La semana pasada dije que lo único realmente nuevo en la actual andanada de ataques en contra del Movimiento Antorchista es que no parece haber preocupación por ocultar la mano presidencial detrás de la misma, sino todo lo contrario. Pero me equivoqué. Hay algo más que también es absolutamente nuevo y exclusivo de la actual campaña: la acusación de huachicoleros, esto es, la acusación de que las gasolinerías propiedad de nuestra organización han lucrado con la venta de combustible robado.

En efecto, cualquiera puede revisar puntualmente el contenido de las injurias, calumnias simples e imputaciones de presuntos delitos que durante cuarenta y cinco años se han dejado caer impunemente sobre nuestras cabezas, y se sorprenderá de no encontrar una sola que nos ligue con los ladrones de combustible. Nunca antes, ni una sola vez, ni siquiera por error, se nos había culpado en este sentido. Y hay que tomar en cuenta que la “denuncia” de posesión de gasolinerías por parte de Antorcha, tratando de presentar el hecho como un delito en sí mismo o como “prueba” de corrupción y enriquecimiento ilícito de los líderes, en particular de quien esto escribe y de su familia, está muy lejos, ella sí, de ser algo nuevo e inédito. Varias veces antes de ahora se ha tratado de golpearnos en este flanco.

La omisión de que hablo no es casual, ni puede atribuirse a descuido o a falta de información de los denunciantes. Se debe, sencillamente, a que, sin una premeditada intención o sin una orden precisa de inventarnos el cargo de huachicoleros, resulta muy difícil hacerlo sin ser atrapado en una mentira flagrante y sin hacer el ridículo por la falta absoluta de pruebas al respecto. Es así porque, como dije la semana pasada y hoy repito por considerarlo necesario, cada estación de servicio que opera con franquicia de Pemex (y ése es el caso de todas las de Antorcha), está monitoreada por la empresa, en tiempo real y con tecnología digital de punta, las 24 horas del día. Pemex sabe, por tanto, en cada momento, cuánto combustible ha entregado a la estación, cuánto ha vendido ésta y qué volumen hay en sus tanques de almacenamiento. Adicionalmente, el responsable del negocio envía un informe diario, completo y detallado, de sus operaciones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambas instancias facultadas para abrir una investigación en caso de detectar irregularidades. Por tanto, como también ya dije, es materialmente imposible vender un solo litro de combustible que no proceda de Pemex, sin ser detectado de inmediato.

Una consecuencia de esto (y prueba irrefutable, al mismo tiempo, de la veracidad de lo que digo) es que, como lo saben bien PEMEX, la CRE y el SAT, la PGR (ahora FGR), los medios de información y el propio presidente López Obrador (puesto que así lo han dicho públicamente), la principal ruta de comercialización del huachicol no son las estaciones de servicio (aunque pueda haber alguna excepción), sino la entrega directa a los grandes consumidores (que a mí no me corresponde identificar) y la venta en expendios clandestinos donde se surten consumidores menores poco significativos. No está de más hacer saber a la opinión pública que las gasolinerías de Antorcha han logrado conservar la preferencia de sus clientes, y en muchos casos registrar un aumento de los mismos, gracias a que comprueban, a través del medidor de su vehículo y del monto de la factura que pagan, que allí sí se despachan litros completos y al precio oficialmente autorizado.

No tengo manera de saber si el estricto control digital que ejerce Pemex sobre sus estaciones de servicio, así como la información rigurosa que se rinde diariamente a la CRE y al SAT, son del conocimiento del Presidente de la República; pero sí estoy seguro de que lo sabe bien, hasta el último detalle, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, licenciado Santiago Nieto, que es la persona a quien el Presidente encargó investigar a las gasolinerías de Antorcha. Según una nota de la reportera Nancy Flores, aparecida en el portal de noticias contralinea.com.mx, el ocho de febrero de este año, Nieto Castillo ordenó congelar las cuentas bancarias de una empresa investigada por su oficina sin estar facultado para ello, lo que la hace decir que “…vuelve a poner en duda sus capacidades profesionales para estar al frente de esta área estratégica”. Según Nancy, el abogado tiene a su disposición “…tecnología de punta que le permite acceder directamente a todo el sistema financiero; es decir, los especialistas de esa Unidad pueden ver en tiempo real no solo el manejo de cuentas bancarias sino todas las operaciones financieras tanto en el sector privado como público”. Y más: “Sus oficinas están equipadas con un sistema de control de gestión con el uso y generación de etiquetas con códigos QR, scanners e impresoras de alta capacidad de procesamiento y equipamiento de hardware y software para evidencia digital; así como un esquema de recepción de información para notarios y corrección de vulnerabilidades en el portal «Declaranot»”. No se justifica, pues, el error.

