Dos temas de extraordinario interés ocupan el centro de nuestro Reporte Especial, esta semana: la presión del gobierno estadounidense al mexicano para que “comparta” los datos personales de todos los mexicanos o datos biométricos, es decir, la información sobre los mexicanos; no dicen entregar, sino “compartir” y sólo acceder a la información que está bajo control del Estado mexicano. El segundo tema se refiere a la veloz aprobación de 16 leyes realizada a principios del presente mes en el Congreso de la Unión y que, según la opinión de especialistas, algunas de ellas atentan contra los derechos, la privacidad, seguridad, y libertad de los ciudadanos.
Ambos temas están relacionados con dos acontecimientos: el primero con las declaraciones de una funcionaria del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) y el segundo con la aprobación por los legisladores mexicanos (de Morena, PVEM y PT, principalmente), de l6 complejas leyes en menos de dos semanas. El lector podrá concluir qué tan ligados están ambos acontecimientos; lo cierto es que los dos temas entraron a la orden del día, o a la coyuntura, como dicen los reporteros.
Acerca de la presión estadounidense (mejor, del gobierno de Trump) que la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. declaró públicamente en su país que había entregado a la Presidenta de México una lista de cosas que a Trump le encantaría ver realizadas y le había pedido, además, que compartiera la información personal que mencionamos arriba. La funcionaria gringa no explica en qué puede ayudar tal información a la seguridad estadounidense, pero analistas afirman que eso pondría en peligro la seguridad de los mexicanos. Esas declaraciones parecen indicar que el gobierno estadounidense considera que México es una estrella más en su bandera. Es algo tranquilizante el mentís que la Presidenta de México dio a las declaraciones de la funcionaria de Trump, ya que negó haber llegado a algún acuerdo sobre este punto; sin embargo, la funcionaria se declara satisfecha de la actitud favorable de la doctora Sheinbaum.
Sobre el segundo tema, organizaciones civiles y destacados investigadores afirman que algunas de las leyes aprobadas por el Congreso representan un alto riesgo para la población mexicana y una extralimitación de las facultades del Estado en el manejo de los datos personales hasta llegar al atropello de los derechos y la libertad de los ciudadanos. Es un hecho bien conocido que el Estado mexicano tiene el control de muchos datos de cada habitante del país y facultades para vigilar y actuar aun en contra de la voluntad ciudadana; sobran ejemplos de estos hechos; desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando era candidato presidencial se habló mucho del “espionaje de Estado” y prometió su erradicación.
Las leyes aprobadas de hace unos días coinciden en el tiempo con los deseos de Trump comunicados por su Secretaria de Seguridad, sobre conseguir los datos personales de los mexicanos. Si el gobierno mexicano le proporciona tal información, Trump ya no tendrá que solicitarla a sus propios servicios de “inteligencia” y espionaje.
El primer paso está dado, el Estado mexicano tiene en sus manos la información; el segundo fue la aprobación de leyes que llevan al extremo la intromisión del gobierno en la vida privada de los ciudadanos. Esperemos que no se dé el paso final de satisfacer los deseos de Trump.