El Senado de Paraguay reanudó este viernes 6 de noviembre el juicio político contra el presidente Santiago Peña, cuya renuncia al cargo quedó sin efecto luego de que el Congreso no pudiera reunir el cuórum necesario para aceptarla. El proceso de destitución responde a las acusaciones de presunto mal desempeño de sus funciones y posibles conflictos de intereses relacionados con la intervención de Ueno Bank, entidad financiera que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus ahorros.

La crisis política comenzó a escalar el jueves, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, el libelo acusatorio contra Peña y remitió el expediente al Senado, que tiene la facultad constitucional de juzgarlo. La votación ocurrió mientras el mandatario anunciaba su renuncia mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Sin embargo, la sesión conjunta del Congreso convocada para resolver su dimisión fue levantada por falta de cuórum, luego de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto. Con ello, Peña permaneció formalmente en la Presidencia y el juicio político continuó.

Este viernes, los senadores rechazaron la solicitud de la defensa del mandatario para obtener una prórroga de 72 horas, luego de que argumentara que recibió la notificación y un expediente de aproximadamente 300 páginas apenas unas horas antes de la audiencia.

Peña anuncia que ejercerá su defensa

Ante el avance del procedimiento, Santiago Peña confirmó que comparecería para defenderse de las acusaciones y aseguró que colaborará con las instituciones encargadas de esclarecer el caso.

“Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”, manifestó.

También sostuvo que el pago de los ahorros a los afectados por la crisis bancaria no debe depender de lo que suceda con su permanencia en el cargo y pidió que se determinen las responsabilidades correspondientes para quienes hayan infringido la ley.

Acusaciones y posibles consecuencias políticas

El documento presentado por los diputados señala presuntos conflictos de intereses, manipulación de la supervisión regulatoria y concentración irregular de recursos públicos en Ueno Bank, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Uno de los señalamientos centrales es que Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenece el banco, hasta marzo de 2025, cuando vendió su participación. También se cuestiona el nombramiento de Carlos Carvallo, quien anteriormente dirigió Ueno Bank, al frente del Banco Central del Paraguay.

La Constitución paraguaya establece, en su artículo 189, que los expresidentes electos democráticamente pueden ocupar una senaduría vitalicia, salvo que hayan sido sometidos a juicio político y declarados culpables. Por ello, una eventual condena tendría consecuencias políticas para Peña, al impedirle acceder a esa condición.

En paralelo, la Fiscalía General abrió tres causas penales para investigar las denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en la institución y las actuaciones de autoridades y exautoridades. Una de las investigaciones incluye al mandatario. La apertura de estos expedientes no implica que exista una responsabilidad penal acreditada.

Ueno Bank, origen de la crisis

El Banco Central del Paraguay ordenó el 2 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

La entidad contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Además, concentraba importantes depósitos de organismos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social.

La intervención provocó la paralización de sus operaciones y dificultades para que los usuarios accedieran a sus ahorros. El Banco Central comenzó a liberar los primeros pagos de la garantía de depósitos, hasta por 10 millones de guaraníes, para los ahorradores que cumplan las condiciones establecidas.

La crisis también alcanzó a la estructura gubernamental: el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, dejó el cargo, mientras ocho directivos y exdirectivos de la entidad enfrentan acciones judiciales.

Así, el caso Ueno Bank pasó de una crisis financiera a una confrontación institucional que pone en riesgo la continuidad de Santiago Peña en la Presidencia y abre investigaciones sobre el manejo de recursos públicos y la supervisión del sistema bancario paraguayo.