Desde que surgió la propiedad privada, y con ésta las clases sociales, la humanidad se halla en una permanente lucha económica e ideológica para determinar quién controla la riqueza de los pueblos. Ahora un grupo de hombres, los menos, son dueños de los medios de producción y los miles de millones de mercancías que producen los trabajadores, con los que “construyen” o “desarrollan” Estados nacionales donde colocan a sus aliados (los gobernantes) para que defiendan intereses mutuos. Todo esto sucede ante los ojos de la otra clase: los explotados.

Un segundo grupo de seres humanos, los más, millones en nuestro país y varios miles de millones en el mundo, se tienen que “conformar” con lo que le dejan u ofrecen los dueños del poder económico, político e ideológico. Por ello son los gobiernos los que deciden el monto de los salarios para los obreros, campesinos y empleados de la burocracia y el sector terciario. Son ellos, los poderosos, quienes dictan las reglas y definen el campo del juego político y “democrático” de la administración pública.

La lucha entre estos dos grandes grupos sociales se ha incrementado y genera muchos atropellos e injusticias atroces contra la parte más débil; es decir, contra la que tiene muy pocos recursos para defenderse, salvo su número, que no ha sido utilizado a su favor porque, durante mucho tiempo, la clase trabajadora ha estado dormida y no logra despertar de la opresión en que sus enemigo mantienen.

Tras varios años de sometimiento impuesto por la globalización, en unos casos logrado por las “buenas” y en otros por la fuerza militar, hoy se divisa el comienzo de una nueva etapa en la que la clase social mayoritaria desempeñará un papel importantísimo y definitivo, aunque para ello deberá observar que las verdaderas transformaciones son realizadas por los pobres, los marginados, pero unidos y organizados. En nuestro caso, serán los trabajadores en alianza con la parte progresista de la sociedad, sean empresarios, catedráticos, ideólogos, comunicadores, sociólogos, científicos, economistas, historiadores, etcétera.

A principios de este año, diversas instituciones académicas y organizaciones civiles de prestigio –entre ellas la Oxfam– publicaron investigaciones en las que se afirma que la desigualdad y la distribución del ingreso en el mundo ha alcanzado niveles escandalosos al grado de que el uno por ciento más rico (dos mil 153 multimillonarios) posee más del doble de la riqueza que tienen seis mil 900 millones de personas. Amitabh Behar, director ejecutivo de la Oxfam en la India, aseguró que “la brecha entre ricos y pobres no puede eliminarse sin la adopción de políticas contra la desigualdad; pero muy pocos gobiernos se han comprometido a adoptarlas”.

En uno de sus informes, la Oxfam-India ha dicho que los gobiernos aplican impuestos extremadamente bajos a las personas y empresas más ricas y que por ello no tienen ingresos suficientes para combatir la pobreza y la desigualdad. “Los gobiernos han generado las crisis de desigualdad y ahora deben tomar medidas para resolverla. Deben asegurarse de que las empresas y personas ricas paguen su justa parte de impuestos para incrementar las inversiones en infraestructuras y servicios públicos... Los gobiernos deben construir una economía más humana que funcione para todas las personas y no únicamente para unos pocos afortunados”, sostiene Behar.

Con el arribo de Andrés Manuel López Obrador y su partido a la Presidencia de la República, los problemas de la población pobre se han incrementado y hoy tres crisis envuelven al país: de salud, económica y política, esta última desatada por el Presidente con sus acciones de persecución y linchamiento mediático contra personas u organizaciones sociales que lo critiquen o no le sean incondicionales.

La crisis generada por la pandemia del Covid-19, solo vino a agudizar la crisis económica y social y pasarán varios años para que la economía mexicana se recupere y “salga flote”. La crisis política, responsabilidad absoluta de AMLO y su partido amenaza seriamente con provocar un estallido social masivo, porque la población ya advirtió el carácter represivo y autoritario de que su gobierno.

Hoy, México sufre un gobierno que ha convertido Palacio Nacional en una carpa de circo y que utiliza el poder para engañar, divertir y manipular a los mexicanos (shows mañaneros, rifa del avión presidencial, firmas para consultas populares). Un Gobierno Federal —imitado en todo por gobiernos estatales— que recurre cada vez con mayor frecuencia al uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a su titular Santiago Nieto para reprimir económicamente (bloqueo de cuentas bancarias) y al linchamiento político-mediático contra quienes considera sus adversarios, con lo que se acerca más al uso dictatorial de la fuerza pública.

Hoy, ante los ojos de los pobres, México se despedaza, y el gobierno de AMLO y Morena violentan los derechos consagrados en la Constitución para avanzar día a día hacia una dictadura de corte fascista. Los tambores suenan fuerte y llaman a todos los mexicanos a unirse para frenar los abusos del gobierno de López Obrador. Aún hay tiempo.

Por el momento, querido lector, es todo.