El presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, por supuesto morenista, Julio César Chávez, ha desatado una violenta guerra de injurias, acusaciones infundadas y todas las formas sucias de desprestigio que se le vienen al magín, en contra del dirigente del Movimiento Antorchista en ese estado, el compañero Osvaldo Ávila Tiscareño, de la destacada dirigente Mariana Cancino y del presidente municipal de Trancoso, César Ortiz Canizales, también de filiación antorchista.

¿Cuál es la causa de la desenfrenada embestida? Los compañeros guadalupenses, encabezados por Osvaldo y Mariana, entregaron, como todos los años, su pliego de demandas al ayuntamiento de Guadalupe tan pronto como el alcalde morenista asumió el cargo el 15 de septiembre pasado. Los funcionarios municipales lo recibieron de mala manera, con gestos y comentarios agrios que eran anuncio claro de lo que se venía encima. Con todo, se hicieron cargo del documento y ofrecieron examinarlo y dar posteriormente una respuesta.

No fue así. Los antorchistas, siempre de manera mesurada y respetuosa, se apersonaron varias veces en las oficinas del munícipe en demanda de la respuesta prometida. Éste y sus funcionarios, cuando ya no pudieron seguir maniobrando con los plazos, desconocieron de plano el compromiso argumentando que, en Guadalupe, van a gobernar de acuerdo con la línea del Presidente de la República que ordena no tratar ningún asunto, de la naturaleza que sea, con organizaciones sociales, sino que atenderán solo las peticiones presentadas a título individual. Tan arbitraria como ilegal respuesta fue rechazada, naturalmente, por los antorchistas. Y éste fue el inicio de la feroz embestida de que hablamos.

Por esos días, el presidente municipal se ausentó de su cargo para atenderse, según se dijo, de algún problema de salud. Quien lo sustituyó como interino mostró menos rigidez mental y menos prepotencia en el trato, y las cosas parecieron encauzarse por una ruta de diálogo constructivo y de voluntad política para encontrar soluciones; pero antes de que se pudiera alcanzar algún acuerdo, el interinato terminó y el munícipe propietario retomó las riendas del municipio. De inmediato canceló las negociaciones, ordenó a todas las dependencias cerrar la puerta definitivamente a los antorchistas y se puso a instrumentar en detalle la campaña torpe y canallesca en contra de los antorchistas mencionados.

Este proceder abusivo, autoritario y sin fundamento legal alguno da materia para una larga serie de objeciones y críticas justificadas y para la denuncia y la protesta públicas por parte de las víctimas (que desde luego, no son solo los antorchistas). Por mi parte, sin embargo, solo quiero resaltar en esta ocasión tres de los puntos más claramente insostenibles y lesivos de las garantías ciudadanas consagradas en la ley. El primero de ellos es que, si nos atenemos estrictamente a las formulaciones verbales del Presidente de la República, el munícipe guadalupense miente cuando asegura que, al negarse a tratar cualquier asunto, de la naturaleza que sea, con organizaciones sociales, no hace más que acogerse a la línea trazada por aquél.

En realidad, si se revisan con cuidado los pronunciamientos presidenciales, se verá en seguida que se circunscriben a proscribir a las organizaciones sociales como intermediarias en el reparto de dinero que, a través de sus diversos programas de “ayuda a los pobres”, anda prometiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero nada parecido ha dicho sobre las obras y servicios que pueblos, ejidos y colonias, empobrecidos y marginados desde siempre, necesitan y demandan con urgencia para hacer menos dura su pobreza. El Presidente no se ha atrevido a declarar, hasta hoy, que no escuchará ni atenderá esas demandas, ni tampoco que deben presentarse “individualmente”, lo que sería absurdo puesto que, por su propia naturaleza, son de índole colectiva, es decir, atañen a toda o a una buena parte de la comunidad y, por tanto, es ésta la que puede y debe presentarlas y defenderlas ante la autoridad competente. Y para eso tiene que estar organizada (aunque sea temporalmente) y elegir libremente a sus voceros y representantes.

