Diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) impulsan una iniciativa de Reforma a la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal, en los artículos 1, 6, 7 y 8. El objetivo es evitar abusos, contradicciones y politización de los casos.

Carlos Joaquín Fernández Tinoco, diputado local e integrante de la bancada naranja, manifestó la necesidad de dotar de autonomía al organismo, al ser objeto de contradicciones e inconsistencias en sus decisiones, lo que afectó, por ejemplo, a predios como el ubicado en la Unidad Habitacional Pantaco de la alcaldía Azcapotzalco.

En tal caso el dictamen inicial fue por riesgo de colapso y que posteriormente cambió a falta de mantenimiento, lo que lo marginó del censo de Reconstrucción por el Sismo de 2017.

“En un primer dictamen, en ese año, determina el riesgo de colapso y pide a la Comisión para la Reconstrucción que sea atendido en ese temor; en noviembre de 2018, cambia a que el predio tuvo problemas de mantenimiento y, posteriormente, vuelven a modificar el dictamen. Hoy, la comisionada Jabnely Maldonado se ampara sobre el segundo documento y margina a las vecinas y vecinos de tener una vivienda digna y darles la atención que merecen”, señaló.

Ante este ejemplo, argumentó Fernández Tinoco, es necesaria una restructuración del Instituto, que actualmente es organismo desconcentrado y la designación de su titular depende de la jefatura de gobierno local.

“Encontramos un presumible uso político, porque este instituto emitió y emite dictámenes con ciertos criterios, que afectan la seguridad de los habitantes de la ciudad, con falta de claridad”, enfatizó en tribunal en la presentación y promoción de la iniciativa.

Además de solicitar la autonomía del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, la propuesta contempla su modificación para que su titular sea elegido por la mayoría calificada del Congreso, previa convocatoria abierta, con la participación de la sociedad civil, académicos y especialistas, así como la creación de una comisión de evaluación de los perfiles.

De igual manera, se pretende que el organismo cuente con un Consejo Consultivo y no un Consejo Directivo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como atribuciones en materia de seguridad.

“Lo que vimos es que estás irregularidades afectaron a cientos de familias… por lo que el día de hoy se carece de un censo preciso y continúan miles de familias afectadas por una decisión administrativa, de quienes deberían ser los garantes de su seguridad”, culminó.