Preocupa (y asusta) tanto poder en manos de una sola persona que, además, puede no estar capacitado, ni intelectual ni emocionalmente, para ejercerlo con honradez, acierto y discreción, como sugiere la reportera Nancy Flores. En el momento de escribir esto, está en su apogeo el escándalo provocado por las acusaciones contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, señor Guillermo García Alcocer, lanzadas por la Secretaría de la Función Pública y, precisamente, por la UIF de Santiago Nieto. El golpe pretende ser demoledor: se le acusa de conflicto de intereses, fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales. García Alcocer ha salido a los medios a desmentir puntualmente cada cargo y ha solicitado una audiencia con el Presidente de la República para poner las cosas en claro, según dijo. Con todo esto, se tiene la impresión de que, al frente de la UIF, tenemos a una verdadera ave de las tempestades con un poder inmenso para hacer y deshacer honras y prestigios de los hombres públicos del país, y que no es posible predecir hasta dónde nos puede llevar con semejante propensión a abusar de su cargo.

Pues bien, si como digo y demuestro, el señor Santiago Nieto no ignora, no puede ignorar la verdad sobre el funcionamiento de las gasolinerías de Antorcha y, a pesar de eso, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se nos investigue y castigue; si sus credenciales de honestidad moral y capacidad intelectual han sido puestas en duda (y no por los antorchistas); si no olvidamos, por fin, que acaba de publicar un libro (Sin filias ni fobias) en el cual nos dedica un capítulo que titula “Antorcha Campesina, un problema social”, esto es, acusación, sentencia y castigo (erradicación absoluta del antorchismo), todo en una sola frase, ¿es mucho suponer que su denuncia no pasa de ser una acusación adventicia, un delito prefabricado cuyo éxito o fracaso dependerá de la actitud que asuma la FGR ante tal intento de prostituir la ley y la justicia? Los medios informativos han dicho desde siempre que el actual Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, es un profesional muy preparado, conocedor como pocos de las funciones y responsabilidades de su cargo y, por encima de todo, un hombre probo y de conciencia. Si eso es así (y no tengo ninguna razón para dudarlo), desechará por improcedente, por contener un vicio de origen que la vuelve nula de toda nulidad, la denuncia en nuestra contra presentada por un funcionario prejuiciado e incompetente. No hay materia para la litis; no hay base alguna para sospechar venta de combustible robado en las gasolinerías de Antorcha. Pemex, la CRE y el SAT tienen los elementos de juicio sobrados para demostrarlo.

Cuando, en el sexenio de Vicente Fox, se acusó penalmente al actual Presidente de la República y, ante sus planes de movilización de masas, la prensa le preguntó que por qué, en vez de eso, no se defendía en los tribunales, él contestó: porque cuando hay consigna política en contra de un acusado, es inútil apelar a la ley; nada se escucha, ningún recurso prospera, toda apelación se frena y no transita. Yo veo un enorme peligro de que los antorchistas estemos ante una situación como ésa, a pesar de lo cual, no dejaremos de defendernos ante los tribunales, incluidos los internacionales si fuera el caso. Pero, siguiendo la enseñanza del ahora Presidente de México, no nos limitaremos a eso; no dejaremos de echar mano de nuestra fuerza de masas para protegernos contra los abusos y para hacernos oír por el país entero. Ya estoy convocando al antorchismo nacional para acordar con él lo conducente.