Foto: UNAM

Senadores y diputados impulsan medidas más severas contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado; a través de dos iniciativas buscan frenar esta práctica con penas que alcanzan hasta los 45 años de cárcel.

El diputado Pablo Angulo Briseño, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una propuesta que reforma tres leyes: la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal y la Federal contra la Delincuencia Organizada; plantea una pena máxima de 45 años de prisión para quien reclute a menores de edad con fines criminales.

La iniciativa también contempla multas superiores a los 113 millones de pesos. Las sanciones podrían aumentar si el delito incluye violencia, amenazas, intervención de servidores públicos o militantes de partidos o si las víctimas reciben drogas o armas.

Además, Angulo Briseño señaló que las organizaciones criminales usan métodos crueles para controlar a menores y que el país requiere penas ejemplares y medidas para restituir derechos.

Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó otra iniciativa; a través de la cual propone una pena de hasta 30 años de prisión y planteó duplicarlas si existen agravantes; además, denunció la falta de acciones legales contundentes ante este delito que afecta a diversas regiones del país.

Ambas propuestas reconocen el reclutamiento forzado como una forma grave de explotación infantil. Plantean la necesidad de crear un marco legal más estricto para frenar su expansión y reducir la impunidad, coincidieron los legisladores.