Ya ha pasado poco más de un año desde que empezara el gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y no existe el mínimo indicio de progreso en nuestro país. El partido que se anunció como la esperanza de México –a imagen y semejanza del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Siglo XX– tiene hoy los tres poderes de la República en sus manos, pues además de contar con la titularidad de la Presidencia y su gabinete, maneja el Poder Judicial, más de la mitad de las curules de la Cámara de Diputados y casi otro tanto de las senadurías. Sin embargo, el uso de este poder excesivo no brinda satisfacción a las expectativas y las necesidades en la mayoría de los mexicanos, sino que, por el contrario, está creando una situación de inconformidad cada vez más generalizada, que permite el surgimiento de expresiones de insurgencia.

El término insurgencia significa levantamiento contra la autoridad y alude a un fenómeno político de incidencia histórica universal con obediencia a diversas causas; en algunos casos, las insurgencias son inoculadas por potencias externas y, en otros, son resultado de pugnas y desgarramientos internos entre grupos revolucionarios o reaccionarios. También es cierto que un evento insurgente puede surgir en comunidades en las que la autoridad ya no es vista como tal, porque no respeta las leyes ni responde a los intereses de una parte significativa de los ciudadanos, o porque se ilegitima al no saber gobernar. Las insurgencias nacen de rompimientos flagrantes del Estado de Derecho vigente, cuando quienes ostentan el poder no dejan los espacios indispensables para que los opositores o disidentes diriman sus diferencias sin tener que recurrir a la justicia por mano propia o a la guerra civil violenta.

Cuando las leyes se rompen, la violencia insurgente no se detiene a considerar al enemigo dentro de marco legal alguno. Los límites de la violencia desaparecen, las decisiones políticas se toman con la fuerza de las armas y, en el mejor de los casos, triunfa una propuesta que supera al orden que incumplía la ley. Sin embargo, es necesario recordar que después de las guerras mundiales del Siglo XX, los Estados nacionales más poderosos del orbe aprovecharon los desórdenes generados por las guerras civiles en los países débiles para intervenir y aprovecharse de sus recursos naturales, sociales y culturales.

El actual gobierno asegura que su política tienen como principal objetivo acabar con la corrupción. Desde su campaña electoral en 2018, el hoy Presidente y los candidatos de su partido declaraban que, con una política de ahorro y recortes presupuestales, liberarían a México de la corrupción, que la barrerían de “arriba hacia abajo” y concentrarían el dinero necesario para paliar todos los males que aquejan al pueblo mexicano. A un año de iniciado el gobierno morenista “no corrupto”, algunas de sus decisiones resultan totalmente contradictorias.

Por ejemplo, golpeó los intereses de los poderosos contratistas que construían el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); pero en el gabinete de AMLO despachan algunos de los empleados o personeros de los hombres más ricos del país. Y aunque el ahora Presidente asegura que para él son “primero los pobres”, en los hechos éstos son hoy los más castigados, pues su gobierno eliminó el Ramo 23, que se destinaba a obras públicas municipales; también desaparecieron el Seguro Popular, los comedores comunitarios, las guarderías donde se cuidaban a los hijos de madres solteras, la atención a mujeres violentadas y a pacientes con enfermedades degenerativas.

A esta política antipopular hay que agregar las condenas públicas que el Presidente emite cotidianamente, sin aportar pruebas, contra políticos antiguos y organizaciones sociales, como el Movimiento Antorchista, al que además de acosar, pretende negarle su derecho a convertirse en partido político. Todo esto contrasta notoriamente con su política laxa y aun tolerante hacia el crimen organizado.

Todo esto y más constituye una violación irresponsable al Estado de Derecho que, además de enrarecer el ambiente político nacional, frustra las expectativas de la mayoría de los mexicanos, incluidos los que en 2018 votaron por Morena. Por ello, no pocas personas se plantean hoy estas dos preguntas: ¿El gobierno de Morena es consciente de que sus violaciones a las leyes vigentes pueden generar acciones de insurgencia? ¿El Presidente está dispuesto a provocar una guerra civil o una intervención extranjera?