Durante la última sesión del tercer periodo de la Legislatura actual en la Cámara de Diputados, la mayoría del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) instrumentó un juicio de procedencia contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, para quitarle el fuero constitucional a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por la supuesta comisión de lavado de dinero y delincuencia organizada. Con este hecho, Morena no solamente violó la Constitución sino que, además, se mostró tan corrupto como las personas que son objeto de sus frecuentes acusaciones por este delito e incurrió en varias acciones turbias.

El primer paso fue sucio, porque se orientó a efectuar el juicio de procedencia contra el mandatario estatal sí o sí y vía rápida (fast track) porque así le conviene a Morena ante las elecciones federales y locales del seis de junio. En función de este objetivo, la mayoría morenista integró a su modo la llamada sección instructora y con ello violentó el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Éste aclara que la sección instructora “tiene a su cargo practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho de responsabilidad política y/o penal de algún servidor público incluido en el Artículo 110° Constitucional, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el denunciado”^[1].

El número de elementos que conforman la sección instructora es de cuatro. En el inicio de la actual Legislatura, a finales de 2018, la sección instructora fue ocupada por dos diputados de Morena: Martha Patricia Ramírez Lucero, presidenta, y Alejandro Carvajal Hidalgo, secretario; el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Raúl Gracia Guzmán y el diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento Ciudadano (MC). Para realizar sus planes, Morena designó a Pablo Gómez como presidente, a Martha Patricia Ramírez como secretaria, dejó al PAN fuera de la sección instructora, nombró a la petista Mary Carmen Bernal Martínez y a la priista Claudia Pastor.

El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, el yucateco José Elías Lixa Abimerhi, al rechazar ese acuerdo orquestado por Morena, emitió duros reproches a este partido debido a que “arbitrariamente en 2019, sin consenso con su bancada, decidió retirar nuestra representación en dicho órgano de la Cámara, lo cual no compartimos, no aceptamos ni toleramos”.^[2] En palabras llanas, Morena puso una sección instructora a modo, valiéndose de su mayoría aplastante y faltándole al respeto a todos los principios democráticos, pues el PAN tiene más fuerza que el Partido del Trabajo (PT), pero lo dejaron fuera para contar con tres votos contra uno.

El segundo paso turbio fue la falta de presentación de pruebas contundentes que demostraran que el gobernador de Tamaulipas incurrió en la comisión de los delitos imputados, actitud que contrastó notoriamente con la que el grupo parlamentario de Morena asumió para diferir el juicio de procedencia propuesto contra el diputado morenista recién acusado de violar a un menor. Es decir, como el panismo es rival del morenismo, sus diputados aceleraron al juicio de procedencia contra Cabeza de Vaca y mandaron a la congeladora el del morenista violador de menores.

El tercer paso turbio, después de un largo e inútil diálogo de sordos –pues Morena no escucha razones, solo lanza epítetos o consignas contra sus enemigos sin ideas profundas y sin pruebas contundentes– consistió en la aprobación del desafuero contra Cabeza de Vaca usando su aplastante mayoría. Este hecho permite prever, como advirtieron los panistas, que finalmente los tribunales van a declarar la nulidad del proceso a causa de las muchas inconsistencias que se dieron y, asimismo, que se repita lo que, con frecuencia, se escucha en Palacio Nacional: quejas contra jueces “corruptos” o “conservadores” que declaran inválidas las decisiones que ahí se emiten. Pero lo que no dicen, de ninguna manera, es que los morenistas son tan desaseados y cínicos, que hasta alardean de las trampas con que pretenden disfrazar la legalidad.

Una vez aprobado el desafuero de Cabeza de Vaca, la resolución fue enviada al Congreso de Tamaulipas para que éste determinara si el juicio de procedencia hecho en San Lázaro estaba apegado a la legalidad. Su dictamen fue contundente: “Por considerar que vulnera sus garantías individuales, así como viola el debido proceso y la presunción de inocencia, el Congreso de Tamaulipas rechazó el juicio de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca. La votación se dio con 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones”^[3].

Ahora lo importante no es si se quita o no el fuero al gobernador, sino que los ciudadanos de este país no permitamos que se desafuere a un mandatario con trampas y el uso abusivo de una mayoría en el Congreso que coarta la libertad personal y colectiva de los mexicanos, actitudes en las que se advierte el peligro de una naciente dictadura. Al ciudadano común que ya le quitaron los programas, los recursos para obras del Ramo 23, los fideicomisos, las guarderías, las medicinas, las vacunas para la polio, los tratamientos para niños con cáncer, etc., ahora le arrebatan sus libertades.

En América Latina están renaciendo las dictaduras y los dos ejemplos más evidentes de ello se están dando en El Salvador y México. En el primer caso con la mayoría a favor de Nayib Bukele, quien eliminó la Suprema Corte de su país; y en México, con una violación a la Constitución para ampliar dos años el mandato del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura. A esta transgresión se agregaron las cometidas por el Congreso de la Unión contra el gobernador de Tamaulipas, a quien se le violó el debido proceso, su presunción de inocencia, así como sus garantías individuales; y todo ello contra un enemigo político, lo que evidentemente está orientando al país por el camino de la dictadura.

En México hemos vivido oscuras épocas de dictadura, entre ellas la que encabezó Victoriano Huerta, quien primero conspiró y asesinó, tras la Decena Trágica, al expresidente Francisco I. Madero; más tarde acalló críticas con más asesinatos, como los del senador Belisario Domínguez y el diputado Serapio Rendón; luego disolvió el Congreso en 1913 y encarceló a una treintena de legisladores de oposición, hasta que su lúgubre mandato debió ser sancionado por el propio pueblo de México.

Hoy no hemos llegado aún a extremos como los recordados, pero a los opositores de Morena se les persigue, se les intervienen sus cuentas por quítame estas pajas; se les quita el fuero y se les ataca cada mañana desde el púlpito de Palacio Nacional. Sin embargo, el intento por desaforar al gobernador de Tamaulipas es un paso más hacia la dictadura en México. En junio próximo tenemos la ocasión, como pueblo, de frenar la dictadura con la participación masiva de la sociedad contra la “Cuarta Transformación”.