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“El Estado mexicano debe colaborar con el mecanismo iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada y comprometerse a reconocer los hallazgos… Así como tomar en cuenta los insumos y las recomendaciones para atender la grave crisis de desapariciones”, afirmó el nuevo informe de Amnistía Internacional, publicado el día de hoy, martes 8 de julio.
La organización documentó más de 128 mil personas desaparecidas en México y denunció que autoridades federales y estatales niegan la existencia de una crisis nacional. La investigación incluye testimonios y cuestionarios de 600 mujeres buscadoras, quienes han asumido esa labor en un contexto de inseguridad, violencia y abandono institucional.
Asimismo, el documento registró el asesinato de por lo menos 30 familiares de personas desaparecidas, del 2011 al 2025, entre ellas 16 mujeres. Las muertes ocurrieron tras denuncias públicas, hallazgos de fosas o la identificación de responsables.
Entre las entidades que concentran el mayor número de desapariciones se encuentran: Jalisco, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.
Amnistía Internacional concluyó que las mujeres buscadoras enfrentan amenazas, estigmatización, desplazamiento forzado, depresión, deterioro físico y pérdida de recursos. También señala negligencia por parte de las fiscalías, como la negativa a recibir denuncias de inmediato o la entrega de documentos sin explicación de derechos.