Climático (IECC).

Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Conagua trabaja con uno de los presupuestos más bajos de los últimos cinco años, pues de los 32 mil 59 millones de pesos (mdp) que se le asignaron en 2017, pasó a 25 mil 769 mdp en 2021; esta reducción ha resultado por demás contraproducente, porque entre sus atribuciones hay algunas vitales para la seguridad de la población nacional: construir y operar obras de infraestructura que permitan controlar el incremento en el nivel de agua de los ríos; instrumentar las acciones necesarias para atender las zonas de emergencia hidráulica que resulten afectadas por fenómenos climatológicos extremos, y coordinarse en estas labores con los organismos estatales y municipales especializados en el manejo del agua.

La Cenapred, oficina enfocada a generar políticas públicas para prevenir e inhibir los riesgos de desastre, reportó una disminución del 28.3 por ciento en sus presupuestos de 2018 a 2021, ya que pasó de 95 millones 953 mil pesos a 68 millones 753 mil pesos.

La CNPC también ha sido severamente castigada por el Gobierno Federal con asignaciones inferiores de casi el 50 por ciento, pues de los 226 mdp anuales que recibió en 2018, hoy solo dispone de 141 millones de pesos.

Pero el mayor desaguisado del gobierno morenista fue cometido al desaparecer el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que, como su nombre lo indicaba, brindaba asistencia financiera a los damnificados que perdían casas, enseres domésticos y servicios públicos básicos a causa de los estropicios provocados por los fenómenos naturales.

Por ello, decenas de miles de afectados este año por las inundaciones se enfrentan a la mayor incertidumbre, porque desconocen cuándo y cómo les llegarán los recursos comprometidos por las autoridades federales, porque ya no opera el eficiente instrumento gubernamental que en poco tiempo se hallaba a su lado.

Ahogado el niño, a tapar el pozo

Las recientes lluvias han cobrado la vida de más de 20 personas, arrastrado cientos de vehículos y provocado pérdidas millonarias con la destrucción de hogares y bienes domiciliarios de miles de mexicanos; para revertir sus omisiones del periodo 2018-2021, el Gobierno Federal ha propuesto un incremento en los presupuestos de las dependencias dedicadas a prevenir y apoyar a las víctimas de desastres naturales.

En la iniciativa de ley del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 (PEF) se propone un incremento al gasto de la Conagua de más de ocho mil mdp que, de aprobarse pasaría de sus actuales 25 mil 769 mdp a 33 mil 916 mdp el año próximo para que ponga atención especial en la construcción y reparación de la infraestructura de agua, el saneamiento de las instalaciones y la contención de los efectos del cambio climático.

La Federación proyecta, asimismo, contratar un seguro de daños contra desastres naturales, cuya cobertura ascendería a cinco mil mdp y se activaría cuando los daños superen los 275 mdp y un acumulable de 750 mdp.

El Gobierno Federal informó que cuenta con un Bono Catastrófico por 485 millones de dólares (mdd) contra daños ocasionados por sismos y ciclones tropicales, el cual protege al país desde julio de 2021 y estará vigente hasta marzo de 2024.

Estos recursos emergentes, sin embargo, no se han visto siquiera en el papel, es decir, a través de sus reglas de operación, y mucho menos en la atención a los miles de damnificados de las inundaciones de 2021. El Presidente se ha limitado a informar que su administración está pendiente de las lluvias y que los “Servidores de la Nación” ejercen censos para identificar a las familias que sufrieron daños.

En el mismo estado de indefensión frente a los desastres naturales se hallan gran parte de los campesinos que son propietarios de pequeñas parcelas de tierra, quienes sufrieron la pérdida de sus cosechas y no han logrado que el Gobierno Federal atienda su situación.

En entrevista con buzos, el dirigente social en el Valle de Toluca, Miguel Ángel Bautista Hernández, informó que entre 900 y mil pequeños productores están en riesgo de perder sus cultivos debido a que las intensas lluvias han devastado fuertemente la región norte del Edomex.

El río Lerma es el cauce interior más largo del país, pues nace en los manantiales de Almoloya del Río, en el Edomex, y cruza a través de 130 comunidades de Jiquipilco, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco, San Antonio, Ixtlahuaca, Tianguistenco y Toluca. Luego discurre en los territorios de Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala, en Jalisco.

Su cauce tiene una longitud de 708 kilómetros y arrastra aguas residuales de las plantas tratadoras de Temoaya y Lerma; los desechos químicos de las fábricas en las áreas industriales de San Mateo Atenco y, entre otras, las aguas “grises” de unidades habitacionales de otros municipios mexiquenses y de los cinco estados arriba citados.

