Ya en otras colaboraciones hemos hablado de este principio filosófico que refleja lo que en la realidad sucede. Para recordarlo, pondré el ejemplo sencillo, pero claro que viene en los libros: el fuego es contrario al frío que produce el hielo, pero, aunque son extremos, tienen un punto que los une, en el que se tocan y es, justamente, el tema relacionado con la cualidad de “quemar”. Efectivamente, si alguien mete la mano al fuego, de inmediato sentirá el golpe y la retirará súbitamente; de una manera muy parecida, si tocamos un témpano de hielo, el golpe hará que de inmediato retiremos la mano, antes de quemarnos, pues, en este caso, el hielo se comporta igual que el fuego. Los extremos se tocan, son lo mismo bajo determinadas circunstancias. 

Lo mismo sucede en la política mexicana. La derecha y la izquierda se tocan en más de un punto; vamos a mostrar porqué. Efectivamente, cuando el Partido Acción Nacional (PAN) conquistó el poder en 2000, lo primero que dijo Vicente Fox es que no trataría con organizaciones, sino con ciudadanos, violando y limitando los preceptos constitucionales de asociación, de petición y de manifestación pública de las ideas, dictados en los artículos 6º , 8º y 9º, que abordaremos en la segunda parte de este escrito. Pues bien, recientemente, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo algo similar a lo que expresara Fox: que en su gobierno no se dará dineros a “intermediarios”, que habrá tarjetas personalizadas, en otras palabras, que tratará con ciudadanos, no con organizaciones; lo mismo que la derecha. Esas aseveraciones son peligrosas y tienen dedicatoria: “Antorcha mundial” (¿burlandose o ignorando el verdadero nombre de la organización más grande de México?).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó, al primer trimestre de 2018, 6.6 millones de ninis. AMLO se comprometió a otorgarles tres mil 500 pesos mensuales a partir de enero de 2019, lo que implicaría un gasto anual de 277 mil 200 millones de pesos, el doble del presupuesto para construir el Tren Maya, que se terminará en tres años. Esto significa que no va a cumplir al 100 por ciento con la promesa. Pero ¿qué quiere decir AMLO  con que no habrá intermediarios? ¿Que, si algún nini queda fuera de las listas de beneficiarios, tendrá prohibido organizarse con otros ninis que estén en las mismas circunstancias para exigirle que cumpla con sus promesas de campaña? Lo que ha declarado el Presidente electo es algo muy peligroso, pues lo caracteriza como un gobierno autoritario, dispuesto a violar la Constitución en los artículos que veremos enseguida.

Nuestra Carta Magna, en su Artículo 8º, señala que: “no se podrá coartar la libertad de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito...” y acto seguido, en su segundo párrafo dice que “no se considerara ilegal, y no podría ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar protesta sobre algún acto, contra alguna autoridad si no se profieren injurias contra ésta, amenazas...”

Tal como ha sido interpretado por los tribunales, este derecho forma parte de las reivindicaciones sociales más importante de los pueblos. Se trata de una premisa fundamental en el Estado de Derecho que permite al individuo asociarse con un organismo ya formando o crear una nueva asociación, del tipo que sea, con posibilidades de alcanzar ciertos objetivos. Desde luego, el ejercicio libre de este derecho está sujeto a los límites que la propia Constitución señala y que en este caso es que el objeto sea lícito. Tomando en consideración esto, los ciudadanos tenemos la libertad y el derecho de asociarnos para plantear al gobierno los problemas que nos aquejan y proponer soluciones a los mismos; podemos, como señala el párrafo dos del artículo 9º: reunirnos de manera pacífica para ejercer de manera colectiva el derecho de petición a las autoridades. Es violatorio de la Constitución poner obstáculos o ejercer acciones indirectas que de facto generen límites al ejercicio de los derechos de los mexicanos. Por lo tanto, las afirmaciones de AMLO son  ilegales, por cuanto vulneran la libertad de asociación, derecho tutelado por la Carta Magna.

¿Qué pasará si los jóvenes asociados en Antorcha, al verse excluidos, solicitan grupalmente su incorporación al padrón de ninis y cumplen con los requisitos, pero no son escuchados por la autoridad? ¿Tendrán prohibido acudir juntos a pedir una respuesta a su petición, manifestarse o dar a conocer su inconformidad? Si la respuesta es afirmativa, no cabe duda: estamos a las puertas de una dictadura.

Iván García Gárate, profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, escribe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que todas las personas tenemos el derecho de formar asociaciones, sin que las autoridades limiten o entorpezcan su ejercicio. El límite es la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones de la autoridad que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad. De acuerdo con la CIDH, este derecho es un medio que sirve a los integrantes de un grupo o colectividad para alcanzar determinados fines en conjunto y beneficiarse de ellos. Es necesario para la protección de sus intereses. Los casos que ha conocido respecto de este derecho es de personas que han sido agredidas por su pertenencia a una asociación, de manera que la acción de Estado se ha considerado violatoria de los derechos.

Cita Iván García “De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad de asociación y otras libertades –como las establecidas en los artículos 6º, 7º, 8º y 9º, por lo que toca al derecho de reunión–, en conjunto promueven y garantizan la diversidad ideológica necesaria en una democracia. La libre asociación juega un papel importante en materia política, porque permite al ciudadano la libertad de tomar parte, en forma pacífica, en los asuntos políticos del país; de ahí que, en diferentes disposiciones, el texto constitucional excluya al monopolio, proscriba los privilegios, prohíba la concentración de poder, condene la imposición ideológica y evite todo tipo de condicionamiento a las actividades deliberativas y participativas de los integrantes de la sociedad”. Las declaraciones de AMLO exhiben su desconocimiento de estas disposiciones.

Antorcha no recibe dinero para repartirlo entre sus agremiados, pero sí se asocia con fines lícitos para defender los intereses de los más desprotegidos de este país; y eso seguirá haciendo el Movimiento Antorchista Nacional, por el bien de los más humildes de México. No hay de otra, ante la arbitrariedad del poder, la organización y la lucha de las masas trabajadoras, la historia lo indica.