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El uso de tecnologías de reconocimiento facial en México se extiende sin regulación ni transparencia, alertó la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en su informe "No nos vean la cara". Señala que esta vigilancia vulnera derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.
R3D documentó el despliegue de estos sistemas durante más de cuatro años. El informe denuncia que las autoridades los instalaron en calles, plazas y edificios públicos sin consentimiento expreso, como exige la ley para el uso de datos biométricos.
El estudio advierte que esta tecnología genera falsos positivos y errores frecuentes, sobre todo en mujeres, personas de piel oscura y adultos mayores. Datos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. muestran entre 10 y 100 veces más fallos con rostros afroamericanos o asiáticos, en comparación con caucásicos.
R3D acusa que el reconocimiento facial amplía desigualdades y convierte a toda la población en potencial sospechosa. También critica la narrativa tecnosolucionista que impulsa su uso sin evaluar consecuencias.
En México, sistemas como el de la Central de Abastos de CDMX (50 cámaras), el de Coahuila (300) y el de Aguascalientes (20) operan sin evaluación independiente ni discusión pública.
Empresas como Telmex, Hanwa, Micofocus, Dahua, Hikvision e Integra Technologies figuran entre las proveedoras.
R3D propone una moratoria al uso de esta tecnología en espacios públicos, auditorías externas, límites claros en el tratamiento de datos biométricos y mayor transparencia en contratos gubernamentales.