Es frecuente que los personajes de la política nacional hablen sobre la pobreza, sin duda uno de los problemas más profundos en la mayoría de los mexicanos; y que, pese a la posibilidad que tienen de combatirla o reducirla, no lo hagan o que fracasen al intentarlo.

Para reducir la pobreza es importante saber cómo medirla, ya que sin este conocimiento mínimo no puede lucharse contra ella. En 2004 se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), un órgano técnico al cual se otorgó autonomía de gestión para evitar que el Poder Ejecutivo federal interfiera en sus tareas de investigación.

El Coneval revolucionó la medición de la pobreza cuando advirtió que ésta es un problema multidimensional; y su origen no procede únicamente del ingreso para proveerse de la canasta básica, sino también de la falta de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a servicios urbanos y espacios de vivienda digna, y una alimentación variada y saludable.

Las mediciones de la pobreza se elaboran con base en la satisfacción de las siete necesidades socioeconómicas más indispensables. En la del ingreso se cuantifica a las personas que perciben ingresos mensuales menores al valor de la canasta básica (cuyo costo, en mayo pasado, fue de tres mil 360.93 pesos en zonas urbanas y de dos mil 203.69 en las rurales) y en las otras seis necesidades –salud, educación, seguridad social, alimentación, vivienda y servicios urbanos– se cuenta el número de los ciudadanos que carecen de estos bienes y servicios. En 2018, el 41.9 por ciento de los mexicanos (52.4 millones) se hallaban en la pobreza.

Para abatir este problema, es necesario que los tres niveles de gobierno trabajen con un mismo plan de combate. Hasta ahora, sin embargo, no se ha diseñado un proyecto único. El Gobierno Federal, por ejemplo, opta por programas que operan mediante la entrega directa de dinero en efectivo a las personas, cuyos resultados son excelentes para ganar elecciones, pero no para combatir la pobreza. Estos programas, además, provocaron la reducción presupuestal o la desaparición de otros que habían funcionado bien hasta 2018, como fue el caso del Ramo 23, con el que se construía infraestructura básica en pueblos con problemas de marginación; la Cruzada Nacional contra el Hambre; el programa que brindaba apoyo a las pequeñas y medianas empresas para ofrecer empleos formales y, entre otros, el Seguro Popular, cuya oferta de salud para la gente más pobre de México fue sustituido con la pésima creación del Instituto Nacional del Bienestar (Insabi).

El combate del actual gobierno a la pobreza deja mucho que desear; y aun vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador la concibe como si fuera algo positivo, como una aspiración moral y al romantizarla de este modo –y oponerla a la clase media– da la impresión de que no tiene la mínima intención de reducirla ni mucho menos acabarla.