Jacinto Romero Flores, reportero de una radiodifusora de la zona centro de Veracruz, fue ejecutado el pasado 19 de agosto en el municipio de Ixtaczoquitlán; es el segundo periodista asesinado en menos de un año en esta población y el quinto durante el gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.

Hasta el momento, no hay avances en la localización de los agresores, pese a la promesa de García Jiménez; ocurrió igual con los crímenes cometidos contra Jorge Celestino Ruiz Vázquez en agosto de 2019, María Elena Ferral Hernández (marzo 2020) y Julio Valdivia Rodríguez (septiembre 2020).

Una noche antes de su homicidio, Romero Flores, reportero de la radiodifusora OriStereo y propietario del portal RadioIxtac Online, festejó su cumpleaños 61 con una reunión bohemia en la que, con sus amigos, cantó El Andariego de Los Panchos y algunos éxitos de Roberto Carlos.

Unas horas después, Jacinto fue asesinado mientras circulaba en una unidad habitacional de la comunidad de Potrerillo, Ixtaczoquitlán, muy cerca de su domicilio, con lo que se cumplían las amenazas que había recibido cinco meses antes.

Tenía 20 años en el ejercicio periodístico y era muy conocido en la región por su espíritu solidario y sus denuncias sociales y de inseguridad, principalmente en la zona de Zongolica; solía recolectar taparroscas para las quimioterapias de niños enfermos de cáncer y se ofrecía a gestionar medicinas, sillas de ruedas y muletas para discapacitados.

Romero Flores fue el segundo comunicador asesinado en la zona centro de Veracruz y en las mismas circunstancias en las que ultimaron a Julio Valdivia en septiembre de 2020. Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), han sido ejecutados 45 periodistas en el rubro nacional. Según el reporte Primer Semestre de 2021, de la organización civil Artículo 19, la violencia contra los trabajadores de la prensa es debido a la inacción del Estado mexicano; Veracruz ocupa el sexto lugar nacional con mayor número de agresiones a periodistas: 18 en esa primera mitad del año.

“La prensa se encuentra entre la espada y la pared, entre particulares y crimen organizado, ambos amenazan e intimidan para que se detenga la cobertura sobre sus acciones y vínculos con el Gobierno, mientras que el poder público estigmatiza, difama y provoca la autocensura de la prensa al generar un ambiente inhóspito para el ejercicio de la libertad de expresión”, denuncia Artículo 19.

La ineficaz respuesta institucional

Después de difundirse el hecho, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó un operativo de investigación en Ixtaczoquitlán con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en busca de los agresores del periodista. Hasta el cierre de esta edición no había un solo detenido. “Desde la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz reiteramos que no habrá impunidad ni permitiremos que nadie amedrente a la población”, ofreció Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la FGE; en tanto que el gobernador García Jiménez aseguraba que estaban tras los agresores, el gremio periodístico exigía justicia en redes sociales y manifestaciones en varias plazas públicas.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) demandó el esclarecimiento del asesinato dentro del protocolo de investigación que se aplica a las víctimas que son periodistas. “Confiamos en que las instancias competentes den con los responsables, como ha ocurrido en otros casos”, exigió la CEAPP en un documento público.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, requirió una investigación “exhaustiva y expedita”, como la que presuntamente hizo con los crímenes cometidos contra otros periodistas: “La Comisión Nacional demanda a la Fiscalía General de Veracruz indagar los hechos y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso y estará atenta a la evolución de las diligencias que se realicen para la pronta identificación de responsables para que sean presentados ante la justicia y se les sancione de acuerdo con la ley, a la brevedad”.

En un comunicado, la CNDH señaló: “algunos por hacer denuncias contra políticos y funcionarios locales, otros por cubrir hallazgos de restos de desaparecidos o escenarios de ejecutados; y hay que agregar que algunos de ellos contaban con escoltas asignados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o estaban en espera de ser incluidos en el mismo por antecedentes de haber recibido amenazas por sus denuncias contra el crimen organizado”.

El pasado 24 de agosto, durante una visita del Presidente a Córdoba, Veracruz, un grupo de reporteros y sus familiares se manifestó afuera de la ex hacienda de Toxpan –donde AMLO encabezó la conmemoración de los 200 años de Los Tratados de Córdoba– para exigir justicia. Una de sus pancartas exhibía la foto de Jacinto Romero con el Presidente durante una entrevista en Orizaba.

“No me gustaría decirles cuídense, porque no tienen por qué cuidarse de hacer una labor que es nada más informar; pero ahora que mi papá no está, se los digo a ustedes. Mi familia, mis hermanos, yo le decía: ‘Pa, cuídate por favor’. Sabíamos el riesgo en el que él estaba”, lamentó Germán, uno de los hijos de la víctima.

