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El Estado mexicano debe proteger a las madres buscadoras; asimismo, es necesario que integren su labor en mecanismos oficiales de defensa de derechos humanos, ya que la falta de garantías las expone a la violencia, por lo que debe haber medidas específicas, investigación de abusos y protocolos de protección, urgió el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Durante la presentación de su informe periódico en Ginebra, el CEDAW advirtió que, entre 2010 y 2024, fueron asesinadas al menos 22 mujeres buscadoras en México; además, consideró que el país no reconoce su labor como una actividad de alto riesgo, ni garantiza su seguridad en operativos de búsqueda, traslados a zonas peligrosas o visitas a hospitales y morgues.
El Comité recomendó incorporar a las mujeres en el Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. También solicitó protocolos colectivos de protección con enfoque de género y castigo a agresores, tanto agentes estatales como grupos criminales.
Asimismo, urgió al gobierno a mejorar la atención a mujeres migrantes, ya que en su mayoría enfrentan violencia de género, discriminación múltiple y condiciones precarias, especialmente si son indígenas, afrodescendientes o forman parte de la diversidad sexogenérica.
Por último, el Comité reconoció avances como la elevación del Instituto Nacional de las Mujeres a rango de secretaría, pero, señaló que persiste una deuda estructural con las víctimas.