Hablaré, para empezar, de lo que me consta. Cada vez que un grupo antorchista sale a manifestarse a la calle, sea como sea y sin importar en qué lugar del país, todos tenemos que sacar el paraguas de nuestra resignación, de nuestra paciencia y de nuestra fortaleza de ánimo, porque estamos seguros de que nos lloverá, de que nos lloverá duro y tupido desde los medios informativos, sin ninguna excepción que valga la pena destacar. Nos sabemos de memoria la batería de “argumentos” que se usan en nuestra contra: desde la consabida exageración unilateral del “caos vial” y del atropello a los “derechos de terceros” que eso significa, pasando por los “daños económicos” a los negocios establecidos, la disminución grosera e intencional del número de participantes (“varias decenas”, dicen los más discretos) para restarle importancia al evento, las “entrevistas” amañadas y escogidas a modo para mostrar que la mayoría no sabe ni por qué protesta, hasta los sesudos cálculos económicos que culminan con las “ingenuas” preguntas: ¿Y quién paga todo esto? ¿De dónde salen los recursos? Esto, el mismo día o al día siguiente de la protesta. Después, en los días siguientes, vienen los artículos “de opinión”, las columnas “bien informadas” (¿por quién?), los editoriales, etc. En todos ellos los ataques se ahondan y se agravan, sobre todo, contra los líderes. Se repasa sin falta el rosario de ataques, imputaciones, calumnias y acusaciones de crímenes, grandes y chicos, supuestamente cometidos por cabecillas y miembros de base de Antorcha, sin importar que nunca se hayan probado ni lógica ni jurídicamente; se inventan actos vergonzosos de corrupción de los dirigentes que tampoco se respaldan con nada; se sacan a relucir detalles de su vida privada, de los “lujos” que se dan y con que viven, de las grandes riquezas que han amasado a costillas de los pobres; y se termina descalificando todo: líderes, organización y protesta, acusándolos de esconder sus verdaderas intenciones y los oscuros intereses a que sirven. En todo esto brilla por su ausencia, y de modo absoluto, la más mínima referencia a las demandas expresas de los inconformes; jamás se recogen ni por error sus palabras, sus argumentos, sus razones ciertas o falsas. Menos se analiza seriamente lo que puedan tener de legítimo y urgente, aun en el caso de que los líderes las usen y manipulen en su provecho. Tampoco se ahonda, jamás, en el origen de los problemas, pues ello implicaría reconocer la gran injusticia social que priva en el país, la dimensión de la pobreza que de ahí se deriva, denunciar la insensibilidad e ineptitud de las autoridades a todos los niveles de la administración pública, que si no causan, sí agravan la problemática social. Con semejante trato a la protesta organizada, los medios nos dicen a todos claramente que su tarea no es, ni por pienso, la defensa de los desvalidos, la denuncia de las injusticias y la crítica a los dueños de la nación; que su tarea es otra muy distinta: hacerse “rentables”, producirle dinero, todo el dinero que se pueda, a sus dueños y empleadores. Y los pobres, desgraciadamente, no dan dinero. Atrás quedaron los héroes civiles del periodismo de combate al servicio de las grandes causas nacionales; no volverán El Ahuizote, El Hijo del Ahuizote, Regeneración o El Diario del Hogar; ni los Francisco Zarco, los Flores Magón o los Filomeno Mata. Hoy vuelve a imponerse, con toda crudeza y cinismo, la sabia sentencia del poeta: “Poderoso caballero es don dinero”. Un aporte decisivo del movimiento estudiantil popular de 1968 fue, precisamente, poner al desnudo el estrecho maridaje que había entre la prensa y los poderes reales y legales del país; probarle a la nación entera que la verdad de sus problemas y desgracias podía estar en cualquier parte, pero no en los medios informativos. Su grito de “¡prensa vendida!” pronto se escuchó, repetido con entera convicción por el pueblo, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ante la denuncia valiente y sabia de los jóvenes de entonces, la prensa y los medios masivos en general cayeron en un desprestigio tal, en tal pérdida de credibilidad, que no tuvieron más remedio que echar marcha atrás y corregir en alguna medida su entreguismo desfachatado. Poderosas cabezas hasta entonces intocables, tuvieron que rodar; auténticos gurús del “cuarto poder” tuvieron que ceder sus puestos a gente nueva, menos identificada con la línea antipopular y reaccionaria del sistema. Hoy hemos vuelto a caer en lo mismo; hemos retrocedido a la situación que había antes del 68. Hoy resulta prácticamente imposible lograr que se cuele a las páginas de los diarios, o de los noticiarios de los medios electrónicos, ni la más mínima crítica seria al statu quo. Para hacer oír su verdad, así sea la más inocua, los pobres, el pueblo, tienen que gastar ingentes sumas de dinero que, desde luego, no tienen. Y no es raro el caso de que ni siquiera así se les abran las puertas de los medios; sucede con frecuencia que ya pagada una inserción o un spot, los llamen para devolverles el dinero con una explicación irrebatible: no se compagina con nuestra línea editorial. Eso es todo. Revelador, y muy revelador de esta verdad, es lo que pasa con las manifestaciones populares. Pasando olímpicamente por encima del hecho indiscutible de que se trata de una garantía constitucional, todo mundo en los medios (reporteros, columnistas, articulistas, editorialistas) solo ve las molestias que ocasionan y por eso no se recata para tratarlas como un delito. Los medios se han convertido en paladines y voceros de cantineros, cochetenientes, restauranteros, hoteleros y demás, y en enemigos ciegos, rabiosos hasta la deformación y la calumnia, de las demandas y la lucha populares. Las han criminalizado: para ellos no son un síntoma de la desigualdad y de la pobreza, sino abusos, irresponsabilidad e impunidad de líderes y masas que, por tanto, deben ser tratados a palos y cárcel. Paz social a como dé lugar, aunque sea la paz porfiriana. Y cuanto antes, mejor.