Torciéndole el brazo a la lógica y estirando el discurso presidencial más allá de su verdadero alcance, puede pensarse que su guerra contra los intermediarios “corruptos” también se aplica en este caso, es decir, en la gestión de obras y servicios para las comunidades, porque también aquí hay la posibilidad de enriquecerse con los “moches” al presupuesto respectivo. Pero para que esto sea cierto, es necesario demostrar que es falso el argumento que los antorchistas vienen esgrimiendo desde siempre, esto es, que las obras y servicios para las comunidades jamás se entregan en dinero contante y sonante a los gestores o a los solicitantes, sino que éste va a las manos de los ejecutores materiales, que siempre son funcionarios del gobierno o empresas designadas por él. Por tanto, no hay manera de acusar a nadie, salvo al Gobierno mismo, de “intermediarismo corrupto”. Por tanto, quien se niega a escuchar y a resolver las demandas populares solo porque son presentadas de manera organizada, no lucha en realidad contra la corrupción sino contra las necesidades de la gente humilde, y comete un delito al violar abiertamente las garantías constitucionales de organización y petición.

El segundo aspecto que quiero resaltar, es que la altanería y el abuso de poder del edil guadalupense no se limita a cerrarse al diálogo y a zaherir a los antorchistas cuando acuden a su oficina, sino que se ha tomado el atrevimiento de enviar a sus funcionarios a las comunidades y colonias antorchistas con el encargo de reunir a la gente y soltarle, completa, la catarata de injurias, calumnias e imputaciones gratuitas contra sus líderes, que ya tienen preparada y codificada, y terminar llamándola (léase amenazándola) a que abandone las filas de su organización o, de lo contrario, que no esperen ninguna solución a sus necesidades. Los funcionarios manejan cifras, hablan de programas y normatividad, de procedimientos administrativos y cosas por el estilo, a sabiendas de que su público desconoce estas cuestiones y no puede, por tanto, juzgar si lo que se les asegura es mentira o verdad. Tampoco se les pasa por las mientes respetar el derecho a la legítima defensa, es decir, llamar a los imputados a que respondan a las acusaciones ante el mismo público que las escucha. Se perpetra en su contra, sin más, un ataque a mansalva, con toda premeditación, alevosía y ventaja.

También aquí, el munícipe de Guadalupe comete un delito, pues usa a funcionarios pagados con dinero público para desempeñar el papel de sicofantes, calumniadores y atacantes alevosos contra los intereses legítimos de las comunidades, pervirtiendo de esa manera su verdadera función sin estar facultado para ello.

El tercer aspecto que quiero denunciar es la fabricación y difusión, en las llamadas redes sociales, de videos “anónimos” en los cuales se vomitan vergonzosas vulgaridades, leperadas e injurias personales de una factura que recuerda al mundo del hampa, a lo peor de la escoria social en una palabra, en contra de Antorcha y de los antorchistas. El “anonimato” de tales bajezas tal vez engañe a sus propios autores, pero no a los antorchistas ni a la opinión pública. Todo mundo sabe quién es el “cerebro” generador de tanto excremento, y todo mundo se pregunta si es ésa la función para la cual fue elegido el presidente morenista Julio César Chávez. Si es ése el destino legítimo del dinero que el ciudadano aporta a través de sus impuestos.

Por mi parte, acostumbrado como estoy a ser víctima reiterada de este tipo de ataques promovidos por bellacos y malandros de todo pelaje, lo único que realmente me preocupa son dos cosas: a) el destino de las justas y urgentes demandas de los antorchistas guadalupenses y zacatecanos en general; b) la seguridad personal y la vida de Osvaldo, Mariana y el presidente municipal de Trancoso. Nadie debería ignorar ni olvidar que la violencia verbal es preludio, en un gran número de casos, de la agresión física en contra de los previamente acribillados moralmente con injurias de esa clase.

Pregunto, pues: ¿qué dice al respecto el señor gobernador del estado? ¿Y el fiscal general de Zacatecas? ¿No hay ombudsman allá que pueda defender a los indefensos? Llamo a los antorchistas de todo el país a elevar su voz exigiendo solución a las demandas de los guadalupenses, marginados y agraviados por quien eligieron para servirlos; respeto al derecho de organización y petición del pueblo zacatecano y garantías para la vida de Osvaldo, Mariana y el presidente César Ortiz Canizales. Es momento de hacer realidad  aquello de: ¡Somos un solo hombre y un solo ideal! ¡Uno para todos y todos para uno! Aunque Osvaldo no sea D`Artagnan ni nosotros seamos mosqueteros.