Una de estas empresas, Prometeo Proyectos Ejecutivos S. A. de C. V. (PPE), fue favorita del exgobernador de Chihuahua César Duarte, acusado por peculado, fraude y lavado de dinero; y otra, Abastos y Distribuciones Institucionales S. A. de C. V. (Abadi), fue denunciada por entregar alimentos en mal estado en Jalisco y Veracruz.
Alejandro Murat Hinojosa, quien gobernó en el periodo 2016-2022, otorgó contratos a Prometeo y a Abadi –según consta en los registros de la Secretaría de Administración Estatal (SAE) y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)– a pesar de los llamados de la sociedad civil y algunos diputados del Congreso de Oaxaca para que revirara esa decisión.
Alejandro Murat
En 2023, la administración estatal cambió, pero no la situación, porque Salomón Jara Cruz, el actual gobernador de Oaxaca, si bien no contrató con una de las dos empresas citadas, lo hizo con la Comercializadora Doncacahuato, S. de R.L. de C.V, que está ligada con la compañía PPE o Prometeo.
Este año, Jara Cruz firmó con Doncacahuato un contrato por 788 millones 331 mil 704.05 pesos para que proveyera de alimentos al Programa de Asistencia Alimentaria en las ocho regiones de Oaxaca, pese a que en 2018 esa empresa fue acusada por entregar leche agria en Veracruz y por simular licitaciones públicas en varias entidades de la República.
Medios de comunicación, entre ellos La Silla Rota, denunciaron que durante la administración del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, Doncacahuato, acompañado por Prometeo, “siempre resultaba ganador” de las licitaciones públicas.
Doncacahuato fue también la empresa favorita de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, quien le otorgó cuatro contratos por 600 mdp; y en la misma línea sigue la actual gobernadora de esa entidad, Marina del Pilar Ávila Olmedo.
Medios locales y nacionales han difundido que en el periodo gubernamental del controvertido Bonilla Valdez, Doncacahuato incrementó precios de desayunos escolares y despensas alimentarias en Baja California. La misma acusación le han hecho a esta empresa en otras entidades federativas.
Actualmente se desconoce en qué términos suscribió el contrato con Doncacahuato la mandataria Ávila Olmedo, porque éste aún no está disponible en la PNT y sólo se encuentran las bases de la licitación LPN-SA-SD-0006-05-2023.
La desnutrición provoca la muerte de al menos dos personas al día; en 11 años, de 2010 a 2021, murieron ocho mil 70 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); en 2021 causó la de 736 personas; lo que la situó como la décima causa de muerte en todas las edades, y en la décimo primera entre niños de uno a cuatro años
“Los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, tienen derecho a la vida sana, a la integridad física y emocional, a la identidad, a la protección integral, a una vida libre de violencia, a la salud, a la alimentación…”, dicta la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Oaxaca.
La información estadística del Inegi revela que, en 2021, murieron 644 adultos mayores de 65 años y más debido a la desnutrición; que este grupo social es el más afectado por esta causa en Oaxaca, y que es la octava causa de muerte en estas edades. Además, la Dirección General de Población Estatal (DGPE) revela que la entidad ocupa el noveno lugar con mayor población de 65 años y más a nivel nacional.
La cuchara grande de Murat
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Oaxaca gastó tres mil 694 millones 146.8 pesos en el Programa de Asistencia Alimentaria para las ocho regiones del estado entre 2017 y 2022, periodo durante el cual los principales beneficiarios fueron los dueños de las dos empresas denunciadas como corruptas, quienes distribuyeron alimentos en mal estado.
La Secretaría de Administración del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, mediante una supuesta licitación pública contrató, en 2020, a la empresa Abadi por un monto de 630 millones 532 mil 145.15 pesos, a pesar de su conocida relación financiera con el Corporativo Kosmos, cuyos productos alimenticios intoxicaron a 683 reos en 2014.
Pero el mandatario desestimó las investigaciones periodísticas y un llamado del Congreso del Estado de Oaxaca que denuncia esta liga; en 2021, el DIF de Oaxaca contrató nuevamente a Abadi, esta vez con un contrato por 624 millones 775 mil 771.4 pesos; y en 2022 también lo hizo, pero con un contrato por 712 millones 877 mil 633.4 pesos y mediante la firma de la Secretaría de Administración.
El 25 de mayo del 2020, antes de que se difundiera la notificación del fallo para la contratación de la empresa Abadi, en el Congreso del Estado se propuso un punto de acuerdo para exhortar al Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que vigilara la licitación.
“De igual forma, se exhorta a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, que investiguen y analicen la situación legal y fiscal de la empresa registrada en la licitación LPN-SA-SD-0007-04/2020 al momento de emitir el fallo correspondiente”, asevera el documento oficial.
Un reportaje con el encabezado El Cártel de la Comida, difundido por Vice México y Quinto Elemento Lab, documentó que en el penal de Puente Grande, de Jalisco, los reos enfermaron de salmonelosis a causa de una bacteria que viaja en heces de animales y humanos. Más tarde, el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Jalisco reportó que “la probable fuente de infección fue el ceviche de soya” que les sirvieron ese día.
La revelación periodística incluye información de las actividades de tal empresa nacional: “Según los 704 contratos a los que tuvo acceso este equipo de investigación, en 2002 este proveedor tenía negocios con el gobierno por al menos seis mdp. En 2009, por 343 mdp. Para 2018 tenía contratos por más de cinco mil mdp”.
En 2017, según el DIF, este programa benefició a 301 mil 316 oaxaqueños en 529 municipios, que estuvieron en riesgo de contraer alguna infección estomacal porque la empresa contratada, PPE o Prometeo, fue denunciada un año después (2018) por proveer leche agria en Veracruz.