Sin proporcionar más detalles para no entorpecer las investigaciones, indicó que ha tenido reuniones con la FGE y sabe que existen dos líneas de investigación, por lo que pidió a los reporteros no olvidar el tema e insistir en su esclarecimiento. “No mataron a un delincuente, mataron a un luchador social”, denunció Onésimo, uno de los hermanos de Jacinto, quien recordó el profundo amor que su hermano tenía por los animales. Simultáneamente, en Orizaba un grupo de reporteros realizaba una protesta pública en demanda de justicia a su compañero.

Al otro día, en su conferencia mañanera desde la capital veracruzana, AMLO respondió que su gobierno revisa el sistema de protección a periodistas para mejorarlo. “Lo lamentamos mucho, lo de la pérdida de este periodista veracruzano (…) Fue muy acertada la remoción del procurador en Veracruz. Se puede hasta probar con datos, a partir de que se removió al fiscal bajaron los homicidios y los secuestros”, advirtió.

Pero las investigaciones no han dado con los agresores, como ha ocurrido en las dos décadas pasadas. Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 142 asesinatos de periodistas en México. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 47 asesinatos de periodistas; en menos de la mitad del gobierno de AMLO van 43 comunicadores y 68 defensores de derechos humanos, según ha informado la Secretaría de Gobernación (Segob).

El más reciente fue el de Jacinto Romero Flores. Artículo 19 sostiene que Veracruz ha sido el estado más letal para los comunicadores, con 30 periodistas asesinados en las últimas tres administraciones estatales, muchos de los cuales continúan sin resolverse.

Entre los casos que aún piden justicia se halla el homicidio de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal del Gráfico de Xalapa, quien fue ultimado a balazos en Actopan el dos de agosto de 2019. En noviembre de ese año fue detenido el presunto asesino, un policía municipal y escolta del entonces presidente municipal Paulino Domínguez, quien posteriormente fue desaforado, pero no detenido.

Lo mismo ocurre con el asesinato de María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa, quien fue asesinada el 30 marzo de 2020 en el centro de Papantla, región norte de la entidad. En mayo de ese mismo año, la fiscal Verónica Hernández Giadans anunció que había seis detenidos con base en 11 órdenes de aprehensión liberadas, entre ellos un reportero y un regidor. En septiembre, María Fernanda De Luna Ferral, hija de la víctima, denunció que los avances eran parciales. En marzo de este año, dos de los detenidos ganaron un amparo.

A estos dos homicidios sin resolver se suma el de Julio Valdivia Rodríguez, reportero del periódico El Mundo de Córdoba; lo mataron el 10 de septiembre del año pasado en el municipio de Tezonapa, a unos 70 kilómetros de donde fue asesinado Romero Flores. Desde abril, la Fiscalía señaló que ya tenían órdenes de aprehensión. Casi se cumple un año y no hay detenidos. La mayoría de los asesinatos de periodistas cometidos en administraciones anteriores siguen sin avance alguno e impunes.

Periodistas exigen un alto a la violencia

Después de los lamentables hechos, OriStereo, casa de trabajo de Romero Flores, declaró que los medios de comunicación “no somos ni la causa ni el efecto de la violencia en el país, pero sí sufrimos las consecuencias por el desempeño del periodismo y la comunicación”.

La organización Reporteros sin Fronteras se sumó a la condena emitida por el director de la oficina latinoamericana, Emmanuel Colombié, quien opinó que este suceso ensombrece nuevamente el panorama de la libertad de prensa en México: “Jacinto Romero Flores, consciente de que corría peligro, ya había pedido protección oficial. Reporteros Sin Fronteras hace un llamado a las autoridades para que realicen una investigación completa, rigurosa e independiente para no dejar impune este crimen”.

A este llamado también se sumó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aseguró que “la supuesta normalidad de la violencia en México no es aceptable. El nivel de violencia que enfrentan muchos periodistas, especialmente del interior del país, es una aberración, y debe ser atendido con urgencia por el gobierno”, enfatizó Jorge Canahuati, presidente de la organización.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, advirtió: “Estaremos atentos a que el gobierno, tal como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, presente los resultados de la revisión del mecanismo de protección de periodistas y cumpla su compromiso de garantizar que estos delitos no queden impunes”.

El caso escaló fronteras y organismos internacionales se sumaron a los llamados para que el Gobierno de México esclarezca el caso de Romero Flores pero que, sobre todo, garantice la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo. “Esperamos ver justicia para Jacinto. Los periodistas son el pilar de la democracia”, declaró la Embajada de Estados Unidos en México.

“La muerte del señor Romero Flores demuestra una vez más el preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Desde inicios del año 2021 por lo menos seis periodistas fueron asesinados en México. Expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinatos de periodistas en México”, declaró la Delegación de la Unión Europea (UE) en México.

El cura católico Helkyn Enríquez Báez, vocero de la Diócesis de Orizaba, aseveró que dicha muerte se suma a la de otros periodistas asesinados en el estado, “uno de los más peligrosos para el ejercicio de esta profesión…Nos unimos a la pena que embarga a su familia y al gremio periodístico por este violento acontecimiento. Confiamos en que las autoridades puedan aclarar y resolver este homicidio. La población y las comunidades necesitan y demandan paz y seguridad, no más violencia”.