El PRI en el Congreso local propuso que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social capitalina coordine las acciones para que discapacitados y sus cuidadores reciban apoyos en materia de salud física y mental, educación y nutrición.
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mónica Fernández, presentó y promovió una Iniciativa que busca modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la capital, para que este sector de la población mejore su calidad de vida.
Se trata de que las personas con discapacidad cuenten con los cuidados necesarios para que su calidad de vida sea óptima mediante la implementación de un programa integral que los dote con cuidados físicos, mentales, alimenticios, terapéuticos, médicos.
Además, se busca garantizar su derecho a la educación de calidad, adaptada a las necesidades necesarias, "propiciar que las personas cuidadoras, que en mayor porcentaje son mujeres, puedan, por ejemplo, seguir con sus estudios o insertarse en la vida laboral, logrando con ello, la realización personal”, añadió.
Para reforzar su propuesta, la representante popular citó datos del Censo 2020, que sostiene que en la Ciudad de México un millón 703 mil 827 personas tienen discapacidad, es decir, 18.5% de la población total capitalina. De este universo, 44.38% son hombres y 55.61% mujeres.
Las alcaldías donde se encuentran los índices más elevados de las personas con discapacidad son Iztacalco, La Magdalena Contreras, Azcapotzalco y Venustiano Carranza.
Las Iniciativa pretende además que se asiente en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la capital, que corresponderá a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social coordinar trabajos conjuntos con las instancias correspondientes para diseñar, elaborar e implementar mecanismos y políticas públicas en materia de salud física y mental, así como educación y nutrición, aplicables para que las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras mejoren su calidad de vida y su entorno.
De la misma manera, la dependencia deberá formalizar convenios y otros instrumentos en materia de salud física y mental, así como educación y nutrición enfocados con empresas públicas y privadas para que las personas con discapacidad y sus personas cuidadoras mejoren su calidad de vida y su entorno.
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local.