Este martes, la Fiscalía Anticorrupción del estado de Puebla recibió severas críticas, tras una omisión que cuestiona el compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción.
Lo anterior, luego de que el exconsejero jurídico y actual magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Palafox Galeana, faltara este lunes a la audiencia de sujeción a proceso programada por la denuncia penal que existe en su contra por el delito de abuso de autoridad.
Los hechos se relacionan con el caso de las detenciones ilegales de Sebastián y José, hijos de la notaria pública número 4, Norma Romero Cortés, abogada destacada en la lucha contra la corrupción y la única candidata independiente que logró acceder a las listas de candidaturas aprobadas.
Cuando Carlos Palafox y el entonces director de bienes muebles e inmuebles del Estado, Igor Emilio Ferrer, ordenaron la detención ilegal, los jóvenes presentaron una denuncia por tratos crueles, abuso de autoridad y desaparición forzada, aun así, la fiscalía enfocó el caso sólo como abuso de autoridad, omitiendo las graves acusaciones.
“La omisión de la Fiscalía en la audiencia de ayer plantea interrogantes sobre su compromiso con la erradicación de la impunidad. La falta de transparencia y rendición de cuentas en este caso pone de manifiesto la sistemática violación de la integridad de la ciudadanía poblana a través del abuso del poder y el uso excesivo de la fuerza”, indicó Romero Cortés.
Por su parte, sus hijos narraron que todo comenzó el 27 mayo de 2022, cuando por indicaciones del entonces gobernador de la entidad (hoy fallecido), Luis Miguel Barbosa, se ordenó la devolución del área conocida como Los Lavaderos de Almoloya.
Norma Alma Cortés, auxiliar de la notaria 4, acudió para dar fe en compañía de los representantes legales del entonces hotel Rosewood.
“En lo que pasaban las cosas, el entonces director de bienes muebles e inmuebles del Estado, Igor Emilio Ferrer, decidió acusarme junto con mi compañero Sebastián por el delito de grabar a un policía, hecho por el que mandaron llamar al consejero jurídico de gobierno y ambos ordenaron nuestra detención”.
En este acompañamiento, el abogado Gerardo Azuara, lamentó los hechos por lo que solicitó justicia.
“Es el primer estado de la república en el que un Ministerio Público abandona a sus víctimas y que deja impunes los posibles hechos de tortura; como abogado considero que la labor del derecho es hacer frente permanente a los atentados contra los derechos humanos, comenzando por la lucha frontal contra la tortura y la revictimización judicial”, señaló Azuara
El caso ha puesto en duda la eficacia y la imparcialidad de la Fiscalía Anticorrupción en Puebla, lo que subraya la importancia de la lucha contra la corrupción y la necesidad de un sistema de justicia transparente y efectivo en el estado.