A la mitad de su administración publica, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, solo puede presumir que su administración está manchada de sangre, como lo comprueban datos del SESNSP.

La administración lopezobradorista, cumpliendo la orden de convertirse en la policía migratoria y el “muro” del gobierno estadounidense, está deportando a miles de migrantes latinoamericanos a sus países de origen.

Las autodefensas en Pantelhó, Simojovel, Altamirano y Chenalhó no solo se debe a disputas agrarias de hace varias décadas, sino al hartazgo por la corrupción, impunidad y nexos de los gobiernos con la delincuencia organizada.

Casi 30 mil docentes exigieron al gobierno de Michoacán el pago inmediato de las últimas cuatro quincenas, aumento salarial y bonos que les prometieron en enero de este año.

Las cosechas de algodón de la región, en Coahuila, han sido olvidadas; este año, los 3,500 campesinos de San Pedro de las Colonias disminuyeron su cultivo en más de 50% respecto al número de hectáreas destinadas en 2020.

Más de dos mil migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica, se encuentran hacinados, en situación muy precaria y expuestos a la violencia y a las extorsiones del crimen organizado.

El gobierno del presidente López Obrador mantiene en la cárcel a cuatro agricultores de Chihuahua que participaron en la defensa del agua de riego, quienes fueron secuestrados o detenidos sin órdenes de aprehensión.

Desde adquirir los insumos para la siembra de maíz, buscar un mercado donde puedan venderlo, hasta aceptar las burdas ofertas de los intermediarios con tal de que su maíz no se pudra, son las trabas que los campesinos guerrerenses deben enfrentar.

Sin el Fonden, decenas de miles de afectados este año por las inundaciones se enfrentan a la mayor incertidumbre, porque desconocen cuándo y cómo les llegarán los recursos comprometidos por las autoridades federales.

Miles de familias pobres hallan en los basureros un medio informal de supervivencia que heredan a sus hijos sin que el Estado haga nada para mejorar sus labores ni su situación social.

Millones de hectáreas de tierra cultivables ya no producen, pues sus propietarios las abandonaron para buscar empleos aquí o en EE. UU., debido, entre otras, a las trabas burocráticas de los programas de apoyo gubernamental.

Después del terremoto del siete de septiembre, miles de guerrerenses pobres y marginados, aquellos que viven en casas de adobe y techos de lámina o tejas, quedaron a merced de la intemperie y en el olvido del gobierno.

Después del "accidente" de Pasta de Conchos donde murieron 65 de 73 mineros, al menos 122 más han muerto en Coahuila.

Datos oficiales reportaron 29 muertes violentas en el primer trimestre de 2021, de éstas, ocho son feminicidios, 17 homicidios dolosos, tres pendientes y una desaparición; una tasa de 0.54 delitos por cada 100 mil mujeres, la quinta más alta del país.