Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia de prensa que el asesinato de cinco jóvenes en Celaya, Guanajuato, el pasado 3 de diciembre, habría estado relacionado con el consumo de drogas.

Lo que sucedió, según el presidente de México, fue que “los jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron (supuestamente) para adquirir droga y ahí los asesinaron”.

Agregó que se trata de una situación hipotética, toda vez que la investigación aún se encuentra abierta a fin de dar con el paradero de los responsables de dichos homicidios: “Se quedaron en Querétaro luego se fueron hacia Villagrán y en algún lugar de estos pasaron. Esto es todavía hipotético, se está investigando”.

Como si se tratara de un Déjà vu (reconocimiento de una experiencia que se hubiera vivido previamente), el jefe del ejecutivo aplicó la “vieja confiable”, al declarar que los hechos ocurridos están relacionados con eventos delictivos; tal como sucedió hace 13 años, con el entonces presidente Felipe Calderón, quien sin esperar las investigaciones correspondientes, declaró que un grupo de estudiantes asesinados en enero de 2010 eran miembros de la delincuencia organizada.

En ese entonces, sucedió como ahora, los máximos mandatarios de México criminalizaron a los estudiantes sin pruebas que comprobaran sus dichos. Fue hasta después, cuando una de las madres de las víctimas, de Marcos y José Luis Piña, increpó a Felipe Calderón para asegurarle que sus hijos eran alumnos de excelencia y no unos delincuentes.

Hoy, la historia se repite con estos cinco estudiantes, que vale la pena recordar, formaban parte de la matrícula estudiantil de la Universidad Latina de México y fueron ultimados en la colonia Primera Fracción de Crespo, donde la fiscalía de Guanajuato recolectó diversos indicios para localizar a los homicidas.