Los partidos políticos son plataformas que legalmente permiten a los grupos organizados de una clase social alcanzar el poder político sobre la base de los lineamientos que marcan las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, en una democracia, el poder se busca sobre la base de un ideario programático determinado, y ese ideario es el hilo conductor que debería guiar a los gobernantes en el ejercicio de sus funciones una vez que son electos y protestan cumplir y hacer cumplir los preceptos constitucionales que rigen a nuestra nación. El problema es que eso suena bien, pero que no funcionan así en la realidad. Por el contrario, en la realidad, es que las elecciones en este país, como en muchos otros del mundo moderno, son costosas y gana quien puede pagar (y no solo me refiero al gasto público destinado a ellas, sino a la intervención de otros actores que ponen, por debajo del agua, dinero y relaciones para hacer ganar a tal o cual candidato a cambio de determinados favores que han de pagar una vez siendo gobierno), razón por la cual no son los principios políticos, los ideales de partido y menos la gente más humilde con sus necesidades, los que guían a los gobernantes para alcanzar el poder; más bien, son sus intereses personales, económicos o de grupo los que sirven de guía a quienes aspiran a un puesto público.

Así se explica, también, que una vez que llegan a la silla del poder se olvidan de las promesas de campaña y de los compromisos hechos con la gente pobre a la que en campaña ardientemente dijeron que defenderían y que ayudarían a salir de su pobreza si votaban por ellos y si llegaban al poder. De esta suerte, ya que ganaron, los pobres que votaron por él, cuando pretenden recordarle al gobernador en turno que resuelva aquello a lo que se comprometió, no solo no los atienden, sino que, por el contrario, los maltratan, les hacen esperar horas o, simplemente, buscan que se desesperen y se vayan. Cuando los pobres de una comunidad se organizan con base en los derechos constitucionales consignados en los artículos 6^o, 8^o y 9^o de nuestra Carta Magna  y se manifiestan frente a las oficinas del funcionario para hacer valer sus derechos humanos, el gobernador en funciones también los ignora, no resuelve sus demandas y, finalmente, utiliza la fuerza del Estado represor en contra de quienes se organizan, acusándolos de abusivos, además de declarar que no atenderá a organizaciones, sino a personas en lo individual, lo cual, como queda dicho, tampoco cumple.

Hay, además, un dejo de vanidad en esa visión, pues se han de preguntar los gobernantes: “Quién es esa gentuza y qué sabe de gobernar, si yo soy un político profesional y sé lo que quiere la gente”. En otras palabras, quién es el pueblo para decirme lo que tengo que hacer. Pero, cuando se trata de los intereses de los grandes empresarios, que muy seguramente pusieron dinero para la campaña de tal gobernador, les recibe la llamada de inmediato, les atiende enseguida, les concede permisos, todos los apoyos, etc., y el gobernante se pone de tapete. Solo se recurre al pueblo para que emita su voto a favor del candidato que maquilla su imagen externa hasta conseguir el triunfo y que al final no gobierna para la mayoría que votó por él, sino para los poderosos, cuyos intereses se dedica a mantener a salvo.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió compromisos que debe cumplir. Cuando César Camacho era su presidente nacional declaró: “Acordamos que el Partido vigile y exija a sus militantes convertidos en autoridades un desempeño apegado a la legalidad y al cumplimiento de sus compromisos, por la vía de una recomendación legitima y enérgica”, que hemos pedido oficialmente en el caso de Hidalgo y no nos han resuelto. Tampoco Omar Fayad ha atendido lo señalado por los documentos básicos del Partido: “Somos el partido que ha impulsado la construcción del México moderno. Nos reconocemos en los principios que guiaron a la Independencia de México, a la Reforma y a la Revolución Mexicana, mismos que definieron a la Constitución de 1917 como fuentes de nuestro nacionalismo. A lo largo de nuestra historia, hemos sabido identificar las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo y hemos construido las instituciones que han encauzado el desarrollo económico y social de la Nación, dándole estabilidad política y paz institucional. Somos un partido nacionalista que, orgulloso de los principios ideológicos de la Revolución Mexicana, promueve la modernización de México con democracia y justicia social. Por eso nos inscribimos en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Somos un partido comprometido con la observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las leyes e instituciones que de ella emanan. Somos un partido comprometido con la voluntad del pueblo como principio y sustento de la organización política de la sociedad en el Estado. La diversidad social que nos integra se opone a quienes practican la confrontación y la división y se pronuncia por un ejercicio gubernamental ejemplar de gobiernos que cumplan sus compromisos de cara a la sociedad. Compartimos los principios de la Internacional Socialista. Exigimos un Estado comprometido con el combate a la pobreza, que ofende la dignidad humana, debilita el tejido social y frena el desarrollo del país. Nos pronunciamos por un Estado que reconozca el mandato de las mayorías, pero al mismo tiempo sea incluyente y respetuoso de las minorías. Reconocemos la libertad de conciencia de los individuos, la libertad de asociación y la libertad de expresión como valores fundamentales de la convivencia social”.

¿Será que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, desconoce los Documentos Básicos del PRI? O bien, ¿será que los conoce perfectamente, pero no tiene la intención de hacerlos cumplir, simplemente porque no fue ello lo que le motivó a ser gobernador, sino otros intereses que, en los hechos, atropellan los documentos básicos del PRI y al pueblo pobre de Hidalgo. No puedo dar la respuesta de lo que esté pensando el gobernador, pero en los hechos sí se puede afirmar que no respeta los documentos básicos y los principios del PRI, de manera que el partido debería revisar críticamente a aquellos que llegaron al gobierno con sus siglas, para ver si cumplen o hacen cumplir la Constitución y los documentos básicos del partido, pues la gran derrota sufrida en el país, inclusive en Hidalgo, donde el Congreso local es mayoritariamente morenista y en el que se hizo una solicitud para modificar la constitución estatal para incluir en el procedimiento de Juicio Político al propio gobernador, parecen no despertar a ciertos sectores del PRI que no ven que justamente la soberbia, el alejarse del pueblo y la falta de atención de sus demandas prioritarias son la causa de su debacle histórica; seguir así puede llevar al PRI a la ruina histórica y a no completar el porcentaje mínimo que hoy exige la ley para mantener el registro, como pudiera suceder en Baja California y, después, en Hidalgo. Demandamos al PRI su intervención efectiva para que Omar Fayad respete la Constitución y los documentos básicos del partido, que atienda a los Antorchistas y resuelva sus demandas básicas, pues los pobres de Hidalgo no pueden ni deben seguir sufriendo las arbitrariedades derivadas de la soberbia y de los intereses ajenos al pueblo pobre de Hidalgo.