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El día de mañana, martes 17 de junio, entrará en vigor la Ley Silla, reforma que se hizo en la legislación laboral en México y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de diciembre de 2024.

Esta normativa obliga a las empresas a proporcionar sillas con respaldo, en cantidad suficiente y con funcionalidad adecuada, para permitir que los trabajadores se sienten durante los momentos en que no resulta necesario mantenerse de pie, así como durante sus descansos.

La Ley Silla abarca oficinas, espacios de atención al público y sectores como comercio, tiendas departamentales, supermercados y servicios. Incluye actividades de atención al cliente, trabajo en cajas, recepción, vigilancia, seguridad, limpieza y gastronomía, entre otras. También cubre labores realizadas por cocineros, meseros, panaderos y taquilleros.

Entre sus beneficios, la Ley Silla reduce riesgos de enfermedades y molestias físicas frecuentes entre trabajadores que permanecen de pie durante jornadas extensas. Algunos de estos padecimientos son várices, dolor de espalda, fatiga muscular y desgaste articular.

Las empresas o propietarios que no respeten esta obligación enfrentarán sanciones. Las multas van de 250 a dos mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con montos entre 28 mil y más de 280 mil pesos, según la gravedad de la infracción y la reincidencia. En situaciones extremas, la autoridad puede ordenar la suspensión temporal de actividades en los centros de trabajo.

Las empresas cuentan con un plazo de 180 días naturales para ajustar sus reglamentos internos y acatar la nueva normativa. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe emitir nuevas normas oficiales sobre riesgos posturales y condiciones ergonómicas mínimas en un máximo de 30 días.

La reforma modifica los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Desde ahora, los empleadores tienen la obligación de permitir que sus trabajadores se sienten y de proporcionarles el mobiliario adecuado. Esta responsabilidad también implica adaptar los reglamentos internos, con un plazo de cumplimiento de 180 días naturales.

La disposición se extiende tanto a oficinas como a espacios de atención al público. Los beneficios alcanzan a empleados de sectores como comercio, vigilancia, limpieza, gastronomía y servicios en general.