Bautista Hernández explicó que la falta de mantenimiento a las plantas tratadoras contribuye también al desbordamiento de los ríos. “Las compuertas se abren ya que la acumulación de desechos sólidos forma tapones y disminuye la capacidad de almacenaje de aguas negras. Si se desazolvaran periódicamente las rejillas y toda la infraestructura que ello conlleva, soportaría un mayor nivel de agua por más tiempo. El río Lerma continúa con niveles altos y las lluvias no cesan. Estamos ante el riesgo de que se desborde el canal e inunde los hogares y las ciénegas donde la gente siembra principalmente maíz para autoconsumo; también cultivan avena, jitomate y papa en tierras de temporada. El Gobierno Federal recomienda a la gente que se mantenga alerta y que salga de sus casas para mantenerse a salvo; pero se trata de gente muy humilde que no tiene a dónde ir”, explicó.

Estimó que el eventual desbordamiento del río Lerma causaría pérdidas millonarias debido a que cada productor invierte entre 20 mil y 25 mil pesos para obtener, si bien les va, alrededor de cinco toneladas del maíz por hectárea que utilizan para alimentar a sus familias. Aclaró que el promedio de producción maicera es de tres toneladas y media a cuatro toneladas.

El Movimiento Antorchista en acción

Miguel Ángel Bautista, de militancia antorchista, informó a este semanario que los activistas de su organización mantienen informada a la población que habita en comunidades ribereñas del río Lerma. Los vecinos han levantado barricadas con costales de arena en los márgenes del cauce, especialmente en las áreas más bajas, como es el caso de la delegación de Tlachaloya, en Toluca, y una parte de Jiquipilco. También han realizado recorrido por el río acompañando a la Secretaría del Campo del Estado de México.

“A pesar de los esfuerzos que hemos hecho junto con los pobladores, estas medidas resultan insuficientes, pues se requiere que el gobierno del estado y su similar Federal inviertan en un proyecto integral que inhiba el riesgo de desbordamiento. Por ejemplo, con el encoframiento del río, la perforación de canales paralelos y, por supuesto, el mantenimiento a las plantas tratadoras, solo por mencionar algunas acciones que pueden ponerse en marcha”, aclaró.

Entre las personas que viven en zozobra ante el peligro de que se desborde el río Lerma se encuentra Margarita Álvarez Quiroz, de 59 años de edad, vecina de la comunidad de Tlachaloya: “Ha estado lloviendo muy fuerte y estamos en riesgo de perder el maíz que sembramos en junio pasado en tres cuartos de hectárea. Esto me dejaría sin alimento básico para los 12 miembros de mi familia, tanto hijos como nietos y mis animalitos, pues las aguas negras contaminarían nuestro producto”.

Doña Margarita vive a 30 minutos de la ciénega en la que siembra. Sabe que debe estar alerta ante las lluvias y reveló que no sabe nada de los apoyos federales: “me siento muy angustiada, pues por un lado se dice que en caso de sufrir inundaciones nos darán apoyo del gobierno; pero aquí en Tlachaloya, honestamente, no se ha visto nada, ni apoyos ni medidas para evitar el desbordamiento del río”.

Advirtió que en la zona donde siembra no hay servicios básicos como electrificación, agua y pavimento: “El camino está muy feo, en mal estado; pero debemos atravesarlo si queremos trabajar en nuestra tierra. Solo así podemos obtener un poco de alimento para vivir. Si se desborda el río tendremos que olvidarnos del cultivo, pues el agua de lluvia se mezcla con las aguas negras y contaminadas; el olor es insoportable, además de que arrastra basura, llantas y restos de animales. También se han encontrado cuerpos humanos en el río”.

Comentó que el daño ha perjudicado la salud de los vecinos que viven en las áreas aledañas al río. Entre los males se hallan el salpullido en la piel, las infecciones con pus provocadas por el piquete de los moscos y los problemas gastrointestinales. Además, el Centro de Salud de la comunidad carece del personal médico suficiente y el poco que tiene no es suficiente para atender a los 15 pacientes que recibe cada día.

“Para recibir atención médica debemos trasladarnos al hospital de Temoaya o al regional de Toluca. Ambos nos quedan lejos, entre 30 minutos y una hora de distancia. Además, debemos gastar en el transporte, por lo que es difícil cuidar de nuestra salud”.

Con respecto a la producción de maíz informó que, en caso de lograr una buena cosecha, tiene la posibilidad de elaborar tortillas para la venta: “De un cuarto de producto salen dos kilos de tortilla; cada uno lo vendo en 20 pesos. Cuando me va bien, logro vender entre 25 y 30 kilos. Pero si perdemos la cosecha de nada habrá servido lo que ya invertimos”.

Por lo anterior, doña Margarita se sumó al llamado a las autoridades federales y estatales para que intervengan y resuelvan los problemas que las lluvias fuertes generan en la localidad: “Si existe la manera de que nos apoyen para que el agua no se estanque más y se entube el río, sería muy bueno que lo hicieran. Así ya no estaríamos en riesgo de inundación cada temporada de lluvias y podríamos asegurar nuestros alimentos para consumo y venta”, concluyó.