Además, esta compañía fue la única en participar en la licitación pública; y de acuerdo con datos de la PNT, la Secretaría de Administración de Oaxaca la contrató por un monto de 559 millones 565 mil 437.5 pesos a petición del DIF, cuya titular era la esposa del exgobernador, Ivette Morán.
El portal de noticias La Silla Rota documentó, en un amplio reportaje, que durante la administración de Yunes Linares, el DIF de Veracruz compró a PPE leche caducada que debió ser retirada con urgencia de todas las escuelas de las comunidades de Zongolica para evitar una infección masiva de niños y adolescentes.
Oaxaca, sumido en la pobreza
En Oaxaca, de 2015 a 2020, el porcentaje de la población en pobreza por carencias sociales disminuyó lentamente con respecto a los 15 años anteriores; pero en otras carencias, como fue la del acceso a los servicios de salud, se incrementó. Este periodo coincide con la administración estatal del exgobernador Murat Hinojosa.
Esta información conforma el análisis Treinta años de evolución de las carencias sociales a partir de instrumentos censales y la Encuesta Intercensal 1990-2020, editado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El porcentaje de la población con carencia en acceso a los servicios de salud en Oaxaca creció en nueve puntos al pasar de 17 por ciento de la población en 2015 a 26.6 por ciento en 2020. En el año 2000, el 77.1 por ciento de la población oaxaqueña carecía de acceso a los servicios de salud; y en 2010, el 44.5 por ciento.
Jaime Bonilla
Otro de los rubros en el que el exgobernador faltó a su compromiso con los oaxaqueños es el del acceso al agua entubada, ya que el 10.3 por ciento de la población no cuenta con este servicio; mientras que en 2015 el porcentaje era de 13.1 por ciento y en 2010 de 29.4.
En 2015 el rezago educativo de la población de Oaxaca era del 28.5 por ciento; en 2020 fue de 26.3 por ciento, una disminución mínima considerando que del año 2000 al 2010 la disminución fue de tres puntos porcentuales, ya que pasó de 33.1 por ciento a 29.9 por ciento.
Lo mismo sucede con el porcentaje de la población en viviendas con carencia por material de pisos, pues durante la administración de Murat Hinojosa descendió sólo 0.9 puntos porcentuales, al pasar del 13.4 por ciento alcanzado en 2015 a 12.5 en 2020; mientras que en 2010, el porcentaje de la población afectada por esta carencia era de 18.1 por ciento.
Según datos del Coneval, Murat Hinojosa mostró un avance con respecto a sus antecesores, al disminuir el porcentaje de viviendas con carencia por material de muros: mientras que en 2015 era del 7.2 y en 2010 del 7.7 por ciento, en 2020 fue de 5.7 por ciento.
Los oaxaqueños que no cuentan con electricidad en sus viviendas son el 1.8 por ciento; el 21.6 por ciento no cuenta con drenaje y el 14.5 por ciento vive en hacinamiento, según el organismo.
Jara Cruz va con todo
Las irregularidades que a la fecha se han detectado en la administración de Jara Cruz no se limitan a las que existen en el Programa de Asistencia Alimentaria por obra y cuenta de la empresa Doncacahuato, sino que se extienden a los servicios de salud.
El 25 de agosto de 2022, el Diario Oficial de la Federación (DOF) emitió una circular en el que se informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó una sanción administrativa a la empresa Centrum Promotora Internacional S.A. de C.V. inhabilitándola por siete años para participar en cualquier contrato de servicios con las instituciones oficiales de los tres niveles de gobierno.
“CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.”, aclara el texto publicado por el DOF el 25 de agosto de 2022.
Salomón Jara Cruz
Sin embargo, menos de un año después, en junio de 2023, el gobierno de Salomón Jara Cruz otorgó un contrato por 50 millones 522 mil 423.53 pesos a la empresa Disimed, S.A de C.V. con Centrum Promotora Internacional, S.A de C.V. y Medicash, Sapi de C.V. por concepto de LOTE II.- Unidades médicas (recetas médicas), según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En 2016, Centrum fue incluida en lo que el periodista Roberto Rock denominó el Cártel de la Sangre, figura con la que se hace alusión a las empresas investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) debido a que se organizaron y repartieron contratos de servicios sanitarios.
Hasta ahora, el contrato del gobierno de Oaxaca con la empresa Centrum, aún disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia; Jara Cruz no lleva siquiera un año en el cargo, pero parece empeñado en incurrir en las mismas prácticas nefastas de su antecesor.
En un estado como Oaxaca, donde, según el Coneval, dos millones 569 mil de los cuatro millones 132 mil habitantes viven en pobreza, y de los cuales 860 mil viven en pobreza extrema, resulta profundamente desalentador que las autoridades no se preocupen por brindar una asistencia alimentaria bien provista y sana.
Es importante resaltar que los 788 mdp del contrato firmado con Doncacahuato para el Programa de Asistencia Alimentaria en Oaxaca sólo beneficia a 289 mil 57 personas de 526 municipios de la entidad, es decir, apenas el 10 por ciento de los oaxaqueños que viven en pobreza, como lo reconoció el propio Jara Cruz.
Con estas actitudes, las autoridades no sólo muestran su ineptitud y sus malas prácticas, sino además una terrible insensibilidad humana para combatir la pobreza y el hambre en un estado en el que dos personas mueren todos los días por desnutrición, cifra de mortalidad equiparable a la de los homicidios.
Murat Hinojosa y Jara Cruz, uno priista y otro morenista “están cortados por la misma tijera” de la ineptitud, corrupción e insensibilidad; a ninguno de los dos le importa que los oaxaqueños padezcan hambre y miseria.
