La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió esta semana el informe sobre renuncias recaudatorias, también conocidas como gastos fiscales, en el que reveló que el Gobierno Federal dejará de percibir un billón 579 mil 748 millones de pesos, equivalentes al 4.39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Este cálculo se presenta anualmente para dar cuenta de la cantidad de dinero que deja de recaudar el fisco mexicano por distintos mecanismos como exenciones, deducciones, tasas cero o estímulos fiscales.

En este sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el monto reportado representa casi el 30 por ciento de la recaudación tributaria estimada para este año en la Ley Federal de Ingresos, que asciende a 5.3 billones de pesos.

Asimismo, indicó que los datos de Hacienda muestran en qué impuestos se concentra el mayor costo fiscal y dónde ha crecido más con respecto al año pasado. Por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta que pagan las personas físicas (ISRPF) pasó de representar 0.93 por ciento del PIB en 2024 a 1.07 por ciento en 2025. Este aumento está ligado al costo de las deducciones personales, regímenes especiales o exenciones que aplican a asalariados y profesionales.

El CIEP detalló que, en el caso del ISR de empresas (ISRE), el incremento fue de 0.02 puntos del PIB, para ubicarse en 0.42 por ciento. También subieron, aunque en menor medida, las renuncias asociadas al IEPS y a los estímulos fiscales, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se mantuvo estable.

Asimismo, apuntó que sólo por concepto de tasa cero del IVA —que aplica a alimentos, medicinas y otros bienes— el Estado dejará de recaudar 563 mil 419 millones de pesos. En total, las renuncias por este impuesto suman 653 mil 759 millones de pesos, equivalentes al 1.82 por ciento del PIB. Hacienda anticipa que esta cifra se mantendrá en 2026.

Por ello, el Centro señaló que “las renuncias recaudatorias no son neutras, sino que benefician más a ciertos grupos sociales o sectores productivos”, por lo que “entender su composición es esencial para avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo, justo y equitativo”.

Finalmente, instó a “incorporar métodos de monitoreo para evaluar el cumplimiento de los objetivos para los que se crearon, así como contrastar con las necesidades del gasto, para priorizar la asignación de recursos con base en los objetivos nacionales”.